Razones para el presente

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652
A 29 años del golpe militar

Carlos del Frade
(desde Santa Fe)

A casi 30 años del inicio del terrorismo de Estado, los argentinos en general y los santafesinos en particular no saben cuál fue el destino de los desaparecidos ni de los chicos apropiados. A pesar de eso, es necesario destacar que el golpe no tuvo una finalidad militar sino económica y política: quebrar la conciencia de la clase trabajadora para afianzar un modelo de concentración de riquezas que sigue vigente en 2005. El 10 por ciento más rico de la población argentina gana 33 veces más que los que sobreviven en los subsuelos de la sociedad que, hasta 1975, era una de las más justas de América. Cuesta creer que luego del juicio a las juntas militares los distintos juzgados federales del país reinicien las causas por delitos de lesa humanidad como si nada hubiera sido probado. La sociedad civil tampoco ha exigido, todavía, una información seria sobre el reciclaje de los principales cómplices del genocidio en organismos claves de la estructura provincial. A 29 años del golpe de 1976, todavía falta la condena social sobre los que paralizaron los presupuestos de obras de infraestructura vitales y los que acumularon casas, departamentos y otros bienes de las familias desaparecidas.

Cosa juzgada (1)

“Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, decía el punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985.

El concepto de “responsabilidad operativa” parece haber sido ignorado por completo por los actuales juzgados federales que repiten los testimonios de las víctimas y entienden que deben volver a probar lo ya convertido en cosa juzgada.

Semejante omisión del punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones es directamente proporcional a la construcción de impunidad.

Lo ya probado (2)

Aquella sentencia que determinó como cosa juzgada que en la Argentina se impuso un proceso de terrorismo de Estado a través de la metodología de la desaparición, tortura y muerte de personas, también abundó sobre las “privaciones ilegítimas de la libertad, denunciadas y comprobadas” en cada provincia.

Desde el 24 de marzo de 1976 al 18 de agosto de 1982 se comprobaron 2.404 en el distrito Federal, 3.633 en la provincia de Buenos Aires, 668 en Santa Fe, 246 en Córdoba, 338 en Tucumán, 52 en Santiago del Estero, 209 en Mendoza, 32 en La Rioja, 42 en San Juan, 20 en Río Negro, ocho en Santa Cruz, 16 en Chubut, 36 en Entre Ríos, 19 en Corrientes, 26 en Misiones, 47 en Salta, 49 en Jujuy, 13 en Chaco, tres en Formosa, ocho en Neuquén, 10 en Catamarca, nueve en San Luis, 14 en La Pampa y cuatro en Tierra del Fuego.

¿Están las 668 denuncias comprobadas de la provincia de Santa Fe en conocimiento de los jueces y camaristas federales que actúan en el territorio? Y si están, ¿por qué es necesario volver a repetir el calvario de los sobrevivientes? Si no están, entonces, la responsabilidad de los integrantes de los fueros federales santafesinos debería ser materia de acusación de parte del Consejo de la Magistratura.

El por qué del golpe (3)

“El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la República. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las Fuerzas Armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial”, dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

El militar no se quedó atrás: “Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber”, sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

La clase obrera fue el blanco preferido (4)

"Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte (...) Hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina", dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla.

Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor a las burocracias vinculadas a las grandes patronales.

La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario.

Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco Bueno, o Banegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvió para descubrir los mecanismos del terrorismo de Estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

“Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa Inros, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información...”, sostuvo el ex integrante del Ejército.

“De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario (...) Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados (...) El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ése era el seudónimo. El nombre real es Montenegro (...) Él se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas”, sostuvo el desaparecedor.

Había otra persona que “se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo, que era el enlace con el servicio de informaciones de la Policía de San Lorenzo. La Policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Oréfice”.

Continuidades (5)

“... Estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo; el tiempo para ellos es secundario. No nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía (...) Por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires (...) Varela, y lo mató un terrorista extranjero...”, declaró Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año 21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de Estado.

El principio del genocidio (6)

El informe Saichuck, del 30 de abril de 1973, prologaba el asesinato de Constantino Razzetti, las matanzas de la Triple A, la invasión a Villa Constitución y el golpe de Estado de marzo de 1976.

