Daniel Enz  

El ex subcomisario Héctor Luis Almada tocó el cielo con las manos con la llegada de Sergio Urribarri al Ministerio de Gobierno a fines de 2003 y a gobernador, años después. El conocido Pitín, recordado por haber sido quien hizo fugar al ex policía Carlos Balla en 1991 -a poco de ser apuntado como el autor del crimen del escribano Rubén Calero y por su participación en el asalto al Hospital Roballos días antes del otro episodio- nunca logró tantos beneficios en tan poco tiempo. No fue una cuestión del azar, sino del amor. Su hija se casó con el hermano de la esposa de Urribarri y se le acabaron los problemas en la vida, caracterizada por demasiados episodios delictivos e irregulares. Almada fue exonerado de la Policía de Entre Ríos en 1992 y condenado poco después a prisión condicional, por la fuga de Balla. Al polémico oficial lo conocía de sus tiempos en la Dirección de Investigaciones de la fuerza, cuando se encontraban en calle Buenos Aires 355 y 371 de la capital entrerriana, lo que ya en democracia sería el Museo de Bellas Artes. En plena dictadura estuvieron asignados allí algunos oficiales que luego ocuparían cargos de importancia en instancias constitucionales, como el caso del entonces subcomisario Ernesto Geuna. Siempre considerado “un oficial duro, frontal y de acción”, permaneció allí hasta fines de 1976; tuvo un paso por Logística y a fines del ’78 regresó a Investigaciones, donde revistó hasta noviembre de 1979. Al personal de Investigaciones se sumaría luego -tras estar detenido como parte del denominado Comando Paraná- el oficial Carlos Ramón Balla, que venía de ser un “hombre de Inteligencia” en la Policía de Río Negro. Formaban parte de un grupo de tareas -junto a otros uniformados- que se encargaba de llevar adelante las detenciones de dirigentes estudiantiles, gremiales o políticos y realizar la primera tarea de ablande en los violentos interrogatorios, con fuertes golpizas o torturas. Después eran derivados a dependencias del Ejército o de la Policía Federal. Por años, Almada solía recordar con cierto orgullo, ante sus subordinados, la participación que tuvo en aquel episodio denominado La masacre de la tapera, donde dos militantes de Montoneros (como Beto Osuna y Ciriaco Fernández) fueron acribillados a balazos, cuando ya estaban casi moribundos por tanta tortura y atados a sendas sillas, dentro de una casa de calle Rondeau 1396, aunque siempre se dijo que los asesinados habían resistido. Los hombres de Investigaciones junto a personal de la Policía Federal de Paraná conformaron ese cordón logístico alrededor de los ejecutores del Ejército, quienes efectuaron miles de disparos desde diferentes sectores. Pero en todos estos años, pese a la prédica por la defensa de los derechos humanos, nadie del urribarrismo le hizo sugerencia alguna a Almada, para que contara lo que había visto esa madrugada del 25 de septiembre de 1976, como aporte a la verdad de los hechos. Quizás porque su jefe político, el gobernador Sergio Urribarri, nunca se ocupó del tema en sus casi veinte años como legislador y recién recuperó la memoria en tiempos del kirchnerismo. Almada terminó exonerado de la fuerza, en enero de 1992, cuando Mario Moine gobernaba la provincia y Hernán Orduna era el vicegobernador. Es decir, el mismo ministro de Gobierno que se vio afectado por la fuga de Balla y tuvo que soportar por un largo tiempo la embestida mediática y enfermiza del policía acusado del crimen de Calero, aún estando preso. Dos meses después, pese a que tenía 17 años de aportes solamente, Almada inició el trámite jubilatorio. Se lo otorgaron en julio de ese año. Cuando se lo dieron, hacía tres meses que estaba preso en Posadas (Misiones), por orden del juez federal Manuel Alberto Moreira. Lo procesó por "tentativa de contrabando de exportación y tenencia de arma de guerra". Al ex policía se le encontró un bolso con una pistola ametralladora de asalto marca Uzi, de procedencia israelita, junto a dos cargadores (cada uno tiene sesenta balas) y un revólver calibre 38 largo. Lo que más extrañeza causó en el juzgado misionero fue la tenencia de una Uzi: en esos días, únicamente las usaban en el país algunos custodios de Carlos Menem y los miembros del servicio secreto de inteligencia israelita Mossad.

Almada fue detenido junto a Carlos Alberto Romero Alves y Miguel Rubén Coronel, ambos de Paraná. Romero Alves era bombero, experto en explosivos y también estaba exonerado de la Policía entrerriana. Coronel se había visto involucrado en un caso en el que se denunció el hurto de una camioneta. Una versión daba cuenta de los motivos de la presencia de Almada y sus amigos en Misiones: habrían estado esperando un cargamento de armas, para luego venderlo en Entre Ríos. La información nunca se pudo comprobar fehacientemente en ámbitos judiciales.

A Almada se le juntaron las condenas y terminó en la Unidad Penal Número 1 de Paraná el 15 de julio de 1993: por un lado, la sentencia por la fuga de Balla; por el otro, el caso de Misiones. Se le concedió la libertad condicional el 15 de marzo de 1994 y terminó de cumplir la condena el 14 de julio de 1996.

