El suboficial ya tiene quien le escriba

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El militar millonario y sus familiares directos tendrán que justificar sus inversiones ante la Justicia Federal de Comodoro Py

Daniel Enz

El desconocido suboficial nunca pensó que le podía llegar la hora ante la justicia. Cuando este semanario denunció periodísticamente sus inversiones millonarias en Paraná y La Paz o sus operaciones inmobiliarias y pasatistas en La Rioja y Capital Federal. Primero se sorprendió –porque de alguna manera se sintió “traicionado” por algunos ex compañeros de la Administración Financiera del edificio Cóndor del Comando de la Fuerza Aérea Argentina-, pero después, altos oficiales “amigos” le trajeron cierta confianza. “Quedate tranquilo, que no va a pasar nada”, le dijo un vicecomodoro, con el que había entablado una fuerte relación, más allá de las jerarquías.

En un año y medio de investigación iniciada por el fiscal federal Gerardo Di Mesi y el juez federal Sergio Torres, ambos integrantes del Juzgado Federal número 12 de Comodoro Py, en Capital Federal, se conformaron más de cinco cuerpos del expediente 5643/09, tras la presentación del reconocido abogado penalista, Ricardo Monner Sans, quien fundamentó su escrito con la publicación de ANALISIS. En el trabajo investigativo -pese al hermetismo judicial-, pudo corroborarse gran parte de lo consignado por este semanario (ya que hubo documentación a la que aún no se accedió, pero se estima que se lo logrará próximamente), como así también se hallaron otros elementos que sorprendieron: otros inmuebles, cuentas bancarias y numerosas tarjetas de crédito a nombre de Albornoz y familiares directos, registrados en diferentes entidades crediticias, especialmente de Capital Federal. Es decir, algo que no es muy habitual en un suboficial militar, con un sueldo medio.

Albornoz contrató un estudio jurídico importante de Capital Federal que, apenas conocido el inicio de la causa, lo primero que hizo, a través de un escrito presentado en el Juzgado Federal, fue descalificar lo informado por el semanario. Cuestionó la publicación, trató de restarle credibilidad (“estamos acostumbrados en Paraná a que se hagan estas denuncias periodísticas y después nada se puede comprobar”, habría dicho en uno de sus párrafos, en un escrito de varias carillas) y en todo momento buscó desestimar lo denunciado, pese a que en la nota que provocó la investigación judicial se habían publicado facsímiles de la documentación que demostraban cómo se había conformado un fideicomiso para una operación inmobiliaria millonaria, donde figuraba la madre jubilada de Albornoz.

La mayor operación inmobiliaria del suboficial -que fue lo que más sorprendió a la Justicia Federal e incluso fue documentada por este semanario, a la hora de aportar pruebas en Comodoro Py- la registró el 22 de septiembre de 2005, cuando pagó 250.000 pesos por un amplio terreno ubicado en Colón 173, de 1.197,46 metros cuadrados, que le pertenecía a un matrimonio de ancianos. Con el arquitecto paranaense Eduardo Ridolfi en el diseño de un edificio de dos torres y una inversión prevista de 5 millones de pesos, Albornoz decidió asociarse para llevar adelante el proyecto. En la escribanía de José Luis Zuffiaurre -ex diputado provincial de la UCR, durante el primer gobierno de Jorge Busti (1987-1991)- diagramó un fideicomiso junto al empresario Luis Aurelio Angelino, ligado a la familia Lugón, a quien había conocido cuando le compró una coqueta casa de calle Lebenshon, donde reside actualmente, por la que pagó 100 mil dólares, más la entrega de un motor home que le había comprado a su hijo en La Rioja, para acompañarlo en las pruebas automovilísticas a las que concurría, ya que tenía un auto de carreras.

Obviamente, como no podía ser de otra manera, el suboficial Albornoz nunca apareció en el escrito del edificio. Allí quedó estampada la firma de su madre, Olga Ventura Quiroga, Estela Lugón y el citado Angelino. El acuerdo establecía que Albornoz, a través de su madre, entregaba el terreno de calle Colón (por el que pagó en el 2005 un total de 250 mil pesos) más un aporte de 495.000 pesos, lo que constituía el 50 por ciento del aporte societario, y el resto lo hacían Lugón-Angelino. “Pero en verdad, el suboficial entregó 800 mil pesos más el terreno y el compromiso final era que tenía que completar el dinero que faltaba, para llegar a un total de 2,5 millones”, acotó un conocedor del bosquejo inicial de la operación del majestuoso edificio Torres de Manantiales, actualmente finalizado y ocupado casi en su totalidad por gente que compró directamente o bien a través de conocidas inmobiliarias de Paraná y que nunca se vieron rozados por la investigación judicial o el devenir de lavado de dinero que hizo el hombre de la Fuerza Aérea Argentina.

Los movimientos

Cuando Albornoz comenzó a sentir el peso de la Justicia sobre sus espaldas, empezó a liberarse de algunas cosas. “Es lo más fulero que tenés en la causa”, le comentó uno de sus asesores legales y por ende idearon un esquema. Siempre con un poder general firmado por su madre jubilada, el suboficial ya retirado (lo que sucedió a principios del año pasado, como consejo obligado de altos oficiales de la fuerza, para que no haya tanto coletazo interno) se sentó con el empresario Angelino y lo llevó a firmar un acuerdo que, de alguna manera, lo benefició. La operación la terminó de concretar en el estudio jurídico Krochik, de calle Almafuerte 176 -comandado por el experimentado abogado paranaense Roberto Krochik-, donde Albornoz firmó en nombre de su madre. En ese acuerdo, el suboficial se quedó con el último piso del edificio (el octavo, valuado en 200 mil dólares aproximadamente) y dos departamentos chicos en planta baja, equivalente a otros 90 mil dólares. O sea que se benefició: hizo un aporte inicial -entre terreno y dinero- de 1.300.000 pesos y se fue con 1.400.000 pesos, porque hubo que agregarle la venta que hizo de un departamento, ubicado en el segundo piso, por 240 mil pesos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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