Luis María Serroels
El conflicto suscitado por la instalación de las pasteras uruguayas tuvo entre sus efectos más importantes el haber generado en la sociedad entrerriana y argentina un estado de sensibilidad respecto de la defensa del medio ambiente, que despertó una toma de conciencia que debería mantenerse de frente a los tiempos venideros. Y que, además, tendría que extenderse hacia otras cuestiones que requieren firme denuncia y sólida defensa, en razón de que están en juego factores que condicionan la vida de las nuevas generaciones.
Para poder apuntalar los muy claros y contundentes argumentos esgrimidos por nuestro país a la hora de descalificar las decisiones adoptadas por el gobierno del vecino país, resulta primordial exhibir ante el mundo una actitud coherente en términos del ejercicio soberano de nuestros derechos a proteger nuestro aire, nuestras aguas y nuestro suelo.
¿Cómo exigir estándares de seguridad ambiental en el tema de las plantas de Fray Bentos si en nuestro país una decena de industrias del mismo rubro jaquean la calidad ambiental de millones de personas? Es cierto que esta realidad –y que no se relaman los uruguayos- de ninguna manera desmerece ni descalifica la lucha encabezada por los habitantes de Gualeguaychú, que han hecho propia los entrerrianos y no pocos connacionales. De lo que se trata es de que, a la par de esta cruzada ya indetenible, se avance sobre los abusos e incumplimientos que cometen empresas radicadas en las provincias de Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Tucumán y Jujuy, garantizando proteger a vastas poblaciones con el mismo derecho que hoy, con absoluta justicia, demandan los preocupados gualeguaychuenses y al que, en general, se mantienen bastante ajenos e indiferentes los porteños y los bonaerenses, también potenciales damnificados por la contaminación.
Y esta indulgencia que permite la continuidad en el atropello no sólo se vincula con el funcionamiento de la tecnología aplicada (es decir, desde el encendido de la primera máquina), sino que arranca a partir del desastre que origina el cultivo a grandes escalas de especies foráneas (Misiones) y las enfermedades causadas por el bagazo empleado como materia prima (Jujuy).
Muchas pasteras (no todas) que producen en territorio argentino utilizan el cloro elemental, procedimiento tan peligrosamente nocivo como el que ha generado el enfrentamiento binacional, con el añadido de que en ciertos casos la Justicia se ha mostrado benévola con las empresas. En consecuencia, un simple ejercicio de plena soberanía ambiental nos debe impulsar a una postura coherente. Sobre todo que para limpiar nuestra propia casa no hace falta la autorización de Tabaré Vázquez.
Pero en otro orden y siguiendo con la necesidad (y obligación) de defender la salud colectiva, evitando elementos perniciosos, es bueno volver sobre el tema del Acuerdo Nuclear con Australia, convalidado por una ley nacional amañada, que tuvo su promulgación presidencial automática por el tiempo transcurrido de su sanción. Dicha norma, para la cual se aplicó un sistema de votación que permitió sortear la pública asunción personal de responsabilidades, posibilita que Argentina, de haber sido tierra de promisión, se transforme en basurero nuclear.
Avasallando impunemente el artículo 41º de nuestra Constitución Nacional, a cambio de la construcción de un reactor nuclear por parte de la empresa mixta rionegrina Invac, se acordó que los residuos radiactivos provenientes del funcionamiento de esa instalación sean trasladados a nuestro país para ser tratados en el Centro Atómico de Ezeiza. Ello supone poner en grave riesgo la salud de unos 14 millones de personas, porque existen graves componentes cancerígenos que se expanden a través de las napas acuíferas por largas distancias (ya existen casos de enfermedades denunciados ante organismos oficiales), debiendo consignarse que el riesgo latente se prolonga por nada menos que 1.000 años. La industria nuclear, extremadamente sucia y peligrosa, hoy es considerada obsoleta y en retirada en el mundo. Si no existen riesgos, ¿por qué Australia no trata sus propios residuos en su suelo?
Esto suena harto contradictorio porque hace un par de años un magistrado federal de nuestra Patagonia y ante una presentación impidió que un buque con residuos nucleares procedentes de Estados Unidos y en tránsito hacia Japón pasara a menos de las 200 millas marítimas que fija nuestra soberanía territorial. Imaginemos entonces, en un futuro cercano, no ya el paso sino el desembarco de semejante carga en algún puerto próximo a la Capital Federal y su traslado a las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Justicia argentina nada ha hecho frente a la violación de nuestra carta magna por parte del propio Estado, quizás pensando que el daño lo sufrirán todos menos los jueces...
Otra cuestión que no se puede dejar de analizar se vincula con la creciente extranjerización del suelo argentino, convirtiendo en virtual subasta una considerable superficie del territorio nacional. El tema adquiere una inusitada gravedad porque los rastracueros de ignorada identidad (se habla de multinacionales pero también hasta de artistas de Hollywood) ya habrían adquirido unas 15 millones de hectáreas, aunque las estimaciones permiten duplicar esa cifra.
¿Qué cosas, qué emprendimientos planearán y ejecutarán en sus nuevas extensiones de tierra? ¿Podemos imaginar que tendrán especial consideración en el cuidado ambiental? ¿La ecología figurará entre sus preocupaciones principales? ¿Es dable ser optimistas cuando se sabe que por algo no invierten en sus países de origen y llegan a un país donde a priori imaginan, no sin antecedentes, un todo vale?
Todo ello sin perjuicio de otros “regalos” como la instalación de pistas clandestinas, futuras bases militares y maniobras despegadas de lo que es el interés nacional.
Días pasados citábamos la preocupación parlamentaria de Elisa Carrió sobre esas operaciones, a propósito de una denuncia que refiere a adquisiciones que se estarían realizando en la zona de Colón (Entre Ríos), como también lo interesado por el senador provincial Daniel Rosas Paz que, además, remitió una carta abierta al Presidente de la Nación.
Los antecedentes dan cuenta de su p de resolución votado el 24/09/02, amén de diversos pedidos de informes sobre inscripciones registrales de dominio de inmuebles rurales, composición societaria de ciertas firmas, control de inversiones efectuadas en la provincia, en especial cuando se sospecha un origen ilegal, adopción de los recaudos de ley exigidos frente a eventuales adquirentes extranjeros y en general operaciones clandestinas, retrasos impositivos y, sobre todo, la certeza de la figuración de peces gordos, entre los que habría personajes que en su momento usufructuaron parcelas del poder menemista.
Pero en un ámbito más doméstico, mal se puede adherir a la lucha contra las plantas de celulosa si aquí mismo, en la capital entrerriana, se mantiene sin solución una patética realidad, con un Volcadero que arrastra a centenares de familias a una tarea insalubre y cuya autocombustión llena el aire de sustancias contaminantes que cubren toda la ciudad. Y además, la fumigación en zonas pobladas con agroquímicos que terminan provocando enfermedades y que deberían ser objeto no ya de mayores controles, sino de firmes decisiones que veden esta práctica y duras multas que desanimen a los infractores.
Volvamos al título. La coherencia, aliada con la inteligencia y el sentido común, especialmente en defensa de la vida en todas sus manifestaciones, nos tornará fuertes ante el mundo y nos hará dignos de quienes, no habiendo nacido aún, nos han prestado nuestro planeta.
