Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)

Habían transcurrido 24 días hábiles desde la presentación del pedido de acceso a información pública, más de un mes de espera. Ante la falta de respuesta, el cronista acudió a la Mesa de Entrada de la Cámara de Senadores.

-Vengo a averiguar por este expediente -, dijo el periodista extendiendo una copia del pedido de acceso a información pública.
-Está enfrente, en la Dirección de Despacho -, respondió el empleado tras consultar en una computadora.

-¿Desde qué fecha?
-Desde que ingresó. Desde el 9 de febrero.

El jueves de la semana anterior, tras conocer el breve derrotero que había tenido el trámite, el peticionante se dirigió hasta la Presidencia del Senado. Fue hasta otra oficina ubicada también en la planta baja de la Casa de Gobierno, sobre el ala sureste, y frente a otro empleado explicó de nuevo qué lo traía por ahí.

El hombre tomó la hoja, escuchó una breve explicación, leyó el texto rápidamente, pidió tiempo y franqueó una puerta vedada al público, la que conduce a la Secretaría Privada de la Presidencia del Senado. Dijo que iba en búsqueda de novedades.

Eran las 11.10 y no quedó más remedio que buscar un sillón y quedarse a esperar. En otro rincón del amplio salón, sentados en torno a una pequeña mesa ratona, aguardaban el intendente de Gilbert, Jorge Holzmann, y otras dos personas que buscaban precisiones sobre un aporte requerido para una escuela del departamento Gualeguaychú. A ellos también se los había invitado, mucho antes y con las formalidades del caso, a armarse de paciencia.

Invocando el artículo decimotercero de la Constitución provincial, que reconoce el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los tres poderes del Estado, desde ANALISIS se había dirigido una nota al presidente del Senado, José Lauritto. Fue así como el mes pasado se inició el expediente 2.751.

La intención fue “conocer las remuneraciones de las autoridades superiores y personal fuera de escalafón de esa Cámara”, al igual que “el monto mensual y anual destinado para el pago de las remuneraciones antes mencionadas”. Así decía en el escrito que el peticionante volvió a leer para sobrellevar la espera.

Luego de 12 minutos, el empleado abrió la puerta y regresó con el papel en la mano, signo inequívoco de la falta de respuesta al pedido de información. Como era de suponer apeló a una de esas frases de rigor que se estilan en las oficinas públicas para decir que el trámite está en marcha, que estamos trabajando para usted.

“Está para la firma en el despacho del vicegobernador. Quizá esté listo para el martes”, indicó Fabio Romano, quien sin perder la amabilidad del comienzo accedió a identificarse recién cuando se le preguntó su nombre.

La dilación era previsible: al día siguiente la presidenta Cristina Fernández iba a estar en Concordia y el vicegobernador José Lauritto no se lo iba a perder. De la respuesta también podía inferirse que el presidente del Senado no tenía previsto concurrir el lunes a su despacho en Paraná.

Por eso se sugería regresar el martes, un día después del cierre de esta edición y un día antes de su distribución en los kioscos. Una lástima.

Parecido y diferente

También el 9 de febrero se presentó una solicitud semejante ante la Cámara de Diputados. En ese caso fue mediante una nota dirigida al presidente del cuerpo, Jorge Busti, iniciándose así el expediente 5.792.

Para realizar la petición se invocó el decreto 58/06, por el que se estableció el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para la Honorable Cámara de Diputados, que fija que la respuesta debe brindarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de toda solicitud.

Ese plazo venció el 11 de marzo pasado sin que la Presidencia de la Cámara solicitara una prórroga por otro período semejante, tal como lo prevé el decreto antes mencionado en su artículo decimosegundo. La norma establece esa prerrogativa en caso de que exista dificultad en reunir la información requerida dentro de los 20 días hábiles previstos.

Hubiera bastado con una simple notificación al domicilio fijado para la recepción de la respuesta, un llamado a alguna de las tres líneas telefónicas disponibles –dos fijas y una móvil- o con un mensaje a la dirección electrónica indicada junto a la firma del pedido de información pública.

Como nada de eso ocurrió, el jueves de la semana anterior el peticionante acudió a la Secretaría de la Cámara y dejó una copia de la solicitud de información. Fue con el objetivo de que el titular de esa repartición, Gamal Taleb, a quien Busti delega el seguimiento de ese tipo de expedientes, se encargara de activar el trámite para brindar así una pronta respuesta.

-¿Cómo hace para localizarte? -, preguntó el empleado que la recibió.
-Junto con los datos personales figuran una dirección, tres teléfonos y la cuenta de correo electrónico-, se le respondió mientras se mostraban los datos que figuraban junto a la firma estampada al pie del pedido de información.

Un trámite rápido pero innecesario, que hasta el cierre de esta edición tampoco había dado resultado. Es que el decreto 58/06 establece que ante la falta de respuesta el peticionante queda habilitado para realizar una presentación ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Al igual que en el caso de la petición presentada ante el Senado, los fines fueron los mismos: conocer las remuneraciones de las autoridades superiores y del personal fuera de escalafón, al igual que el monto mensual y anual destinado para el pago de esos salarios.

Junto con el escrito se agregaron otros dos folios. Se trató de una copia de un informe del Ministerio de Economía, fechado el 15 de septiembre pasado, y que se elaboró como respuesta a otro pedido de acceso a información pública formulado por ANALISIS el 24 de agosto del año pasado.

Buscando explicaciones

Esa solicitud fue formulada con la intención de conocer salarios y aumentos otorgados durante el ejercicio anterior a funcionarios y autoridades fuera de escalafón de los tres poderes del Estado. Tal como informó este semanario en su edición 906, del 30 de septiembre de 2010, desde la cartera económica se indicó que resultaba imposible brindar detalles sobre los sueldos en la Legislatura.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)