Ayelén Waigandt
Aunque la protección de la niñez sea uno de los tantos caballitos de batalla de cada campaña electoral, los diversos gobiernos de turno no han logrado implementar, ni mucho menos sostener, una política que permita erradicar la existencia de niños en situación de calle, abandono y pobreza. Y aunque existen múltiples programas que atienden ciertas necesidades focalizadas, como la alimentación o la salud, ningún organismo gubernamental ha logrado brindar una atención integral de la situación de la minoridad en riesgo. Para completar el panorama, diversas instituciones de Paraná dedicadas a este trabajo están en peligro de desparecer por falta de financiamiento. El siguiente informe de ANALISIS desnuda una preocupación que deja al descubierto las ineficiencias del Consejo del Menor, y otros organismos estatales, en la implementación de políticas públicas destinadas a la contención de los menores en riesgo y sus familias.
El 28 de septiembre de 2005 el Congreso Nacional sancionó la Ley Número 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuyo objeto es “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”.
Para ello, en su artículo 3º establece que se buscará “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar:
“a)- Su condición de sujeto de derecho;
“b)- El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
“c)- El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
“d)- Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
“e)- El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
“f)- Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”.
Sin embargo, en la ciudad de Paraná existen diversas instituciones -hoy financiadas por el Programa Nacional de Atención a Menores en Riesgo Social (Proame)- que luchan contra las estrategias públicas que “son contradictorias a la ley” y proponen la aplicación de políticas focalizadas. Ésta es la situación del Centro de Día Virgen de la Esperanza, de Barrio San Agustín, dependiente de las Hermanas Franciscanas de Gante; del Centro de Día Abrimos nuestras puertas, de Barrio Yatay, dependiente de las Hermanas Mercedarias; del Proyecto del Club de Abuelas de Barrio Belgrano; del proyecto de capacitación laboral en talleres para chicos especiales que funciona en la Escuela Melvin Jones y depende del Club de Leones Paraná Centro; del Programa de Orientación para el Joven (OPJ) que brinda talleres de capacitación para jóvenes y funciona en calle 9 de Julio y del Proyecto La Tarde, destinado a niños en riesgo y dependiente de la Iglesia Evangélica, que funciona en calles Churruarín y Blas Parera. En total, albergan a 1.500 chicos en riesgo de distintos barrios de la capital provincial.
“Sucede que el Proame financia actividades que tienden al complemento de la escolaridad de la educación formal sistemática, y al complemento alimentario, de recreación y promoción de derechos, pero como todos los programas nacionales, tiene un inicio y una finalización”, explicó a ANALISIS la coordinadora del Centro de Día Virgen de la Esperanza, Natalia Arioli. “Cuando surgieron los diversos centros la propuesta era que, a la larga, pudieran autosustentarse cuando terminara el financiamiento nacional, pero el problema es que es imposible que este tipo de servicios sociales que trabajan con niños en riesgo, por sus objetivos y naturaleza, logren por sí mismos una sustentabilidad, dado que implicaría que pongamos a trabajar a los chicos, por lo tanto hay una contradicción ya en el planteo inicial de la situación”.
En este marco, el programa finaliza en septiembre de este año lo que pone en serio riesgo la atención de estos 1.500 pequeños paranaenses que “están en alguna situación de vulnerabilidad de derechos, tanto en relación con la exclusión de la escolaridad, como con el refuerzo alimentario, la vestimenta o la recreación, ya que en general, son chicos con necesidades básicas insatisfechas”, advirtió la coordinadora del Centro de Día Abrimos nuestras puertas, Liliana Pis.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
