Para el periodista y escritor argentino residente en Suiza, Juan Gasparini, la Justicia tiene casi comprobado que el ex senador Augusto Alasino (PJ-Entre Ríos) cobró un millón de dólares para votar la Reforma Laboral en el año 2000 y que manejó a gusto y placer los dineros para cada uno de los legisladores dispuestos a apoyar el proyecto. En su nuevo libro, La injusticia federal, Gasparini cuenta en detalle lo sucedido y revela, entre otros puntos, que al ex senador nacional Héctor Maya (PJ) le ofrecieron 500.000 dólares para aprobar la iniciativa oficial, pero lo rechazó. En esta edición de ANALISIS, un anticipo exclusivo del nuevo libro, sobre un tema que, esta semana, volvió a ser noticia de los medios nacionales por las diferentes indagatorias ordenadas por la Justicia.

El 15 de agosto de 2000, un anónimo se propagaba como reguero de pólvora por todos los rincones de la Cámara alta. Y uno de sus ocupantes trastabillaba en la confidencia periodística: Emilio Marcelo Cantarero, senador por Salta. Cantarero tal vez se haya sentido menospreciado. Para más de un analista, ése era uno de los móviles de la confesión que susurraría al oído de la periodista María Fernanda Villosio, de La Nación. Los 200.000 dólares que habría recibido, según el anónimo que encendiera la mecha en el Senado, no impidieron que se rompiera como el eslabón débil de la maquinación.

Distribuido por la Asociación del Personal Legislativo (APL) su contenido se ha ido confirmando por los hechos que se fueron sucediendo.

Siguiendo el guión del anónimo, Branda fue el único que no participó en el festín de la programación del reparto, concebido dos días más tarde, en el que un puñado decidió por todos. Se acodaron a cenar Flamarique, Genoud, Tell, Alasino y Costanzo, y luego habrían llegado Femando de Santibañes y Enrique Nosiglia. Siempre según el anónimo, éste habría ofrecido 500.000 dólares “por barba”, y Alasino, que llevaba la voz cantante, le refrescó que lo concertado eran 5 millones de dólares para los peronistas y 5 millones para los radicales.

Del anónimo también se desprende que las modalidades de la entrega quedaron bajo responsabilidad de Costanzo por el PJ y Mario Pontaquarto por la UCR, secretario parlamentario de la Cámara alta, que a pesar de no ser senador se equiparaba en rango a la hora de delinquir. La distribución en el interior de cada bloque sigue en una especie de nebulosa. Todo es más hermético en el radicalismo. El anónimo dice que con Genoud cobraron Moreau, Agúndez, Meneghini y Pontaquarto. Entre los justicialistas las desigualdades fueron enrevesadas. En semejante desorden hay senadores que se quejan porque no les tocó nada, pese a que un listado inicial fijaba un piso de 75.000 dólares como mínimo per cápita, y una pirámide en cuatro categorías, a tenor de la situación económica, la trayectoria, peso político y trascendencia pública de cada uno. Alasino y Tell se fijaron un millón cada uno. Costanzo acaparó 600.000 dólares y al menos 200.000 por cabeza fueron a Branda, San Millán, Pardo y Cantarero.

Los montos presuntamente embolsados por Ramón Ortega, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem no están precisados en el anónimo.

“El que lo sabe es Tell, que se los traspasó”, afirmaba un vocero de una de las partes involucradas en el sumario. Y agregaba: “Lo demás, es aún mucho, y todavía no se conoce”. Esa y otras fuentes apuntaban, eso sí, a Jorge Cosci, secretario del senador peronista Carlos Verna (La Pampa), atareado en la compaginación y tránsito de las partidas del dinero entre pasillos, ordenanzas, chóferes y despachos del Senado.

