Son cinco años los que pasaron desde aquellos días trágicos de Diciembre de 2001. Saqueos, represión, víctimas, dolor, fueron las palabras que se escucharon, leyeron y vieron en las imágenes de diferentes episodios, fundamentalmente de Paraná. Cinco años después, un ex subjefe de la Policía de Entre Ríos optó por enviarle una carta al actual titular de la fuerza de seguridad, Héctor Massuh, para reclamarle una profundización en la investigación de los hechos y así dejar al descubierto a aquellos que participaron de la masacre, ordenada por el gobierno de Sergio Montiel. ANALISIS accedió a la misiva del comisario general (R), Víctor Leal y reproduce aquí buena parte de los conceptos.

En una nota dirigida al jefe de Policía, Héctor Massuh -a la cual tuvo acceso ANALISIS- y a propósito de cumplirse cinco años de los trágicos hechos de diciembre de 2001, quien fuera subjefe de la institución durante la segunda gestión de Jorge Busti, el comisario general (R) Víctor Leal, le formula agudas reflexiones sobre el comportamiento policial en dichos episodios, puntualizando severas objeciones sobre la conducta exhibida en la cadena de mandos y reclamando una profunda investigación administrativa para determinar responsabilidades en la muerte de tres jóvenes. Fundamenta su pedido en el deseo de contribuir al esclarecimiento final de episodios tan dolorosos. El firmante del documento pone especial énfasis en la actuación del entonces titular de la fuerza, comisario general Victoriano Ojeda y sus subalternos, pero también alude a quien se desempeñara luego al inicio de la actual administración gubernamental, comisario general Ernesto Geuna, a quien acusa de no haber cumplido su compromiso de investigar los sucesos de aquellos días.

“Existen antecedentes respecto de que no se registra caducidad alguna para el inicio de una amplia investigación de carácter administrativo contra la cúpula policial de entonces, encabezada por el comisario Ojeda”, afirma la nota, que incluye a directores de distintas áreas. Añade que “cuando se registran pérdidas de vidas debe entenderse que detrás de ello existen responsables”, agregando que “hablamos de circunstancias muy críticas y difíciles que se vivían en nuestra capital (…) los hechos que las enmarcaban cobraron amplio estado público a través de radio y televisión que daban cuenta de ello en forma directa y simultánea, es decir que la ciudadanía los ‘vivió’ aún desde su hogar”.

Es allí donde puntualiza Leal que “frente a tamaña situación que comprometía seriamente la paz social, la fuerza policial pasó a ser protagonista de lo que ocurría, donde quedó evidenciada la inexperiencia de altos funcionarios políticos y policiales para enfrentar y conjurar el problema. Fue evidente que se colocó oficiales de baja jerarquía ante la alta responsabilidad de salir a la calle, en operaciones en las que se reprimió y hasta se efectuaron disparos contra la gente, sin evaluar ni ponderar en qué marco y por qué causas detonantes se hacían las marchas”. Cabe recordar que los principales hechos de represión se registraron en las zonas de Bajada Grande -donde fueron asesinados la joven Romina Iturain y a los pocos días apareció muerto, bajo unas gomas apiladas, José Daniel Rodríguez-, Maccarone -en que fue asesinada Eloísa Paniagua, quien cayó en medio del campo deportivo Berduc- y San Agustín, entre otros lugares.

Contexto y ausencias

El ex funcionario Leal critica que “frente a un contexto de caos que debía ser controlado en base a las normas de procedimiento que rigen los reglamentos, no se observó la presencia del jefe, del subjefe ni directores del orden provincial, cuestión no menor si se recuerda que por ese entonces la Jefatura Departamental Paraná había sido trasladada a María Grande y el cuadro imperante demandaba presencia efectiva”. Señala luego que “está claro que una acción inmediata y decidida en cuanto a las directivas exigibles, hubiera evitado disparar indiscriminadamente contra la multitud y con ello también librar a nuestra sociedad de esas muertes”. También alude al agotamiento de la disponibilidad de cartuchos de postas de goma, la desprolijidad en la forma de actuar, la falta de organización y de órdenes adecuadas, “lo cual -sostiene- se veía agravado por el hecho de que los efectivos también enfrentaban situaciones económicas que no les otorgaban precisamente un equilibrio psíquico suficiente, resultando así factor fundamental la intervención operativa directa de la cúpula policial y el propio gobierno, que no se produjo”. Siempre se supo que, en el caso de Bajada Grande, directivos de Wal Mart dispusieron la entrega de municiones a los policías, ante la inexistencia de balas. Y a ello se sumaba lo planteado por Leal, en el sentido de que la mayoría de los efectivos que reprimieron, pasaron días sin dormir y en servicio permanente.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)