Daniel Tirso Fiorotto - Jorge Riani
(especial para ANALISIS)
La reforma constitucional llega viento en popa. La carta magna tiene setenta y pico y no estaría mal actualizar conceptos. Con buen tino, algunos políticos impidieron que se reformara en tiempos de vigencia plena del neoliberalismo privatista encarnado aquí por el gobierno actual que, ahora, guiado por otros aires que soplan en Latinoamérica, provocó un giro en su discurso (y no mucho más que su discurso). El riesgo de tocarla para empeorar está latente, y aquí van algunos requisitos previos sine qua non.
Reformar la Constitución tendría sus ventajas, más allá del intento de los poderosos de entretener al pueblo con grandes anuncios de cambios, cuando el texto actual permite modificaciones fundamentales de conductas sin tocarle una coma.
Aún así, jamás se logrará una Convención Constituyente con algún viso de democracia, con un mínimo de libertades previas al acto eleccionario, si no se cumplen varios requisitos por un plazo prolongado. En el contexto actual la reforma podrá hacerse, y se hará maniatada, claro, por un poder legal y no legítimo, viciado en su origen, y viciado aunque en las urnas gane 90 a 10. Se han conocido regímenes que ganaban y masacraban a la vez.
En el actual contexto, y más allá de otros debates que deben darse en torno al qué y al cómo de la reforma, en donde habrá obviamente opiniones disidentes, urge introducir cambios en el sistema para permitir la formación de la opinión pública. Es una gran deuda pendiente. El actual sistema es engañoso, aquí manda el aparato y por consiguiente, la democracia tiene visos de autocracia, de plutocracia y de punterocracia. Se ha llegado al extremo de un fenómeno que anuda cada acción de gobierno con el voto, incluida la manipulación de la información, de modo que desatarse de esa trama perversa requiere de actos de arrojo para gran parte de la comunidad.
La sociedad debe generar anticuerpos para este sistema que la maniata y al mismo tiempo le cierra los caminos para conocer su propio entorno. Es una enfermedad que debe ser explicitada y combatida como un deber ciudadano, una enfermedad que se expande en épocas de crisis pero encuentra su caldo de cultivo particularmente en períodos de cierta holgura como el actual, con presupuestos oficiales flexibles y no transparentes.
Estos son algunos de los puntos que la sociedad política debe reclamar antes de permitir la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, para fundar un marco mínimamente democrático.
Primera garantía: adiós a los jueces
1)- Que se llegue a un acuerdo previo para colocar a la cúpula del Poder Judicial, es decir, todos los vocales del Superior Tribunal de Justicia, en comisión y elegir jueces por un Consejo de la Magistratura. Los actuales jueces del STJ podrán postularse, es decir, no habrá proscripciones. La designación del legislador Emilio Castrillón como vocal rebasó todos los límites, terminó de viciar de antirrepublicanismo a un tribunal que ya estaba viciado, y es hora de revertir este proceso antirrepublicano. El poder que coloca amigos en el mayor cuerpo de Justicia (el poder actual) no ofrece ninguna garantía de ecuanimidad, pierde autoridad por su propia acción y desmiente con el ejemplo todos sus propios discursos.
2)- Que se acuerde poner a la cúpula del Tribunal de Cuentas de la provincia en comisión y elegir también por un Consejo similar.
3)- Que se anule la ley votada el año pasado que permite a los condenados seguir en funciones, en clarísimo favoritismo hacia el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi. Que el partido de gobierno abandone su apoyo a Rossi -sentenciado a prisión en suspenso y otras penas por enriquecimiento ilícito-, y se comprometa a destruir su poderosa red de compra de conciencia en Santa Elena, con la constitución de comisiones multisectoriales para entender en los planes sociales y los organismos públicos de esa ciudad. Un oficialismo que respalda la estructura perversa del sistema político de Santa Elena no tiene derecho a sentirse legitimado para encarar una reforma constitucional. Si el oficialismo se queda con Rossi, la sociedad no deberá habilitar la reforma porque tendrá ante sus ojos un mensaje clarísimo de impunidad que deslegitima.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
