Federico Malvasio

Sería la primera vez en la provincia que magistrados actuantes en una causa sean llamados a declarar como terceros tras haber incurrido, posiblemente, en un “error judicial” o en la “falta de servicio”.

El caso ocurrió en Gualeguaychú y tuvo a cuatro personas procesadas y en prisión preventiva luego de ser acusadas de haber cometido hechos relacionados con el armado y desarme de vehículos de dudosa procedencia y en la venta de autopartes a precios sin competencia, lo que hacía presumir su origen ilícito.
Al frente del caso estuvo el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Eduardo García Jurado. La agente fiscal fue Lilyan de las Mercedes Munizaga.

La causa, iniciada en octubre de 1999, tiene varias aristas que llaman la atención. Una de ellas es que la investigación fue realizada por personal de la Prefectura Naval Argentina al entender que los delitos se cometían “por la falta de controles efectivos de funcionarios policiales y de Gendarmería, encargados del control de rutas”. Luego también hubo una orden de pinchar los teléfonos a los sospechosos.

Carlos Francisco Irigoytía; sus dos hijos, Enrique y Aldo; Ricardo José Bidondo y Julio César Gil, son los involucrados. Excepto el último, todos son de Gualeguaychú.

Hechos

El 7 enero del 2000 el juez ordenó el allanamiento de inmuebles en los que desarrollaban sus actividades los Irigoytía. En esa oportunidad detuvieron a Enrique, el menor Emiliano Gassman, Bidondo y Carlos Francisco. A todos ellos se les imputó la recepción de vehículos robados y la adulteración de los números de los motores y chasis en los que supuestamente se los reemplazaba por los originales de otros rodados. También se les enrostró formar parte de una asociación ilícita, de la cual el jefe sería Carlos Francisco y cuyo objeto era la perpetración de los demás delitos atribuidos.

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