El silencio del Arzobispado

Edición: 
666
Iglesia y terrorismo de Estado

Carlos del Frade
(desde Santa Fe)

Guillermo Bolatti, arzobispo rosarino, sabía de las detenciones arbitrarias y la represión ilegal desatadas en Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975 y no hizo nada para aliviar la situación de los perseguidos. Se negó a respaldar al entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y lo dejó solo en su aventura de pedir una entrevista a Alberto Rocamora, ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Dos años después, Ponce de León era asesinado en la ruta a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando se disponía a llevar los papeles de la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo esto se desprende de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo, con la participación del fiscal subrogante, Juan Murray. En estas causas comienzan a verificarse los trabajos conjuntos de los comandos del primer y segundo cuerpo de Ejército y las demás fuerzas de seguridad de Buenos Aires y Santa Fe, como también los intereses privados beneficiados con la sangre derramada.

“Es necesaria la reivindicación del obispo Ponce de León”, empieza diciendo Raúl Vacs, sobreviviente de las mazmorras del terrorismo de Estado en San Nicolás, histórico dirigente del Partido Comunista y hoy militante por los derechos de los jubilados.

Su testimonio habla de la labor del obispo asesinado el 11 de julio de 1977 en cercanías de Ramallo, cuando Villa Constitución sufrió la invasión de 4.000 integrantes de la Policía Federal, patotas del sindicalismo de derecha, grupos de la Policía santafesina y personal de los Comandos del Ejército, tanto de Buenos Aires como de Santa Fe.

“Me contacté con él a partir de aquella primera experiencia fascista en la Argentina que fueron los hechos de Villa Constitución. Yo estaba, en esos días de la invasión de la ciudad vecina a San Nicolás, en España. Pero mi hijo estaba en la casa de un amigo, de Raúl Horton, que era fotógrafo. Ese día, el 20 de marzo de 1975, tuvieron que cobijarse debajo de una mesa por el ruido infernal de balas, los estruendos sobre los techos de zinc, las puertas violentadas. Fue una noche de terror. El hijo de mi amigo, obrero y delegado de Acindar, pudo escapar de esa represión junto a Segovia, el único integrante de la Comisión Directiva del sindicato que siguió en libertad. Raúl Horton hijo, entonces, comenzó a promover una comité de lucha por los presos de Villa Constitución. Hablé con él en Rosario y me pidió que hiciéramos todo lo posible para hablar con Alberto Rocamora, el entonces ministro del Interior del gobierno de María Estela Martínez de Perón. La idea era que Rocamora ofreciera garantías para hacer una entrevista con ellos y que, de paso, cuidara la vida de los activistas. Nosotros hicimos un comité de ayuda en San Nicolás y en eso debo reconocer el notable papel que tuvo el intendente radical de entonces, Atilio Parodi. Las reuniones se hacían, justamente, en el local de la UCR. Entonces decidí entrevistarme con monseñor Carlos Ponce de León. Cuando lo fui a ver tuve que eludir la presencia de monseñor Mancusso, que era el prototipo de la iglesia reaccionaria, todo lo contrario de Ponce. Al fin pude llegar hasta él y le expliqué el problema”, contó Raúl Vacs.

-¿Cuándo tendría que viajar para entrevistarme con Rocamora? - me preguntó el obispo.
-Ayer -le dije.

-No, ni ayer, ni hoy. Mañana. Porque primero tengo que entrevistarme con el obispo de Rosario porque Villa Constitución pertenece a la Diócesis de Rosario. Yo sé que se va a oponer. Pero necesito no pasar por encima de él. Como sé que me va a decir que no, mañana viajo a verlo a Rocamora.

“Y lo hizo. No tuvo ni la entrevista ni las garantías”, agregó.

Bolatti, en tanto, tenía como secretario al sacerdote Héctor García, el mismo que tiempo después exigiría regalos a los familiares de los desaparecidos que buscaban información sobre el destino de sus seres queridos.

Treinta años después, el arzobispado rosarino todavía no ha hecho ninguna autocrítica sobre su complicidad con el terrorismo de Estado e incluso ha promovido a Eugenio Zitelli, capellán de la Policía rosarina, al rango del monseñor, aprobado desde el Vaticano.

Ahora hay que sumarle, después de la declaración de Vacs, su desprecio por la suerte de un verdadero obispo cristiano como Carlos Ponce de León.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

El Ministerio de Justicia informó que revisarán los pagos a las personas que perciben un resarcimiento por haber sido víctimas del terrorismo de Estado.

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