“La verdad no tiene remedio”

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La lucha por la condena jurídica y social de la represión en los años 70

Este viernes se inaugurarán en Paraná las oficinas del Registro Único de la Verdad. Se trata de una dependencia a cargo de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia que se creó con el fin de recabar y aportar datos sobre el terrorismo de Estado en Entre Ríos sólo hasta diciembre de 1983. Según se adelantó, participaran del acto funcionarios y representantes de los organismos de derechos humanos. En diálogo con ANALISIS, el coordinador de este organismo, Guillermo Germano, habló sobre la tarea de esta nueva entidad, la política oficial sobre derechos humanos, la marcha de las causas que se tramitan en el Juzgado Federal de Paraná, la indefinida condena a los responsables del genocidio económico, las paradojas de reclamar desde el Estado y las contradicciones que aún persisten en la sociedad que dificultan conocer todo lo que realmente pasó en la última dictadura militar.

Silvio Méndez

Nada más alejado a un museo, donde todo yace estático para su exhibición desentendida, donde uno no resulta involucrado. Tampoco un archivo, donde se resguardan documentos de lo que ya pasó, lo que ya es historia. La idea parece ser distinta, la de un registro sobre lo que sucedió, lo que acontece y aún continua sucediendo. A pesar de los años, a pesar de las memorias interesadas, a pesar de los tiempos burocráticos arbitrarios o la paradoja que admite a antiguos personajes junto a pragmáticos conversos de traje nuevo apliquen las mismas políticas por las cuales desde el Estado se mató a tanta gente en los 70.
Mañana viernes, en Buenos Aires 393 de la ciudad de Paraná, abrirá sus puertas oficialmente el Registro Único de la Verdad. Este organismo creado por el gobierno provincial estará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y tendrá como objeto centralizar y “sistematizar la información y el acceso a la misma de los antecedentes y documentación referidos a los actos de terrorismo de Estado sufridos por ciudadanos entrerrianos o perpetrados en territorio provincial hasta el 10 de diciembre de 1983”, se informó. Se trata de un iniciativa que marca con decisión el rumbo de la política oficial sobre derechos humanos tanto en la provincia como en la nación, aunque sólo llegue a los hechos de represión que sucedieron hasta principios de los 80. Los abusos de poder de los distintos gobiernos en democracia y la continuidad de las estructuras represivas del Estado son, incluso, un debate pendiente entre los organismos de derechos humanos.

El acto de inauguración de esta nueva dependencia está previsto para las 11, y se detalló que confirmaron su presencia Tati Almeida, por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Alba Rosa Lanzillotto, secretaria de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Nadia Schujman y Laura Cámpora por Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Buenos Aires, Rosario y Chaco; Juan Carlos Dante Gullo, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Buenos Aires; representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); el secretario de Justicia, José Carlos Halle; el gobernador Jorge Busti y Carlos Lafforgue, presidente del Archivo Nacional de la Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Una lucha por la historia

Terminando los últimos detalles en las nuevas oficinas, sobre la planta alta de la esquina de Buenos Aires y Rivadavia en Paraná, Guillermo Germano, coordinador del Registro Único de la Verdad provincial, habló con ANALISIS. El responsable del organismo detalló las tareas que se llevan adelante y expresó lo que representa la creación de este espacio en la lucha de familiares de detenidos desaparecidos y militantes por los derechos humanos.

-¿Cómo nace el Registro Único de la Verdad?
-Nace como una reivindicación histórica de los organismos de derechos humanos. Un replanteo a partir de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Además, en el caso de Paraná, de la nulidad de los indultos. El replanteo es en relación con el Estado en función de la búsqueda de la verdad, de lo que pasó con los desaparecidos. Dentro de esta tendencia de fortalecer las políticas de derechos humanos dentro del Estado, con la aparición de (el Presidente Néstor) Kichner que la instaló y le dio mucho vuelo. Aquí, desde la Legislatura y tras un largo tiempo de lucha, llegamos a esta instancia. Es la hora de ir encontrando certezas.