“Los fines perseguidos empleando parte de estas siglas fueron determinados por la infiltración, captación y distorsión ideológica de elementos juveniles peronistas, quienes ante la carencia de dirigentes consustanciados con los lineamientos justicialistas fueron absorbidos por los que pregonaban la ‘patria socialista o izquierda nacional’, un comentario digno de cualquier dirigente de la derecha peronista y que luego se utilizaría como supuesta justificación para el enfrentamiento que se concretó después de Ezeiza”.

Luego, en el documento hay una referencia al “éxodo de militantes” que sufría, por aquellos días, el FEN, dirigido “por lo que determinados círculos de la juventud consideran como ‘el marxismo israelí’ representado por Grabois y acólitos”.

Pero lo que viene es una clara advertencia de lo que efectivamente ocurrió: “Las nuevas pautas a darse en el consenso juvenil pueden determinar, dentro de la disciplina y verticalidad que imponga Perón, una ‘purificación’ doctrinaria de la juventud, precedida de una depuración, considerando que aún el líder máximo del peronismo se halla en condiciones de controlar a la juventud por el giro dado al espectro que creara a través de los dirigentes defenestrados”.

Los términos “purificación” y “depuración” serían utilizados no solamente por los sectores ortodoxos del peronismo, sino que después formarían parte de las homilías de vicarios y obispos que exigirían una purga de sangre a las Fuerzas Armadas. El documento Saichuck, entonces, obliga a preguntar cuál fue el origen de la represión política en la Argentina en los años 70.

Hay otro dato interesante: el surgimiento de las llamadas Legiones Nacionalistas. “La planificación y organización de las mismas estaría en manos de Sánchez Sorondo y del doctor Vicente Solano Lima. Dicha impasse se habría suscitado debido a diferencias entre Cámpora y Solano Lima, no obstante el aval de Perón al vicepresidente electo para la conformación de las citadas legiones que deberían estar encuadradas en los lineamientos de la doctrina nacional del justicialista”, sostiene el informe.

“La concreción de estas LEGIONES (así con mayúsculas está en el escrito) estaba prevista para todo el ámbito nacional, especialmente jóvenes identificados con el peronismo no oficial y del nacionalismo ortodoxo. Para tales efectos estaba previsto el viaje de dichos elementos jóvenes para ser interesados en el cometido a cumplir o desarrollar”, se afirma en la tercera hoja del informe del 30 de abril de 1973.

Sánchez Sorondo fue el candidato a senador nacional por la Capital Federal en las elecciones del 11 de marzo. Fue derrotado por el entonces joven abogado radical Fernando de La Rúa. Esa situación hizo que Solano Lima no viajara a Madrid junto a Cámpora para entrevistarse con el viejo General.

Saichuck terminó de leer el informe y por alguna extraña razón se lo llevó a su casa.

Al Gato Saichuck lo envenenaron a fines de 1976, pero sus trabajos de inteligencia marcaron la tendencia no solamente de las patotas que acompañaron a Agustín Feced sino también los procedimientos y la ideología de aquella federación de bandas de delincuentes y de ideología fascista que se denominó Triple A.

La Juventud Peronista ya estaba infiltrada aun antes de la asunción de Héctor Cámpora y la idea de la depuración del justicialismo era un claro objetivo que compartían los servicios de las distintas fuerzas de seguridad y armadas con dirigentes sindicales, grandes empresarios y también políticos.

Pasa (7)

José Rubén Lo Fiego, alias El Ciego o Doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la Policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced.

En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue “felicitado por la superioridad por el procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima”. A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, “por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días”.

Acindar (8)

Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar la subversión industrial”.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la Embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal, relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución. Esa operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.

Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”. Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de Policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez, y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”. Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...”.

El dinero de la sangre (9)

La primera mención sobre la actuación del Tucu apareció en el libro Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso.

Su identidad fue revelada por las declaraciones que desde el exterior hizo el ex servicio de inteligencia del Ejército, con actuación en el Comando del II Cuerpo de Ejército, Gustavo Francisco Bueno, alias Germán Bueno o Banegas, ante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 1987. Allí informa sobre el personal que revistaba en la Quinta de Funes.

En la lista de represores confeccionada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, en 1987, Eduardo Constanzo aparece como miembro de Inteligencia militar: “IN 14”.

Al tiempo, sin imputación alguna en la causa federal 47.913, la denominada causa Feced, Constanzo se presentó al diario Rosario/12 para hablar sobre su actuación en Funes, diciendo que envolvía los cuerpos de los muertos, entre ellos algunos chicos, y que después los trasladaba a las barrancas del río Paraná o por avión hasta la Bahía de Samborombón. Los datos fueron revelados por una entrevista que le hizo el periodista Reynaldo Sietecasse.

