El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que habilita la entrada en vigor de la Ley de Muerte Digna, una normativa que legaliza la eutanasia en el país. El acto marca un hito en la región, ya que se convierte en el tercer país de América Latina que permite el acceso a la muerte médicamente asistida, después de Colombia y Ecuador.
El texto legal fue aprobado en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores tras un extenso debate político y social. La nueva legislación otorga a mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, el derecho a solicitar la eutanasia si sufren una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida.
El proceso exige que la persona solicite personalmente el procedimiento ante un médico y que lo haga por escrito en presencia del profesional, o mediante un tercero adulto si la condición física lo impide.
La reglamentación, firmada por Orsi, establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión bajo la presidencia del Ministerio de Salud Pública.
Esta comisión será responsable de supervisar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y protocolos estipulados por la ley.
La comisión funcionará como un órgano de control independiente que revisará cada caso para asegurar la correcta aplicación de la normativa.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Orsi afirmó: “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”.
La ley establece que podrán acceder tanto los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, como los extranjeros con residencia habitual en el país. El procedimiento requiere una solicitud voluntaria presentada ante un médico, quien debe asegurarse de que el paciente esté psíquicamente apto para tomar la decisión.
Además, el médico debe informar al paciente sobre las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificar que la voluntad manifestada sea libre y firme.
El proceso contempla una segunda consulta con otro profesional de la salud, quien también deberá evaluar la situación clínica y la determinación del paciente.
Si ambos médicos coinciden en que se cumplen los requisitos, el solicitante tendrá una nueva entrevista con el primer médico para confirmar su voluntad de acceder a la eutanasia. En ese momento, la persona deberá dejar constancia escrita de su decisión ante dos testigos, quienes no podrán beneficiarse económicamente de la muerte del declarante y deberán declarar bajo juramento.
El texto legislativo aprobado por el Senado con 20 votos favorables señala que el objetivo principal es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que determinen”.
