La mediocridad como medida de gestión. Torpezas e ineficacia ofrecen un campo propicio para el negocio de pocos. La Intervención del IOSPER. Comprarse un problema o garantizar la continuidad del negocio de la salud. La Caravana Educativa. Una nueva metodología de participación y concientización popular. Conflictos que se vienen.
-Rumores de Intervención. La ausencia del gobernador, de gira por el lejano oriente, fue el marco en el cual un rumor de pasillo terminó ganando la calle. El gobierno habría decidido la Intervención a la principal obra social de los entrerrianos, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). Habiendo sido el propio Jorge Busti, en su segundo mandato, quien transfirió la obra social a los trabajadores a través de sus representaciones gremiales, resulta difícil entender las razones por las cuales ahora retrotraería esa medida para comprarse otro dolor de cabeza. Más allá de que la salud es responsabilidad indelegable del Estado, Busti bien podría mirar para otro lado y decir que la situación del IOSPER no es responsabilidad suya, sino de los gremios que la han conducido en estos años. En esa lógica resulta difícil encontrar las razones que impulsen al gobierno a la Intervención, aún considerando que el deterioro general de las prestaciones y un déficit operativo mensual superior al millón de pesos no son poca cosa. Cuesta encontrar argumentos para que el gobierno de Busti se sienta en la necesidad de adoptar una medida drástica en relación al IOSPER y no frente a otras áreas de directa incumbencia con la administración central que exponen mayores o iguales desórdenes. Pero además nadie ignora que la conducción real en el directorio del IOSPER es ejercida por los diputados justicialistas José Ángel Allende (PJ-Nogoyá) y Juan Carlos Almada (PJ-Victoria). La fuerte alianza que supieron tejer con el entonces gobernador Sergio Montiel para poder desplazar a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), de la conducción no desdibuja la responsabilidad del partido del gobierno en la actualidad del IOSPER. Tanta afinidad se ha tenido con este proceso que la ministro Graciela Degani ha estado presente y ha rubricado convenios hechos por este directorio. Pero por fuera de actores y protagonistas si se quiere aportar por la positiva es importante no perder tiempo en rodeos y rastrear en la política que ha llevado la mayoría en el directorio presidido por Francisco Medero que desemboca en esta situación. La primera acción del presidente Medero, a instancias de Allende y Almada, fue desmantelar todo el sistema de auditoría y control organizado por la gestión presidida por Silvina Degani. Así se desactivó también el sistema informático que procesaba las recetas y facturación en función del Programa de Uso Racional de Medicamentos y despidió al equipo técnico afectado a estas tareas. De esa manera se liquidaba la posibilidad de que aparecieran trabas, cuestionamientos o proyecciones estratégicas alternativas a la política que se empezaba a implementar.
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-Las verdaderas razones. La Intervención iniciaría un proceso de desregulación de la obra social. “Para que los afiliados puedan elegir la obra social que quieran”, explicaba no tan inocentemente un legislador de profesión médico a su ocasional contertulio. Son cuestiones distintas y comprendería medidas de diferente carácter administrativo. Entonces, la preocupación que cunde en sectores del gobierno no tiene tanto que ver con el déficit y el deterioro de las prestaciones. Fundamentalmente, lo que se pone en crisis es una conducción que forma parte de su propia médula. El gobierno de Busti imagina acciones exteriores al IOSPER, pues el proceso interno ha puesto a los representantes de Allende y Almada en una situación de virtual abandono. Primero fue el alejamiento de Marcelo Varrone cuando las reuniones promovidas por el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen (Nuevo Espacio), pusieron en vidriera el desmanejo, la ausencia de controles y la inexistencia de un proyecto sanitario.
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-Nadie cree en milagros. En tanto, los criterios de gestión de la provincia son los que se exhiben sin pudor. No existe argumento que sustente que la Intervención pueda acercar algún tipo de solución a los problemas que afligen al instituto de la obra social. Por el contrario, hay indicios de que detrás de la Intervención sobrevendría un fuerte embate por parte de las corporaciones de la salud para imponer la desregulación o algún tipo de gerenciamiento encubierto, como ya sucedió en las épocas de José Félix Esquivel.
