Ayelén Waigandt
El 4 de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia que absolvió a los seis imputados por el brutal asesinato de Flavia Verónica Schiavo, ocurrido en Concepción del Uruguay el 10 de julio de 1999, y ordenó que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho. A partir de ese momento, la causa ingresó en un terreno de arenas movedizas, dado que, una vez en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, los miembros de la Sala Penal Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Miguel Carlín se excusaron de seguir entendiendo en la causa y se conformó un nuevo tribunal integrado por Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda y Germán Carlomagno. Sin embargo, los abogados querellantes rechazan esta conformación y tras dos recusaciones la situación aún sigue sin resolverse. En medio de esta marea legal y de las diversas interpretaciones del derecho, quedó Flavia, y otra muerte aberrante ocurrida en la provincia de Entre Ríos, que aún espera justicia.
En la mañana del 10 de junio de 1999, Flavia Verónica Schiavo salió de su casa en su moto Daelim de color azul con la intención de realizar una serie de trámites en el centro de Concepción del Uruguay. La joven de 21 años se despidió de su madre, Élida Corazza, diciéndole que regresaba a almorzar, pero eso nunca ocurrió. Dos días después, tras una intensa búsqueda de la que participaron canes de la Policía de Paraná, el cuerpo de Flavia fue encontrado mutilado y con varios órganos seccionados en el conocido Parque de la Ciudad, de La Histórica. Había sido degollada y así lo evidenciaban las marcas en la zona del cuello, pero además presentaba un balazo y un golpe en la cabeza, producto de un mazazo, según reveló la autopsia. Su cuerpo fue destrozado por los perros y uno de sus brazos fue encontrado a unos 400 metros del lugar en donde apareció el cadáver.
Con el correr de los días se encontró la moto, desarmada en el fondo de un aljibe y se detuvo a los moradores de la casa y a sus supuestos cómplices. En el lugar también se secuestró una maza que coincidía con las características del golpe que la joven presentaba en la cabeza.
Desde entonces, surgieron las más variadas hipótesis, aunque pocas encontraron real asidero. Algunas vinculaban el hecho a ajustes de cuentas o a un “mensaje” del narcotráfico; el rumor popular aseguraba que Flavia, que trabajaba como mensajera, descubrió casualmente el contenido de un paquete que debía llevar: droga. Desde la familia, siempre se denunció que la red de encubrimiento era tan amplia que intimidaba: médicos, políticos, funcionarios a nivel provincial, policías y hasta allegados a la Justicia.
Cuatro años después del crimen, tras una instrucción marcada por vaivenes, acusaciones cruzadas y sospechas de todo tipo, y en la que según los abogados de la familia lo poco que se avanzó fue por la investigación de los querellantes, seis personas fueron llevadas a juicio oral y las seis resultaron absueltas. Tres de ellas: Juan Martínez, Alejandro Díaz y Martín Coronel, fueron relacionadas al caso luego del hallazgo de la moto de Flavia y de otros elementos incriminatorios. Las otras tres, Oscar Ventos, Pedro Scelzi y Julio César Figueroa, fueron detenidas tras la declaración de un menor que los señaló como autores del hecho.
Lo cierto es que la falta de pruebas que permitan una acción condenatoria fue el argumento del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, integrado por Pascual Fervenza, Fabián López Moras y Jorge Amílcar García, para absolver a los acusados. Fue el 14 mayo de 2003 cuando los jueces anunciaron que los seis imputados quedaban libres de culpa y cargo.
Nunca pudo comprobarse el porqué de un crimen con tanta alevosía y brutalidad. La única explicación posible para el silencio con que se cubrió el crimen fue que detrás se escondían personas allegadas al poder.
Paso atrás y dudas a futuro
A fines de 2003 los abogados de la familia Schiavo presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gregorio Garro y Jorge Escalante, los profesionales que asesoran a los padres de Flavia, habían pasado sucesivamente por la Cámara de Apelaciones de Gualeguay y por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, tratando de lograr la nulidad de lo actuado en el trámite judicial que investigaba el asesinato de la joven uruguayense, sobre la base de una serie de cuestionamientos que arrancaban con la instrucción de la causa, es decir, desde su propio inicio.
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