F. V.
Desde que el presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialistas, Hugo Righelatto, se hizo cargo de la Dirección de Obras Sanitarias de la provincia, una serie episodios extraños se han suscitado en la repartición. Empresarios que se presentan en ciertas licitaciones con dos firmas para competir contra sí mismos y que, por supuesto, ganan. Cotizaciones que superan largamente el presupuesto oficial y no obstante son autorizadas por el organismo; demoras administrativas absurdas de hasta un año y medio para elaborar un pliego; empleados ascendidos meteóricamente que no paran de pasar gruesos importes en concepto de viáticos, en medio de un festival de comisiones y gastos de representación; camiones que desaparecen de la noche a la mañana; empresas familiares favorecidas con consultorías externas; obras presuntamente construidas sin el total de los materiales pagados, representan sólo una parte del abanico de irregularidades que se repiten en la repartición estatal.
Si la Oficina Anticorrupción y Ética Pública o el Tribunal de Cuentas de la provincia pusieran su atención en las permanentes irregularidades administrativas o en el sospechoso favoritismo con el que se adjudican algunas de las obras más importantes que lleva a cabo la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos de la mano de Héctor Hugo Righelatto, el gobierno podría verse sumido en un escándalo de proporciones.
Los 48 empleados de planta permanente, entre administrativos, técnicos e ingenieros -algunos con más 30 años de servicio-, no recuerdan haber visto jamás semejante descontrol en el organismo de calle 25 de Mayo, aunque ninguno de ellos se atreva a confesarlo públicamente. Idéntica opinión comparten varios trabajadores jubilados, que siguen de cerca la gestión de Righelatto, más afligidos que preocupados, por la suerte que pueda correr Obras Sanitarias después de resistir la ola privatista que acosó a ciertas reparticiones y empresas públicas durante los últimos años.
Ninguno de ellos cree a esta altura de los acontecimientos en esa posibilidad, pero el desasosiego y la indignación los embarga por igual cuando relatan el modo en que el director y su grupo de acólitos parecen haber fomentado el caos interno para transformar el organismo, casi en una caja chica de recaudación.
Según refieren, Righelatto no llegó a comandar el organismo por su idoneidad, capacidad o contracción al trabajo sino por su militancia en el Partido Justicialista, donde preside la Junta Electoral provincial, y su sagacidad para hacerse nombrar en pleno gobierno radical como delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). Si bien nunca se destacó por su entrega y cooperación, en los próximos meses cumplirá 18 años en la administración pública, un tiempo que aprovechó muy bien para cumplir el sueño de crear su propio sindicato y pulir relaciones con el poder político de turno y la cúpula de gremialistas porteños.
Hombre de ambiciones claras, Righelatto alcanzó muy pronto la categoría dos en la administración provincial, cuyo máximo escalafón es la uno, en un ascenso acelerado y poco común para el resto de los agentes del Estado. Pero el gran paso hacia su meta lo dio a principios de 2003, desde su puesto de delegado nacional del Enhosa, donde fue uno de los artífices de la adjudicación de la obra denominada Sistema de Agua Potable para la localidad de Punta Monte, en el departamento Gualeguay, al empresario paranaense Jorge Schonfeld. En rigor, la designación de estos trabajos fue autorizada por una comisión de estudio de propuestas de concurso de precios que presidía el ingeniero Eduardo Culó, ex director de Saneamiento de Obras Sanitarias de Entre Ríos. “Righelatto siempre tuvo gran influencia sobre Culó, ya que en esa licitación se presentaron solo dos oferentes y aunque que la ley establece que deben ser como mínimo tres los oferentes, se siguió adelante como si tal cosa”, recordó un ex trabajador del organismo.
La empresa ganadora fue Perforaciones Schonfeld, que cotizó 88.472 pesos, pese a que su competidora, Perforaciones Paez, hizo una propuesta sensiblemente inferior, de 88.098 pesos. Lo curioso fue que el Enhosa no reparó en estos detalles como tampoco en el hecho de que las dos firmas se dedicaran a realizar pozos y que no tuvieran experiencia suficiente en la construcción de acueductos, como el que se hizo. “Esta obra adoleció de grandes falencias y en el organismo todos saben, por ejemplo, que la manta protectora que se colocó no se hizo por completo, sino que se dejaron largas zonas expuestas”, explicó la misma fuente. De ser así la empresa habrá obtenido una sustancial diferencia económica porque en los certificados de obra figura que la manta se colocó en todo el tendido del acueducto. Pero nadie parece haber observado nada, menos Righelatto, que en febrero de 2004 firmó en conformidad la recepción definitiva de la obra.
Para algunos, la relación que trabó con el empresario pocero abrió un nuevo horizonte al funcionario, quien por la misma época había vislumbrado un negocio estupendo. Desde su privilegiado lugar en el ente nacional tomó conocimiento de un programa con un nombre tan amplio como las posibilidades que ofrecía para sus apetencias personales: Fortalecimiento de Entidades Regulatorias Provinciales y Apoyo al Proceso de Transformación del Sector Agua Potable y Alcantarillado. Con su conocida locuacidad no tardó en convencer a su jefe de la conveniencia de suscribir un convenio de adhesión, que comenzó a cerrarse el 20 de agosto de 2003, cuando viajó a Capital Federal en su doble rol de funcionario nacional y empleado de Obras Sanitarias, junto a Culó y el ingeniero Cristian Caradec, perteneciente a la misma repartición.
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