D. E.
Ese día de septiembre de 2008 en que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, llegó al inmenso establecimiento agropecuario de la firma Delrubio y Hunmendi, su principal accionista no estaba. El alto funcionario provincial llegó a cumplir un mandato judicial: expropiar el campo de 2.500 hectáreas, ubicado en el departamento Tala, como parte de la decisión judicial que, además de condenarlo a prisión condicional e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por varios años, disponía una multa y la entrega de las tierras al Estado. Fue un fallo histórico y con pocos antecedentes en la justicia argentina, contra el ex presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, Mario Alberto Yedro –también ex concejal de la comuna de Concordia-, considerado uno de los hombres clave del bustismo, tanto en la primera como la segunda administración. De esa manera se le decía a Yedro: usted robó, se enriqueció de manera ilícita desviando recursos del Estado y la mejor manera de pagar su malversación de fondos públicos es entregando el campo que compró con dinero mal habido.
Yedro llegó al lugar poco después, en su camioneta de importantes dimensiones. “Vos tenés una cuestión personal conmigo”, le dijo a Rodríguez Signes a poco de bajar del vehículo, mientras observaba de reojo al oficial de justicia y al policía que habían acompañado al funcionario.
Rodríguez Signes le explicó que estaba cumpliendo un mandato judicial; incluso, no tuvo problemas en hablar con el abogado de Yedro, Jorge Romero, para explicarle la situación. Romero es el mismo que alguna vez fue socio de Jorge Busti en su estudio en Concordia, donde en cierto momento estuvo en idéntica situación el vocal Daniel Carubia, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Romero también fue abogado de Augusto Alasino –en la causa por enriquecimiento ilícito, finalmente archivada en Concepción del Uruguay- y estuvo por no más de 40 días al frente de la Fiscalía de Estado, a poco de empezar Busti su tercer mandato.
En la actualidad, Romero es el asesor legal de la CASFEG, en Concordia.
“No pueden tomar posesión del campo, porque hay un recurso ante la Corte Suprema”, dijo Yedro, sin ocultar esa sonrisa irónica que siempre lo caracterizó. “Lo único que quisiera es que algún ministro de la Corte se de tiempo para leer la sentencia que me impusieron en Concordia. Si la leen, anulan el fallo”, afirmó el abogado Yedro. De hecho, con el correr de los días, la Procuración General de la Nación (PGN) recomendó a la Corte Suprema de Justicia que rechace la queja planteada por la defensa del ex senador y su ex esposa Silvia Torres. El ex senador y quien fuera su cónyuge habían sido condenados en diciembre de 2005 por la Cámara Penal de Concordia, compuesta por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay, a prisión condicional (tres y dos años respectivamente) por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, se impuso una multa de 90.000 pesos.
A la espera
Desde el día en que el Estado ingresó al campo de Yedro, el ex legislador debe pagar un canon bimestral dispuesto por el Consejo de Tasaciones de la provincia, que se deposita puntualmente en la administración del Consejo General de Educación, tal como lo establece la ley. Lo debe hacer hasta que salga la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ello suceda –todo indica que allí se rechazarán las pretensiones de Yedro-, el ex senador provincial deberá desalojar definitivamente el campo, que dispone de un casco importante, hacienda, algo de agricultura y monte, que es lo que ocupa cerca de la mitad de tales tierras. Lo cierto es que cada hectárea en esa zona está valuada en 3.000 dólares. El campo está a nombre de la firma Delrubio y Hunmendi, conformada en el mes de febrero de 1997. O sea, casi un año después y justo un mes antes de adquirir la estancia de 2.500 hectáreas, los otros 3 integrantes de la firma y sin que medie contraprestación, le cedieron las acciones a Yedro y a su mujer. Los ex integrantes de esa sociedad eran Juan D. Orabona, Juan Martín Telayna y Jorge Cutro. Algunos de ellos estuvieron y están aún ligados al Senado entrerriano.
Inminente definición: la Corte rechazaría el planteo de Yedro y su campo se destinaría como recurso para la Educación
La plata vuelve al pueblo
En ámbitos oficiales se da por hecho que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazará el planteo del ex presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, Mario Yedro, y por ende quedará firme la sentencia por enriquecimiento ilícito, por la que deberá entregar su campo de 2.500 hectáreas, valuado en 7,5 millones de dólares. La idea en el gobierno es que esos bienes pasen a financiar la educación entrerriana, ya sea a través del arrendamiento de las tierras o bien su venta, en medio de un prolongado conflicto con los gremios, en especial por reclamos salariales y de inversión en escuelas.