Su relato también apareció en la revista Gente a través del corresponsal rosarino, Raúl Acosta.

Al saberse su participación los familiares de desaparecidos pidieron que se investigara lo relacionado con el supuesto fondeadero en las barrancas del Paraná, tarea que desarrolló el entonces juez provincial de instrucción de la décima Nominación, Martínez Fermoselle, sin encontrarse ningún rastro positivo.

Aparece nombrado en el cuerpo 28 de la causa Feced al incluírselo como Tucu entre los torturadores y represores de la Quinta de Funes. Era finales de 1986.

En el cuerpo 43 de la causa se anexan fotocopias del capítulo II al XI de la “Segunda Temporada”, del libro Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso. El Tucu aparece en el apartado X “La Onda expansiva”, señalado por Dri como “con la cachaza tucumana. Viejo. Experimentado. Ojo, es observador”. Se repite el pedido de hábeas corpus presentado por María Adela Panelo de Forestello por el destino de su hija María Marta Forestello. Su nieta fue encontrada en la Policía de Menores de Rosario el 2 de diciembre de 1977. Estas actuaciones ya correspondían a febrero de 1987.

Hasta que llegó el lunes 15 de diciembre de 1997.

El Tucu Constanzo me recibe en el living que inventó en el viejo garaje de su casa de Pueyrredón 2.931, a dos cuadras de la casita robada, aquella de Santiago 2.815 donde vivía una pareja de ciegos, secuestrados, torturados y desaparecidos por las huestes de Galtieri y Feced el 17 de setiembre de 1977.

Impecable traje marrón y corbata con dibujos de Mickey y Tribilín. No le queda nada bien a quien supo torturar y envolver cuerpos para luego, según dijo, tirarlos al río.

“Usted escríbalo y después vea cómo podemos repartir lo que surja. Creí que me venía a ofrecer hacer una película. Hay que hacer negocios”, dice mientras apostrofa contra los militares.

“Yo peleé por la patria, la bandera, esas cosas, pero ellos se quedaron con la plata”, sostiene mientras confiesa que estuvo nueve años junto a Luis Rubeo.

Tiene un automóvil casi nuevo, dos camiones con los que trabaja en el Mercado de Productores de Fisherton trayendo fruta desde Tucumán. Su madre, de 90 años, tiene buena salud pero se está muriendo de vieja.

“Le di a cada uno de mis hijos casa y auto. Yo vine con mucho dinero de Tucumán. Después cometí el error de mi vida cuando trabajé con los militares”, cuenta mientras toma un café.

Quiere dinero a cambio de su memoria.

“Tengo todo acá adentro”, señalando su cabeza.

Toma pastillas de Tetrargill, “recuerdo de los montoneros”, relata y señala unas ventanas que le quedaron de una casa en Tucumán cuando le metieron algunas granadas.

Dice que el coronel Fariña hizo mucho dinero, que trabaja frente al diario La Capital y le fue muy bien. “Hijo de una gran puta, le digo cuando lo veo y no me saluda. Ninguno de nosotros lo queríamos. Era muy prepotente. Ellos hicieron muy buen dinero”, recuerda. Dice que Fariña fue el jefe de operaciones especiales del comando del II Cuerpo.

Feced de vacaciones (10)

El principal responsable del genocidio cometido en la provincia de Santa Fe, Agustín Feced, gozaba de libertad cuando supuestamente sufría de prisión preventiva rigurosa, según se desprende de una carta enviada por su concubina que solicitaba la pensión como tal luego de la fraguada muerte de junio de 1986.

El relato de la señora exhibe cómo el ex comandante de Gendarmería iba y venía por el país y ya estaba radicado en Paraguay, como luego lo atestiguaron distintos familiares de desaparecidos sin que ningún integrante de la Cámara Federal de Apelaciones rosarina lo tuviera en cuenta.

Era octubre de 1984. Feced debía estar encerrado.

Cuando se produjo el robo de los tribunales provinciales, el ex gendarme volvía de pasar unas vacaciones junto a su concubina por el noreste argentino.

¿Qué tipo de responsabilidad tuvieron los gobiernos de la provincia de Santa Fe y de la Nación en aquella absoluta libertad que gozaba el mayor asesino de la historia del interior del país? Hasta hoy no solamente es un misterio, sino una brutal muestra sobre cómo se construyó impunidad en democracia.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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