Un mes antes de su libertad condicional, en febrero del ’94, Carlos Balla fue detenido en el Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, en una casa intrusada por la familia del ex oficial. Allí se le encontró una agenda y "tres pedazos de papel, escritos en letra manuscrita en tinta azul”. En uno de ellos se consignaba el teléfono 217269 y, pegado, decía: “Carlitos Militello”. El ex comisario Militello había sido puesto en disponibilidad en 1988, luego de verse rozado en causas penales relacionadas con la compra y venta de los autos denominados mellizos. La decisión, en tal año, la adoptó el entonces ministro Orduna.

Militello nunca se quedó sin trabajo. En verdad, previo a su puesta en disponibilidad, había comenzado a colaborar con un negocio de compra y venta de oro, que se llamaba Juancito paga más. Poco después, el negocio cambió de nombre y él quedó como único dueño: Carlitos paga más, en obvia referencia al dueño. Ahí no atendía solo: su principal lugarteniente pasó a ser Luis Héctor Almada, con quien había hecho una fuerte relación desde principios de la década del ’80. Algunos de sus ex compañeros de fuerza recuerdan que Almada le llevaba mercadería expropiada en operativos de Investigaciones -en sociedad con otros uniformados-, que Militello reducía y transformaba en un buen negocio para varios de ellos. Allí quedó clara la relación Balla, Militello, Almada. Es más, siempre se dijo que en la fuga de Balla hubo 5.000 dólares aportados por Militello.

Almada trabajó por años para Militello. Incluso, en un hecho que conmocionó a Paraná, el 15 de agosto de 2003, ambos aparecieron rozados en el expediente, pero el entonces juez de Instrucción, Héctor Eduardo Toloy, nunca profundizó la investigación al respecto. Ese día, un automóvil oficial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que llevaba el sueldo de los legisladores y el personal administrativo, fue interceptado en calle Corrientes y Victoria por dos vehículos con varios delincuentes. Hubo un enfrentamiento con personal policial y uno de los maleantes falleció. Cuando se revisaron los automóviles se hallaron varias armas de guerra y por lo menos dos celulares. En la investigación de las llamadas se encontraron comunicaciones previas con uno de los números de Militello. Y una persona declaró en el expediente que en días previos al hecho, hubo dos celulares -con prefijo de Paraná- que se los vendió al propio Almada. Pero Toloy no movió un dedo y al tiempo se jubiló. Nunca se supo quiénes fueron los autores del hecho (salvo el que falleció, con domicilio en Santa Fe), ni los mentores ideológicos, ni cuánto de apoyatura logística local tuvieron. La vez que se habló del caso fue por lo que le sucedió a un ciudadano paranaense que pasaba circunstancialmente por allí: recibió un balazo y quedó en silla de ruedas de por vida.

El fantasma de los asaltos a bancos volvió a aparecer, tal como había sucedido en 1999, pero rápidamente se esfumó. Casualidad o no, por esos días, el entonces comisario retirado Hugo Nicanor Barrios hizo explosivas declaraciones al respecto. Reclamó que había que preguntarles, precisamente a Militello y a Almada, qué tenían que ver con la denominada “conexión local” de la ola de asaltos, tal como aparecía en un informe reservado de la Policía de Entre Ríos. Ese paper también daba cuenta de que el ideólogo de los hechos habría sido Carlos El Indio Castillo, quien contaba con apoyatura logística de algunos maleantes de Paraná y Nogoyá. Castillo siempre fue sindicado como integrante de un peligroso grupo de tareas que operó a mediados de los '70 en La Plata y Mar del Plata, en tiempos de la dictadura y que tenía fuertes vinculaciones con sectores mafiosos y carapintadas de Paraná, por lo cual incluso llegó a estar preso a mediados de 2000. El informe confidencial policial fue de alguna manera planchado por su jefe, el comisario general Ernesto Geuna, reconocido amigo personal de Militello, Almada y Balla, entre otros.

Perdón y beneficios familiares

Jorge Busti asumió como gobernador, por tercera vez, el 11 de diciembre de 2003. Al primero que nombró como ministro de Gobierno fue a su entonces “amigo y hermano” Sergio Daniel Urribarri, quien durante el crítico período montielista había sido el jefe del bloque de Diputados del PJ en la provincia. El comisario Ernesto Geuna quedó como jefe de la Policía de Entre Ríos.

Aunque el trámite se mantuvo bajo la más absoluta reserva, el 6 de agosto de 2004 Geuna elevó una nota al ministro Urribarri para la conmutación de la pena del subcomisario exonerado y condenado en 1992, Luis Héctor Almada. El decreto recién se firmó tres años después, cuando Urribarri ya era el candidato del oficialismo para suceder a Busti y, precisamente, días antes había pedido licencia para trabajar intensamente en la provincia, en los últimos días de campaña proselitista. Geuna fue renunciado en noviembre de 2005, después de una serie de amenazas al autor de esta nota -lo que confirmó la Justicia- y fue reemplazado por el comisario general Héctor Massuh.