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-Problemitas que son problemas. Si no fuera por la decidida actitud de los trabajadores, el intento de estafa en la Dirección de Rentas de la Provincia hubiese pasado inadvertida. Puede convenirse que las cuentas adulteradas no eran tantas y que además no representaban grandes volúmenes, tal como había sucedido en la anterior gestión, donde se detectaron graves irregularidades. Un sistema informático pinchado se transforma automáticamente en un sistema vulnerable y por lo tanto, hasta que no se conozca y controle la falla, pasa a ser un sistema peligroso que no da seguridad. Estas apreciaciones no tienen que ver con volúmenes o frecuencias; el peligro tiene el mismo valor si se presenta en centavos o en miles de pesos. Lo preocupante es que estas situaciones siembran el desaliento en los ciudadanos de carne y hueso que hacen esfuerzos para cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, este tipo de falla genera intranquilidad en el personal pues todos entran a desconfiar de todos. Justo en una dependencia cuya eficacia depende del ahínco y compromiso del trabajador. Casi en simultáneo se pudo conocer que la Dirección de Arquitectura está siendo investigada por la Oficina Anticorrupción. La denuncia de corrupción afecta al programa de refacción de escuelas, un área sensible de por sí y que se encuentra en la mira desde que se adoptó la adjudicación directa como metodología administrativa. El tema hizo más ruido pues los episodios denunciados se ubican en el ámbito de escuelas de gestión privada. No es lo único. A ello se suman algunas desprolijidades que molestan.
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-Caravana Educativa. Fuera del juego palaciego la sociedad sigue sus propios impulsos. A pesar del diluvio que azotó a la provincia nadie pensó en postergarla. Santa Elena esperaba temprano y esa apertura dio la tónica que en adelante tendría el recorrido programado. Es que la Caravana Educativa emprendida por AGMER-CTERA y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) durante los cinco días de la semana pasada puso en la superficie el deterioro y la indigencia que afecta al sistema educativo entrerriano. La muestra, en cualquiera de sus perfiles, atraviesa desde el presente hacia atrás todo el mapa de los gobiernos entrerrianos. En ese sentido, la cuestión edilicia configura un testimonio incontrastable que muestra al desnudo las deficiencias estructurales en pleno 2005. Las refacciones que con bombos y platillos se anunciaron oportunamente desde el gobierno provincial vienen demoradas. A su vez, la calidad de lo que se reconstruye deja mucho que desear. Esa lluvia que atraviesa las goteras y el frío que discurre por ventanas sin vidrios, zamarrean el alma sufriente de criaturas, las más de las veces, con hambre. La propuesta del principal gremio docente puso en sintonía el sentimiento de la sociedad que sabe ligar las penurias y sus esperanzas a la suerte de la escuela pública. Ese nivel de conciencia instalado en la comunidad conforma un nutriente que impregna a AGMER en un temperamento de compromiso y movilización.
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-El conflicto de ATE. Pero es claro, la sociedad es una sola y el temperamento que orienta la defensa de la escuela pública también aparece en los hospitales, donde el deterioro generalizado compromete el sistema de salud, al punto que de no ser por sus trabajadores, la situación sería sustancialmente más grave. Por otra parte, los trabajadores del Estado están presentes en los segmentos estratégicos de la gestión pública en el marco de un desorden administrativo como el que se pone de manifiesto en Rentas y Arquitectura. Buena parte del personal de estas áreas ve con preocupación un futuro laboral comprometido. Mientras los conflictos sectoriales se multiplican, el gremio se hilvana con el reclamo salarial común a todos los trabajadores. El Régimen Jurídico Básico imaginado por la dirigencia de ATE -acordada con AGMER- abría canales para el ordenamiento institucional de los conflictos particulares y generales de los trabajadores públicos con el Estado.
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