-¿Cuál es el fin del Registro?
-El fin es concentrar, sistematizar y garantizar el acceso a la información, antecedentes y documentación referentes al accionar del terrorismo de Estado en Entre Ríos hasta el 10 de diciembre de 1983. Por un lado se coordina en el método con el Archivo Nacional de la Memoria. Antes, se ha estado trabajando en la denuncia sobre la existencia de los restos de lo que posiblemente fuera un centro clandestino de detención en Pascual Uva y Lebensohn (de la ciudad de Paraná). Como familiares y desde el Estado nos presentamos como querellantes junto con sobrevivientes. Ahí la Justicia llamó al Equipo de Antropología Forence para realizar sus tareas y, mediante una relación que ya teníamos, financiamos la actividad a partir de un pago de 25.000 pesos para un trabajo en una primera etapa de cuatro meses, para ver lo que se encuentra. El inicio del trabajo está a la espera de la orden judicial. Estamos ansiosos; ya se le ha tomado juramento al antropólogo, pero se trata de cuestiones jurídicas que uno no maneja. Otro tema en lo jurídico es el planteo de una estrategia regional con organismos oficiales y de derechos humanos, para coordinar y tener políticas conjuntas e intercambio de información a partir que en 2003 caen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con Santa Fe, Rosario, Corrientes y Nación. Nuestra provincia es la única que ha copiado el sistema nacional.

-¿Cómo es el trabajo con la información?
-Estamos tratando de dar con el método adecuado. La jurisdicción que tenemos es sobre la Policía, los entes descentralizados, los municipios -sus cementerios-, y se pide al Poder Judicial y al Legislativo que hagan su aporte si lo tienen. Todos los datos a los que se accedan pueden llegar a formar parte de aportes de la querella a las causas que se tramitan en Paraná.

-¿La búsqueda de la verdad histórica va más allá de la condena penal?
-Obviamente. Se busca la condena penal, pero ésta es una lucha profundamente ideológica, ésta es una lucha por la historia. Lo que se está debatiendo acá es cómo se la cuenta. Hoy es la historia oficial, la famosa que supieron transmitir los militares en su momento, o es la verdad, la historia que se está escribiendo. No es cualquier cosa, no es simplemente por la condena social o jurídica.

Responsables

-¿Cómo son los nuevos casos, de gente que se entera ahora que tiene un familiar desaparecido?
-Lo que pasa es que han desaparecido familias enteras. El miedo ha hecho mucha mella también. Hijos únicos que los padres han muerto a temprana edad, gente del interior que no se sabe fehacientemente que terminaron desaparecidos o muertos y familiares que desconocían todo. Pero esto tiene que ver con el encubrimiento y la impunidad que hoy persiste y todavía sigue enquistada en determinados sectores de la sociedad. Es inconcebible que el Estado haya secuestrado 30.000 personas y estemos trabajando sobre un número poco determinado de casos. Es lo que se quiere romper: la lógica del “por algo será”, de que “no hay que revolver el pasado”. ¡Qué revolver el pasado si el secuestro y la desaparición es un crimen imprescriptible!

-¿Hay pretensión por la condena social en relación con los responsables de la política económica de la dictadura?
-Es una excelente pregunta. Yo creo que la dictadura militar se instaló y hubo que matar lo que se mató, hubo de secuestrar y torturar para imponer un proyecto económico que tenía que ver con la reconversión del sistema capitalista a nivel mundial. Plan de Martínez de Hoz que continúa hasta nuestros días, el plan económico del neoliberalismo comienza a practicarse ahí, con el desguace del Estado, la venta de las empresas del Estado. Creo que los principales (responsables) y, obviamente, Martínez de Hoz, deberían estar presos.