D. E.
Ese día de septiembre de 2008 en que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, llegó al inmenso establecimiento agropecuario de la firma Delrubio y Hunmendi, su principal accionista no estaba. El alto funcionario provincial llegó a cumplir un mandato judicial: expropiar el campo de 2.500 hectáreas, ubicado en el departamento Tala, como parte de la decisión judicial que, además de condenarlo a prisión condicional e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por varios años, disponía una multa y la entrega de las tierras al Estado. Fue un fallo histórico y con pocos antecedentes en la justicia argentina, contra el ex presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, Mario Alberto Yedro –también ex concejal de la comuna de Concordia-, considerado uno de los hombres clave del bustismo, tanto en la primera como la segunda administración. De esa manera se le decía a Yedro: usted robó, se enriqueció de manera ilícita desviando recursos del Estado y la mejor manera de pagar su malversación de fondos públicos es entregando el campo que compró con dinero mal habido.
Yedro llegó al lugar poco después, en su camioneta de importantes dimensiones. “Vos tenés una cuestión personal conmigo”, le dijo a Rodríguez Signes a poco de bajar del vehículo, mientras observaba de reojo al oficial de justicia y al policía que habían acompañado al funcionario.
Rodríguez Signes le explicó que estaba cumpliendo un mandato judicial; incluso, no tuvo problemas en hablar con el abogado de Yedro, Jorge Romero, para explicarle la situación. Romero es el mismo que alguna vez fue socio de Jorge Busti en su estudio en Concordia, donde en cierto momento estuvo en idéntica situación el vocal Daniel Carubia, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Romero también fue abogado de Augusto Alasino –en la causa por enriquecimiento ilícito, finalmente archivada en Concepción del Uruguay- y estuvo por no más de 40 días al frente de la Fiscalía de Estado, a poco de empezar Busti su tercer mandato.
En la actualidad, Romero es el asesor legal de la CASFEG, en Concordia.
“No pueden tomar posesión del campo, porque hay un recurso ante la Corte Suprema”, dijo Yedro, sin ocultar esa sonrisa irónica que siempre lo caracterizó. “Lo único que quisiera es que algún ministro de la Corte se de tiempo para leer la sentencia que me impusieron en Concordia. Si la leen, anulan el fallo”, afirmó el abogado Yedro. De hecho, con el correr de los días, la Procuración General de la Nación (PGN) recomendó a la Corte Suprema de Justicia que rechace la queja planteada por la defensa del ex senador y su ex esposa Silvia Torres. El ex senador y quien fuera su cónyuge habían sido condenados en diciembre de 2005 por la Cámara Penal de Concordia, compuesta por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay, a prisión condicional (tres y dos años respectivamente) por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, se impuso una multa de 90.000 pesos.
A la espera
Desde el día en que el Estado ingresó al campo de Yedro, el ex legislador debe pagar un canon bimestral dispuesto por el Consejo de Tasaciones de la provincia, que se deposita puntualmente en la administración del Consejo General de Educación, tal como lo establece la ley. Lo debe hacer hasta que salga la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ello suceda –todo indica que allí se rechazarán las pretensiones de Yedro-, el ex senador provincial deberá desalojar definitivamente el campo, que dispone de un casco importante, hacienda, algo de agricultura y monte, que es lo que ocupa cerca de la mitad de tales tierras. Lo cierto es que cada hectárea en esa zona está valuada en 3.000 dólares. El campo está a nombre de la firma Delrubio y Hunmendi, conformada en el mes de febrero de 1997. O sea, casi un año después y justo un mes antes de adquirir la estancia de 2.500 hectáreas, los otros 3 integrantes de la firma y sin que medie contraprestación, le cedieron las acciones a Yedro y a su mujer. Los ex integrantes de esa sociedad eran Juan D. Orabona, Juan Martín Telayna y Jorge Cutro. Algunos de ellos estuvieron y están aún ligados al Senado entrerriano.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
