A la luz del día, los vocales del Superior Tribunal de Justicia reclaman a los jueces celeridad en resolver las causas. Amagan con no dejar jubilar a nadie que esté en deuda con su trabajo, pero lo cierto es que hasta ahora eso nunca fue un dolor de cabeza para los magistrados. Héctor Toloy, un hombre del bustismo en el estrado judicial, pudo ingresar recientemente a su nueva vida de jubilado sin dar mayores explicaciones sobre los motivos por los cuales nunca resolvió las causas más resonantes. Sin embargo, quienes la pasan mal son aquellos jueces que han expresado alguna opinión molesta para el poder político, aún cuando sus juzgados estén prácticamente al día. Tal es el caso de dos camaristas que vieron derrumbarse sobre ellos la tranquilidad desde el momento en que respaldaron la constitucionalidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según pudo determinar ANALISIS. Por estos días, retomó su curso un expediente sancionatorio contra aquellos magistrados que el poder tiene atragantados desde hace algunos años. Muchos de ellos fueron motorizados por abogados con indeleble identificación o pertenencia bustista, como los funcionarios Claudia Mizawak y Marcos Rodríguez Allende.
Que la morosidad en resolver las causas es un problema que mantiene preocupado a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) quedó a la vista con la reciente comunicación de prensa enviada a los medios de comunicación. Quien no tenga los despachos al día, no se podrá jubilar, amenazó el máximo tribunal.
Ocurre que hay jueces que dejaron un pesado lastre a quienes los sucedieron en sus lugares: pilas de expedientes sin ser tocados. Es posible que el caso de mayor resonancia -por la trascendencia de los asuntos que hibernaban en su despacho- sea el del juez de Instrucción Héctor Toloy, flamante jubilado que nunca pudo dar respuestas sobre la horrorosa muerte del abogado Lucio Dato, la desaparición forzada de los jóvenes Héctor Gómez y Martín Basualdo, ni el paradero de Fernanda Aguirre. No obstante, hay casos de mayor alevosía en materia de morosidad, según afirman algunas fuentes que conocen al dedillo el mundo judicial. Está la certeza de que es una constante el comportamiento de quienes tienen en puerta su jubilación: aplican el gas paralizante a las causas para evitarse el trabajo y el desgaste de fijar posición. De esa manera la especulación se traduce en niveles de atraso insostenible.
Sin embargo, la ventilada preocupación no es lo único que motiva la queja de algunos integrantes de la cúpula del Poder Judicial. Hay, en los tribunales de Paraná, una solapada batalla contra algunos jueces con discursos críticos que agreden los oídos oficialistas.
“Es una situación institucional grave”, evaluó un juez consultado por ANALISIS, luego de que diera por cierta la existencia de una guerra fría contra algunos magistrados. Tal es el caso de los camaristas de la Sala I en lo Penal, que -casualidad o no- empezaron a ser blanco de críticas luego de que no respaldaran la apetencia de Jorge Busti y sus seguidores, quienes pretendían declarar inconstitucional la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
Por estos días, la novedad estuvo dada en que algunos expedientes de pedidos de sanciones han sido desempolvados y seguirían su curso. La saga de cuestionamientos hacia los camaristas se inició apenas el vocal Felipe Mario Celli opinó que el organismo a cargo del ex fiscal Oscar Rovira, era “el único intento serio de investigación de la corrupción administrativa”. Desde entonces no cesaron los aprietes y rechazos de cuantas cosas salgan de esas oficinas.
El pedido de sanción era una inusualidad en el mundo de los tribunales hasta que se desató una tirria especial hacia los camaristas más críticos. Hasta entonces el único antecedente había sido el pedido formulado por el vocal Daniel Carubia contra los camaristas de la Sala II, que dejaron prescribir la causa iniciada por la presunta estafa administrativa en la compra de alimentos destinados a planes sociales (las famosas “cajas” de los legisladores justicialistas). Amigo y todo del actual gobernador Busti, el pedido de Carubia resultaba lógico y justificado.
Los pedidos de sanciones que ahora se acumulan haciendo especialmente blanco en dos vocales, tienen una diferencia sustancial con aquel viejo pedido que Carubia hizo contra los vocales Teresita Nazar, Pablo de la Vega y Arturo Landó. Y es que, mientras estos últimos fueron reprendidos por dejar caer una causa que salpicaba al poder, los otros pasaron a ser cuestionados apenas tuvieron un discurso crítico con el mismo poder.
“Ocurre una situación muy llamativa, y es que el tercer vocal de la Cámara nunca es pasible de las mismas observaciones”, advirtió una fuente consultada por este semanario. Así, por ejemplo, el camarista Jorge García no fue objetado cuando fundamentó el fallo absolutorio en una causa de abuso sexual con acceso carnal, mientras que sus pares -Celli y Juan Ascúa- sí fueron reprochados por adherir a lo dicho por García. Ocurre que este último camarista no es blanco predilecto del oficialismo, aunque tampoco su amigo.
Un caso similar ha ocurrido sistemáticamente con el camarista Ricardo González, parte activa del tribunal al que le rechazaron cuatro sentencias y, sin embargo ha quedado fuera de los llamados de atención y pedidos de sanciones. Otra vez más, Celli y Ascúa sí fueron objeto de actuaciones internas.
Las declaraciones de Celli referidas al poder político nunca pasaron inadvertidas. Al gobernador lo acusó públicamente de incurrir en abuso de poder cuando pidió un jury contra los jueces de ejecución de penas que aplicaron la ley de salidas sociolaborales en favor de Miguel Lencina, sindicado como el principal sospechoso del secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre. También había sido crítico con el método de designación de los vocales del Superior Tribunal de Justicia dispuesto por el actual gobernador, y más de una vez dijo que la Policía de la provincia “estaba desorientada” en el caso de la niña de San Benito. Todo esto generó un halo de demonio sobre la figura del camarista, y eso se traslada incluso a su par, Juan Ascúa, de perfil mediático más bajo pero con criterios similares al momento de fundamentar sus votos en muchas sentencias.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