-Porque en Entre Ríos hubo responsables políticos, en lugares de poder, que implementaron medidas que respondían a la dictadura.
-Sí, pero el comando operacional era de las Fuerzas Armadas. Seguro que hay una responsabilidad política y económica, pero el sistema jurídico argentino no hace este análisis que hacemos nosotros.

-Y más allá de lo judicial, ¿qué se puede hacer?
-Romper con la impunidad, aprender, conocer. ¿Qué genera la verdad? Fundamentalmente incomoda a algunos sectores. Y tiene que incomodar, porque, como diría Serrat, la verdad no tiene remedio. Porque si no se genera desmemoria e ignorancia. Porque los pueblos que no se acuerdan del pasado están condenados a repetirlos, y esto no es un cliché, es casi una sentencia. Si nosotros no trazamos los marcos legales en los cuales queremos vivir, estamos muy mal. Sobre lo que vos decís, yo sé que fue para instalar un proyecto económico, que hay responsables y son las multinacionales y, fundamentalmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre todo con su política para el Cono Sur. Ellos generaron el clima para las dictaduras militares. No nos olvidemos de que recientemente abrieron los archivos del FBI donde en un diálogo de (el ex secretario de Estado norteamericano) Henry Kissinger con un alto jefe militar textualmente dice: “Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido”. Esto es una orden, era la política de Estados Unidos hacia el Cono Sur: dictaduras militares sangrientas que dejaron una tragedia en todo el continente. Uno lo ve desde el asesinato de campesinos en El Salvador hasta los crímenes de (Augusto) Pinochet en Chile. O lo que fue el Plan Cóndor. Y el tristemente célebre asesoramiento del Ejército Argentino a la contra nicaragüense; y estamos hablando en tiempo de democracia de Alfonsín.

-¿Cuál sería el horizonte entonces?
-Nosotros queremos que la gente venga, nos visite, se conmueva. Nosotros queremos justicia, la que le fue negada a nuestros seres queridos. Queremos una oportunidad para juzgar a los represores y asesinos confesos. Esto lo sabe la humanidad. No es un cuento inventado por un grupo de madres locas que dan la vuelta alrededor de la Plaza de Mayo. Esto lo sabe la opinión pública mundial, fue condenado Alfredo Astiz en ausencia en Italia y Francia a cadena perpetua, ahora Adolfo Scilingo (en España) le van a caer sus buenos años. Lo sabe el mundo entero y todavía nosotros acá estamos diciendo “che, pero, ¿será así?”. Bueno, ésta es nuestra tarea, la búsqueda de la verdad. Nuestra consigna para el Registro es que no son cuatro pasos en las nubes, son muchos pasos sobre la tierra en búsqueda de la verdad y la justicia.

El Estado

-¿Qué se puede decir sobre la marcha de las causas en el Juzgado Federal de Paraná?
-Bueno, está nuestra participación con el abogado querellante, Marcelo Baridón. Sí nos sorprende, por lo menos en lo personal, la demasiada lentitud para imputar o meter preso. Por más que la defensa apele, la Justicia está para llevar presos (a los responsables) sabiendo los delitos que se cometieron. Esto, te hablo como familiar, es lo que no nos cierra. La lentitud, no te digo de la Justicia en general, porque sería injusto hablar así, pero lo que alcanzamos a visualizar llama la atención. Es evidente, más allá de las interpretaciones que cada uno haga o pueda hacer incluso desde la Justicia del porqué camina tan despacio. Será para buscar más certeza, dirán ellos. Pero para nosotros sigue siendo mucho tiempo. Creo que se terminó la hora de los discursos, es hora de que estos tipos vayan presos definitivamente para que se cierre con este capítulo de una buena vez. Nosotros vamos a poner un granito de arena, pero es uno más dentro de los miles de casos que se están trabajando. Pero esto lo tiene que acompañar la sociedad en su conjunto, tiene que comprender que si permite esto, después no puede asustarse, o es hipócrita si se asusta de hechos de violencia de otro tipo. Cuando por las narices ha pasado el atentado a la AMIA, lo de (las coimas en el Senado de la Nación denunciadas por Mario) Pontaquarto que, para mí, son subproductos de aquella impunidad.