Entre el montón de anécdotas vertidas por Alasino a sus colegas acerca de estas correrías, las divisorias de aguas se enturbian. Se le atribuyen 110.000 dólares a la cordobesa Beatriz Irma Raijer, que presidiera la Comisión Parlamentaria que controlaba a los servicios de inteligencia, pero sólo le habrían llegado 28.000, porque el secretario de Tell, que coordinaba la colocación de los envoltorios, dicen que se quedó con 70.000; y un cadete que entregó el paquete se guardó 12.000. “Andá y deciles: me parece que me cagaron”, le habría aconsejado Héctor Maya (PJ-Entre Ríos) quien ha reiterado en varias oportunidades ante fuentes diversas que él siempre se opuso a la ley, y que cuando un funcionario de la Cámara le ofreció 500.000 dólares para que no bajara al recinto, lo apartó con un ademán desdeñoso.

Bajó y votó en contra. Sus enemigos políticos replican que eso no fue cierto, alegando que se trataba de una maniobra para volcar en los Secretarios del Senado la carga de la imputación, particularmente en Mario Luis Pontaquarto, uno de los dos brazos ejecutores con los que el vicepresidente de la Nación conducía el Senado. Por lo pronto, la pregunta sigue en pie:

“Y Chacho ¿no sabía nada de todo eso?”.
Cantarero, seguro, sí sabía. El martes 29 de agosto de 2000 soltó las amarras y la lengua. “Tengo algo que no te puedo mostrar”, musitó en ese tono suyo de diálogo intimista que le valiera el apodo de El Obispo. Se lo decía a María Fernanda Villosio, soltera, nacida en 1968, acreditada como cronista parlamentaria por La Nación. Campechano, el senador Cantarero tenía por hábito generar en sus charlas un clima de estrecha confianza.

Villosio recogió el guante y lo invitó a tomar un café. Bajaron del cuarto piso al segundo y entraron en el despacho del legislador. Eran las tres y veinte de la tarde. Cantarero marcó en su celular el número de su colega San Millán: quería avisarle que se retrasaría porque iba a reunirse “con una periodista peligrosa”. Atravesaron la antesala, donde los empleados del senador, Liliana del Carmen Cuesta y Pablo Roberto Silva, los vieron pasar. Se acomodaron en sillones distantes de cuero negro. Cantarero esperó que sirvieran los cafés, tiempo suficiente para que la reportera desenvainara su bloc de notas. El diálogo arrancó a los tropezones:
–Yo no cobré, no sé si otros lo habrán hecho, pero yo...

–Senador, y usted, ¿cómo se siente cuando ve que sus compañeros están cobrando?
–...flaquita, vos estás errando el vizcachazo, en esto estamos todos, aunque hubo algunos boludos que quedaron afuera y hablaron...
Villosio dio un respingo en el asiento. Y tuvo la pregunta justa:

–¿Cuánto cobró?
–Eso no se lo voy a decir. Si le digo me va a mirar con cara de asco.

–¿Qué hizo con la plata?
–Y, la guita... se gasta...

–¿Sabe si hay funcionarios del Gobierno involucrados?
–No... hay un Santo... que viene hoy. Cámbiele una letra...

Fernando de Santibañes comparecía en esos momentos un piso más abajo con Flamarique, haciendo de respondedores telefónicos ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, reunida en el Salón Rosado. “Nunca”. “Jamás.” “Imposible”, respondían en seguidilla a una media docena de senadores acurrucados en mesas ratonas. “¿Recibió Ud. alguna orden presidencial de pagar coimas?”. “¿Se pagaron prebendas, ya sea económicas o mediante planes Trabajar?”. “¿Se negociaron favores personales?”.

Un piso más arriba, Villosio escribía y a Cantarero no había cómo hacerlo callar: “No estoy dispuesto a hacer una denuncia ni un arrepentimiento público. Si hice algo me la tengo que bancar. Ésos son los códigos. Disculpame un minuto...”.

El Obispo estaba preocupado por lo que podía acontecer en el Salón Rosado. Llamó por el intercomunicador a su asesora, la abogada Liliana Cuesta, y le pidió que se pusiera en movimiento: “Necesito saber qué pasa en Asuntos Constitucionales...”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)