Esta semana, al referirse al movimiento gremial que tuvo como escenario el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, donde un grupo de trabajadores autoconvocados motorizó una protesta, el ministro de Salud, Ángel Giano, se mostró nuevamente convencido de que la actitud de los empleados estuvo alimentada por el propósito del Peronismo Federal de desgastar la gestión del gobernador Sergio Urribarri. La reunión que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, mantuvo con los militantes del San Martín lo reforzó en su convicción. Al vincular el planteo con una parcialidad partidaria, Giano procuró desacreditarlo. Se trata de una estrategia archiconocida. Los gobiernos intentan deslegitimar los reclamos que se les formulan. Atribuirles una intencionalidad partidaria es el primer elemento al que se echa mano.
El relativo éxito que los gobiernos consiguen recurriendo a esa práctica descalificatoria se funda en el hecho de que, muchas veces sin el menor compromiso real con sus consignas, efectivamente los dirigentes opositores suelen solidarizarse con quienes reclaman. La modalidad está naturalizada. Se la acepta con resignación. Automáticamente, un opositor se pliega a la protesta. A su vez, quienes reclaman, por coincidencia ideológica o necesidad táctica, aceptan el respaldo de los militantes políticos opositores. Los gobiernos, en virtud de tal confluencia, descalifican el planteo. Es de manual. Es una secuencia que, por repetida, por frecuente, resulta tediosa. Aburre, ya, ingresar periódicamente en el problema de la mayor o menor legitimidad de una protesta en virtud de los acompañamientos políticos que recibe.
Todos los gobiernos actúan de modo parecido. Ahora el de Urribarri: “Son los bustistas”, replica. O el del intendente José Carlos Halle, en Paraná: “Son los radicales”, exclama. Antes lo hizo Busti: “Son los zurditos de la Costa Azul”, supo ironizar. Antes, Montiel: “Es la barra brava de Chacarita”. Antes, Moine: “Son los antimenemistas”. Por más que en algún apartado se acepte cierto nivel de justicia en la demanda, el reclamo siempre es ensuciado en virtud de su supuesto o real parentesco con la militancia partidaria de la oposición. Frente al argumento reiterado, calcado, cabe la pregunta de si hay una respuesta única, si se puede establecer una norma universal del tipo: “Si el reclamo tiene apoyos partidarios, debe ser rechazado”. O: “No importa si los opositores la apoyan o no; lo que importa es la justicia de la demanda”. O: “El reclamo es justo pero el oportunismo de quienes reclaman, aliados a opositores, le resta legitimidad”. ¿Hay una respuesta tipo? ¿Es posible concebir una contestación modelo? Es evidente que no y allí radica el problema. Toda situación es distinta y merece ser particularmente considerada en virtud de los actores que están en juego, de sus intenciones, de sus estrategias y de su ética.
Pero en este caso puntual, metido de lleno en el conflicto interno del partido de gobierno, que –valga el contrasentido– el peronismo definirá por afuera de su estructura, el ministro Giano fue más lejos. Acusó: “A Busti le va bien cuando hay caos”. Es una declaración tremenda. Literalmente, sostuvo que la estrategia del ex gobernador, puesto en rol de opositor, no repara en los procedimientos. Por asociación subjetiva, su apreciación remite a los sucesos de diciembre de 2001 y a la sensación atribuida al hoy vicegobernador y en aquel momento intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, quien adjudicó al por entonces legislador nacional al menos una parte de la responsabilidad por los saqueos que se registraron en su ciudad. A un nivel infinitamente más grave que en la actualidad, Busti fue acusado, por propios y extraños, de haber utilizado de manera subalterna de las demandas populares. Años más tarde, los derroteros de la política colocan a los protagonistas de aquellos episodios en situaciones diferentes e incluso en espacios políticos que compiten entre sí. Y por eso es que hoy, por la misma cosa, pueden protestar quienes antes celebraban. Giano expresa una indignación de la que no hay que por qué desconfiar, pero en tanto ministro de Urribarri, otrora estrecho colaborador de Busti, sus dichos también constituyen una especie de admisión de responsabilidad, colectiva y política, por los comportamientos pasados.
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