-¿Se puede establecer una continuidad en la violación a los derechos humanos?
-El Estado es quien tiene que resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos. Cuando se los violan de forma sistemática por el Estado son violaciones a los derechos humanos. Si no, son casos de delito común, como un secuestro, un robo o un asesinato; están tipificados en el Código Penal. La violación de los derechos humanos es imprescriptible. Esto es lo que hemos logrado y debemos avanzar en conciencia. A una persona le roban la cartera en el supermercado y dice “nadie defiende mis derechos humanos”. No, esto es un delito común. No violaron un derecho humano, le robaron. Por eso nos queda mucho por aprender. Cuando más nos aproximemos a la verdad, más vamos a saber sobre nuestros derechos, garantías y cuáles son nuestras demandas. Nosotros estamos pediendo al Estado que meta presos a los responsables y que diga qué hizo el propio Estado con los 30.000 desaparecidos. No es una locura; porque está documentado, porque tienen que estar en algún lugar y porque hay responsables.

-¿Entran los casos de gatillo fácil que tienen vínculo con estructuras y lógicas de la dictadura?
-¿Quiénes participan del asesinato de Cabezas? Participa Gregorio Ríos y toda la patota de Alfredo Yabrán vinculada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Qué más clarito que la impunidad continúa en el tiempo y se reproduce ¿Lo del gatillo fácil? La Bonaerense era la Policía de Camps que secuestró 5.000 personas.

-¿Y en Entre Ríos?
-No es por salvarle las papas a nadie, pero acá realmente tuvo comando operacional el Ejército, de la mano de (Juan Carlos) Trimarco. Y la Policía se limitaba a tareas de logística por lo que podemos saber. No te lo puedo asegurar tampoco. No es como en provincia de Buenos Aires, que (Ramón) Camps era el ejecutor. Indudablemente se repartían el poder y la capacidad operativa marcaba esto. Los casos que tenemos de la Policía de Entre Ríos están denunciados e imputados. Donde participa personal de la fuerza o el Servicio Penitenciario, están en la causa y no tienen que ver hoy con la Policía.

-¿Cómo se equilibra la función en el Estado y la lucha como familiar?
-No hay dos lados. Personalmente creo que hay un solo lado del mostrador. Este tema no da para doble discurso, para hipocresías. No nos desdoblamos ninguno de los que participamos del Registro, ni creo de la Secretaría de Justicia, ni el gobernador.

-¿Hay contradicción de participar del Estado y hacer un reclamos a la Justicia, al propio Estado?
-Esto es una contradicción, pero contradicciones vivimos todos los días. Es contradictorio que tengamos medios de comunicación que han sido ejecutores de las políticas más salvajes de ajuste y entrega del país que hoy dicen llevar las buenas nuevas. La sociedad es contradictoria. Pero debe ser un salto cualitativo hacia delante. Se da en la contradicción, no se da en otro lugar. Da un salto hacia adelante o vamos para atrás. La idea es avanzar en un Estado de Derecho, de justicia, esto es lo que se trata de establecer; no el Estado terrorista que fue el que asoló del 76 al 83. Por eso luchamos también por desmantelar el aparato represivo, que no es una pavada. Todas las formas que siguen existiendo y los subproductos que quedaron de la dictadura en la sociedad en su conjunto en muchas formas, como el miedo. Porque el miedo paraliza a la población. Si algo logró la dictadura es instalar el miedo hasta los tuétanos y esto le viene como anillo al dedo para algunos, como la teoría de los dos demonios, porque es la forma que tienen de zafar de su responsabilidad histórica.

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