Luis María Serroels
La afirmación y defensa de los bienes comunes de la tierra y de los pueblos como alternativa a la mercantilización y al control de las transnacionales, que incluye la creación de culturas de resistencia, constituyen parte sustancial de los ejes de trabajo debatidos durante el último Foro Social Mundial realizado entre el 26 y 31 de enero en la ciudad brasileña de Porto Alegre.
El diferendo innecesariamente planteado por la decisión unilateral adoptada por el gobierno uruguayo de instalar dos fábricas de celulosa puede desembocar en situaciones de extrema gravedad. Sería inimaginable el desenlace si antes no media la demorada intervención de los países miembros del Mercosur, bloque regional que no puede permanecer indiferente ante el problema.
Como una suerte de breviario de los últimos acontecimientos que han venido dándose y que no han hecho otra cosa que incentivar los niveles de conflictividad, soslayando sus imprevisibles consecuencias traumáticas, hemos de abordar los principales indicadores.
A esta altura de los hechos, poco interesa la ruta que han venido recorriendo los que apoyan y los que rechazan los emprendimientos, porque en el fondo no se trata de quién le ganó de mano a quién, sino cuál es el verdadero y demostrable impacto ambiental.
Ahora, si el Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, afirma que el aceptar la intervención de una comisión técnica que analice el tema no significa que dará marcha atrás en el proyecto industrial, estamos ante una cuestión mayor, porque termina por tomarles el pelo al pueblo entrerriano y a su gobierno que aceptó esta metodología como salida pacífica y madura.
La agresividad con que han sido tratadas por cierta prensa oriental las autoridades provinciales, no se corresponde con un espíritu abierto a recrear el diálogo y hasta resulta falaz cuando afirma que desde este lado del "río de los pájaros" no se quiere el progreso de nuestros hermanos del país de José Gervasio de Artigas. Nada más lejos de la realidad. La confianza de los argentinos en el orden y seriedad de esa nación se traduce en más de 7.000 millones de dólares depositados en sus bancos, 4.000 millones invertidos en bienes raíces y otros 500 millones de igual moneda dejados cada verano por turistas de nuestro país.
No hace mucho nos preguntábamos cómo Uruguay, conducido por un desbocado presidente como Jorge Batlle, que nos acusó a todos de corruptos para terminar, lloroso, pidiéndonos perdón, podría llegar a convertirse en enemigo continental. La respuesta negativa es ociosa, si nos atenemos a historias comunes, lazos fraternales sólidos y un futuro compartido, porque entrerrianos y uruguayos somos y seremos hermanos con todas las letras.
De hecho, el conceder permiso para que las multinacionales Ence (España) y Botnia (Finlandia) se instalen cerca de Fray Bentos para elaborar productos muy sensibles en términos de afectación negativa en aire y aguas compartidas, ha sido una auténtica provocación si se advierte que el único argumento esgrimido y que soslaya estudios profundos y salvaguardas claras es el derecho soberano. Todos sabemos que cualquier acto de autodeterminación halla frenos ineludibles cuando sus efectos gravitan dañosamente sobre otros países y máxime existiendo tratados bilaterales de por medio. Y no es un hecho menor, como antecedente, que la empresa peninsular haya sufrido fuertes sanciones en Europa por haber contaminado la Ría de Pontevedra.
Utilizar sólo frías cifras referidas a montos de inversión y niveles de ocupación laboral, reemplazando cualquier consideración sobre daños ambientales, constituye un acto arbitrario y necio que no sólo agrede intereses extranjeros, sino que irresponsablemente provoca serios riesgos a la salud de los propios connacionales.
Pero en medio de la lucha iniciada en la región, que ha unido a entrerrianos con miles de hermanos uruguayos coincidentes con los postulados de defensa del medio ambiente, que no es otra cosa que de la vida misma, se fue instalando un esperanzada expectativa frente a lo que se consideraba un hecho irreversible, es decir, la llegada al poder de Tabaré Vázquez.
Sorpresa y media. Un abnegado médico, especialista en oncología, se terminó negando a dar marcha atrás. Más que eso, lo vino a ratificar en nuestra casa, llevándose encima un perdón kirchneriano que le condonó a la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP) del Uruguay, una deuda de ¡80 millones de dólares!
La práctica de este extraño y novedoso "progresismo capitalista" también le hace perder de vista que del lado uruguayo de la represa de Salto Grande, sus empleados han venido denunciando estar expuestos al "asbesto" (grupo de seis materias fibrosas), elemento cancerígeno que produce la "abestosis", enfermedad que puede conducir a la inhabilitación e incluso a la muerte. ¿Lo sabe el oncólogo presidente?
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)