J. C. V.
Pocas veces se ha hablado de las relaciones de los clubes con los gobiernos militares. Al igual que ciertos empresarios cómplices y sectores de la sociedad civil, algunas entidades deportivas también se vieron beneficiadas por los gobiernos dictatoriales en la provincia de Entre Ríos. En 1978, quien entonces estaba a cargo del Poder Ejecutivo, el comodoro retirado Pablo Federico Jávega, cedió gratuitamente y por 99 años importantes fracciones de tierra al Club Atlético Estudiantes y al Paraná Rowing Club. A 30 años de la instauración de la más sanguinaria dictadura militar en la Argentina, ANALISIS reconstruye las circunstancias y el entramado de relaciones que facilitaron los beneficios que recibieron ambas instituciones y que no hacen más que demostrar cómo algunos actores civiles se cobijaron bajo el poder de las botas para tejer sus negocios mientras toda una sociedad sufría la represión y el terrorismo de Estado.
Decenas de deportistas forman parte de la extensa lista de desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar en la Argentina. Son apenas un puñado, pero hasta hace poco tiempo no eran ni eso siquiera. Tal vez el atleta Miguel Sánchez, el tenista Daniel Schapira, el futbolista Carlos Alberto Rivada y un equipo completo de rugby de La Plata sean los casos más reconocidos y el contraste más notable de esa imagen que mostraba a Daniel Passarella en andas de sus compañeros con la copa en sus manos tras haberla recibido del represor Jorge Rafael Videla por la coronación de la selección de fútbol en el Mundial 78.
Distintos informes estiman que el número de deportistas desaparecidos durante la dictadura superó el medio centenar. Pero en Entre Ríos, contrariamente, hubo dirigentes que explotaron sus relaciones con el poder de las botas en beneficio de las instituciones, como fue el caso del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club, que durante la dictadura comenzaron a edificar lo que hoy son dos imponentes predios deportivos: El Plumazo y Tortuguitas, respectivamente. Son los mismos que aún hoy -y desde hace décadas- mantienen vedado el libre acceso a las playas públicas en la costanera, a las que sólo pueden ingresar su socios, a pesar de que el artículo 2.639 del Código Civil establece que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirvan a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río”. Los memoriosos todavía recuerdan cuando el intendente Juan Carlos Esparza (PJ), personalmente, cortó los alambrados que ambas instituciones tenían para delimitar sus playas, permitiendo el libre acceso, aunque luego las botas les permitieron restituir el enrejado.
El 24 de marzo de 1976 asumió como interventor federal de la provincia el entonces coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, que días después fue reemplazado por el brigadier retirado Rubén Daniel Di Bello, repitiéndose así el mismo esquema impuesto durante la autodenominada Revolución Argentina que en 1966 había dispuesto que Entre Ríos dependiese de la Fuerza Aérea, aunque el poder político lo ejercía el Ejército. Así, Trimarco volvió a la comandancia de la unidad militar entrerriana y siguió siendo el verdadero hombre fuerte. Di Bello, oriundo de Capital Federal, había sido agregado aeronáutico ayudante en Gran Bretaña, fue observador en Vietnam y estaba retirado desde octubre de 1975. Estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela Nacional de Guerra pero nunca había estado asignado a la unidad aérea de Paraná y tampoco tuvo singular simpatía con el golpe de Estado -lo que inclusive le motivó un distanciamiento con el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, cuando se lo dijo- y eso, en cierto modo, se notaba en sus discursos ambiguos de esos días.
Poco más de dos años después, Di Bello fue desplazado en medio de fuertes cuestionamientos por hechos de corrupción vinculados con las obras de construcción de la nueva ciudad de Federación. Su remoción fue impulsada por el propio Trimarco, que le brindó un pormenorizado informe al ministro Harguindeguy.
El 22 de agosto de 1978 juró como gobernador interino el comodoro retirado Pablo Federico Jávega, que se desempeñaba como secretario general de la Gobernación, que además quedó como ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia. Jávega tenía 52 años y había nacido en Villa Uranga, en el departamento Paraná. Durante varios años fue un destacado dirigente de rugby de la provincia de Córdoba, donde fue presidente de la Unión Cordobesa de Rugby durante 14 años, alternadamente entre 1969 y 1977, y sobre el final de la dictadura militar entre 1982 y 1983 después de desempeñarse como polifuncionario en la provincia de La Rioja y como delegado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Su paso a cargo del Poder Ejecutivo entrerriano fue fugaz. En realidad fue más largo de lo previsto y no tanto como el propio Jávega hubiese pretendido. Su arribo al poder provincial se dio en el marco de un golpe institucional tendido por Trimarco a Di Bello con la pretensión de que Jávega desplazara a la Fuerza Aérea del poder político en Entre Ríos y lo sirviera al Ejército. Pero Lito, como le decían a Jávega, pretendió extender su gobierno y para ello contaba con un fuerte apoyo en la Justicia Federal, ya que su influyente hermano Vicente Felipe, había integrado la Cámara Federal de Paraná hasta su sorpresivo fallecimiento por un infarto en 1977.
En tanto, meses antes, Salvador Morelli se había hecho cargo de la conducción del Club Atlético Estudiantes (CAE) luego de ser electo presidente a partir del 1° de agosto de 1978, período en el cual “se lanzó a hacer realidad un gran ‘progreso institucional’”, según consigna el libro editado con motivo del centenario del club y que narra su historia. Morelli, a su vez, era hermano del coronel Manuel Alejandro Morelli, fallecido de un ataque cardíaco en 1979, pero denunciado como responsable de graves casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Entre otros hechos, se le adjudicaba haber ordenado la denominada Masacre de Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, donde fueron asesinados 30 jóvenes militantes justicialistas con un balazo en la cabeza, tras lo cual se dinamitaron sus cuerpos. El coronel Morelli también había comandado la Superintendencia de Seguridad Federal del gobierno del general Jorge Rafael Videla, una dependencia que protagonizó graves casos de represión y crímenes de lesa humanidad, y fue acusado por Martha Oyanarte por el secuestro de su esposo, el empresario Héctor Sivak, según denunció el año pasado el semanario ANALISIS, provocando el pase a disponibilidad y posterior pase a retiro del jefe de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná, general Juan Carlos Willington, por autorizar la realización de un homenaje e imposición del hombre del nombre de Morelli al campo de polo de El Paracao, en un acto propiciado por el hermano del militar.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
