Luciana Dalmagro

Designado por un gobierno de facto, se convirtió en uno de los ideólogos y defensores a ultranza del Consejo de la Magistratura. Con más de 30 años en el Poder Judicial y uno de jubilado, espera que la reforma constitucional ratifique el funcionamiento de la joven institución y que también se revea la designación de vocales del STJ. Señala al nombramiento de Emilio Castrillón como un retroceso institucional y se indigna: “Esta situación no pude quedar en el limbo. Por lo menos que digan que está bien que un magistrado transmita los comicios por radio con fondo de cumbia y salude candidatos”. Asegura que no quiere ser convencional y espera que haya apertura a la hora de las postulaciones.

Enrique Pita se jubiló en enero de 2006 después de ocupar por más de 20 años el cargo de vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Tenía 60 años y sintió que “se había cumplido un ciclo y se abría otra instancia”. Confiesa que, sobre todo en los primeros tiempos, extrañaba mucho el trabajo. Y es entendible ya que ingresó al Poder Judicial en 1971, cuando tenía 25 años y dos de recibido en la UNL. Su primer cargo fue el de defensor de Pobres y Menores en la localidad de Diamante. Por esos años se casó con una docente de Literatura y en esa ciudad nació su hija mayor, hoy arquitecta y radicada en Estados Unidos. Cuatro años más tarde se trasladó a Paraná y asumió como fiscal. “Ésa fue mi única y breve experiencia en el fuero penal”, acota.

Esta designación fue a través de una suerte de Consejo de la Magistratura establecido en el gobierno de facto liderado por el brigadier retirado Ricardo Favre. “Era un Consejo solamente consultivo, sin exámenes ni concursos, absolutamente precario e inserto en un sistema institucional más que desfavorable”, amplía. No le pesa haber sido designado por un gobierno militar pero, claro está, no le causa ningún orgullo. “Este tipo de designaciones han sido cuestionadas y se han replanteado a través de algunas nominaciones a nivel nacional, como es el caso de Eugenio Zaffaroni, que había jurado como juez por los estatutos del gobierno militar. Se analizó su desempeño caso por caso y no hubo nada que objetar. De todos modos, no es algo que reivindico ni valoro como un hecho positivo en mi carrera”, señala. Al poco tiempo fue nombrado juez Civil y Comercial, pero bajo el sistema tradicional: “Tenía un conocido en el Superior Tribunal de Justicia e hice saber mi voluntad de ocupar el cargo”, explica.

Con el correr del tiempo llegó su designación como vocal de Cámara, otros tres hijos -un abogado que trabaja con él en el estudio, una psicóloga y un estudiante de Derecho-, una importante carrera como docente -enseña en la UNL, en la UCA y en la UNER- y la participación en instituciones de gran relevancia. Presidió por dos períodos la Asociación de Magistrados de la que es miembro hasta la actualidad, integró la Federación Argentina de Magistrados (FAM) a lo largo de una década y participó en el diseño del Consejo de la Magistratura, del que también fue parte.

Su estudio está en el primer piso de un edificio ubicado en calle Colón y se encuentra muy ordenado. Abundante luz natural ingresa por una amplia ventana contrafrente y un juego de muebles de madera oscura compuesto por un escritorio, una biblioteca, un modular y una mesa de computadora ocupan el prolijo despacho en el que Pita recibe a este semanario. Habla, fundamentalmente, de un tema que lo obsesiona: las designaciones en el Poder Judicial. Y va de un extremo al otro: satisfacción por el buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura e indignación por el nombramiento de Emilio Castrillón en el STJ.

-¿Qué recuerda, a esta altura, de la creación del Consejo de la Magistratura?
-Fue una experiencia sumamente positiva y un objetivo por el cual peleamos mucho. Se trató de una lucha difícil porque en la provincia los sectores políticos no querían, en general, abandonar ese cupo que suponen las designaciones de los jueces. La cuestión estalló al final del último gobierno de Sergio Montiel, cuando se estaban por realizar cerca de 30 designaciones. En ese contexto se logró un fuerte consenso que incluyó la participación de muchos sectores. Destaco, entre otras, la participación gremial no sólo de entidades vinculadas al sistema judicial. Por ejemplo, la de Edgardo Massarotti, que tuvo la capacidad de movilizar a muchas organizaciones, lo que produjo que el reclamo no quedara como una cuestión corporativa de jueces y abogados, sino como una lucha social. Logramos la puesta en funcionamiento, lo que produjo un cambio cualitativo y fundamental. Y aunque muchos apostaban claramente al fracaso del Consejo, es una institución que vino para quedarse.

-¿Podría establecer algunas comparaciones entre el sistema anterior y el Consejo?
-Antes había un deterioro de largo plazo, independientemente de las personas. De esas casi 30 designaciones que no se hicieron, muchos postulantes, la mayoría, revalidaron sus títulos vía Consejo de la Magistratura. Era un problema el sistema mismo. Había buenas designaciones, mediocres y muy malas, en proporciones similares. Si alguien pregunta si ese mecanismo producía buenas designaciones, debo decir que sí. Yo mismo fui designado por ese medio. Pero las buenas designaciones fueron fruto de la casualidad, de tres o cuatro recomendaciones positivas que se juntaron en torno a un nombre, no porque hubiera un sistema armado para producir buenas designaciones. Y esto se vincula también con la igualdad de oportunidades. Ahora los aspirantes no tienen que hacer cola en el despacho de un legislador o de un ministro o ser parientes de alguien para llegar a un cargo. Tiene que mostrar sus antecedentes y rendir un examen. Una de las cosas que más me conmovió cuando integré el Consejo fueron los aspirantes que manifestaban que la única manera de estar allí sentados en el examen era el nuevo sistema, ya que no tenían apoyos, ni parientes, ni influencias. Y muchos son buenos jueces que no hubiéramos tenido.

-¿Qué se le viene a la mente cuando habla de malas designaciones?
-El perfil ético del juez y el perfil técnico, y también debilidades personales frente a la toma de decisiones. Todo eso hace un mal juez.

-¿Cree que un gobierno de otro partido político hubiera instaurado el Consejo también?
-El tema venía planteándose hace años. Cuando entró en crisis el sistema, nos reunimos con los tres candidatos a gobernador que tenían posibilidades en ese momento, un mes antes de las elecciones. Sergio Varisco, Emilio Martínez Garbino y Jorge Busti manifestaron su absoluto convencimiento de que había que establecer el Consejo de la Magistratura. Pero la situación tampoco daba para más. La reforma constitucional sería la culminación de este proceso.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)