El expediente del “perdón” a Almada siguió su curso en el Ministerio de Gobierno y en la Gobernación. El decreto lleva el Número 4.444 y tiene fecha 23 de agosto de 2007. “Es intención del Poder Ejecutivo hacer lugar a lo peticionado, por lo cual se deberá aplicar una pena más benigna a la establecida, para luego proceder a la reincorporación en el grado que ostentaba el funcionario al momento de su baja de la Policía Provincial”, dice en el cuarto párrafo. Pero luego agrega: “Por otro lado, en virtud de la normativa del Reglamento General de la Policía –Ley 5.654- corresponde reconocer como efectivamente prestados los servicios del entonces subcomisario Almada, por el tiempo transcurrido en su inactividad forzosa, al solo efecto previsional” y que “por las mismas razones se debe disponer al pase a retiro obligatorio del subcomisario, reconociéndosele, a tales efectos, la jerarquía de comisario general”. Esto último aparece ampliado en el artículo segundo del decreto; allí dice que el grado de comisario general “le hubiere correspondido de haber continuado en servicio activo desde su baja hasta su reincorporación”. O sea, no importó el hecho de tener dos condenas judiciales y por hechos graves. No sólo eso, a su vez, en el artículo séptimo se dispuso que la Jefatura de Policía debía abonarle a la Caja de Jubilaciones la totalidad de los aportes personales no pagados entre 1992 y 2007. Si se actualizara a estos días, sería el equivalente a unos 500 mil pesos lo abonado a la Caja previsional.

El decreto lo firmaron Busti –a escasos meses de finalización de su mandato- y el ministro Adán Bahl, que había reemplazado a Urribarri. Quedó claro que era un favor al futuro gobernador y a uno de sus familiares. Almada es el padre de Luciana Almada, esposa de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri y actual director de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal. Aguilera, ex prosecretario de la Cámara de Senadores de la provincia es, además, uno de los principales cajeros de la campaña presidencial de Urribarri.

Pero los beneficios familiares no terminaron allí. Apenas asumió Urribarri la primera Gobernación, en el círculo familiar comenzaron a gestarse determinados negocios. Dos de los hijos de Almada pasaron a formar parte de sociedades, junto a otras personas, que recibieron millones de pesos entre el 2010 y el 2014, precisamente en función de firmas creadas en 2009.

La más beneficiada fue Tep SRL, conformada por Luciana María Belén Almada (hija del comisario retirado Almada y esposa de Juan Pablo Aguilera) y el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi, de Paraná, especialmente por publicidad estática contratada por el Ministerio de Cultura y Comunicación que conduce Pedro Báez. Entre 2010 y principios de 2014 (o sea, decretos que figuran en el Boletín Oficial) percibieron un total de 3.665.373 pesos.

En menor medida se benefició otra empresa familiar: Next SRL, cuyos socios son Alejandro Luis Almada (otro hijo del comisario) y Maximiliano Romeo Sena, oriundo de General Campos, el poblado donde Urribarri fue intendente entre 1987 y 1990, ya que no terminó el mandato.

A poco de asumir Urribarri como ministro de Gobierno, Sena fue contratado para tal área, para la ejecución de “trabajos de imagen y comunicación”, según consta en el decreto 6.740 del 15 de diciembre de 2004, lo que fue renovado el 6 de abril de 2005. Pero en el 2010, Sena apareció como dueño de la firma 5 Tipos, que a partir de la compra de máquinas de última generación en impresiones, comenzó a realizar todos los trabajos que venía haciendo la Imprenta Oficial de Entre Ríos e incluso se tuvo que cambiar de lugar. En la actualidad cuentan con amplios galpones en proximidades del centro cultural Juanele.

Lo saliente de esta historia es que tanto la hija de Almada como Giacopuzzi, en los registros de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) aparecen como empleados de Maximiliano Romeo Sena. Alejandro Almada es personal policial, pero presta funciones en la Cámara de Diputados de la provincia desde 2011.

El ahora comisario retirado Almada disfruta como pocos de esta nueva etapa de su vida. Percibe una jubilación de 20 mil pesos mensuales y “algunos pesos” –nadie sabe cuánto, porque no figuran en documento alguno-, por su rol como lo más parecido a un mayordomo, en la residencia de Urribarri, detrás del seminario de Paraná. Almada es quien recibe a cada una de las personas que llega al lugar, se ocupa de las compras necesarias y supervisa como nadie –a partir de su experiencia- los movimientos de los choferes oficiales del gobernador, que dependen de la Custodia de la Gobernación. Nadie dice nada en el gobierno entrerriano sobre cuánto conocía la actividad del chofer narco Marcelo Alejandro Acosta, detenido en mayo de este año con 20 kilos de cocaína, junto a una banda de narcotraficantes de Rosario. Llevaba la droga en un Peugeot 307; el mismo vehículo en que fue visto Gonzalo Caudana, uno de los jefes del narcotráfico en Paraná y a quien Almada conocería muy bien, en especial por su amistad con Carlos Balla, de quien el narco es familiar directo.

Almada se mueve como pez en el agua en la residencia del gobernador y es un hombre de su plena confianza. Para hacer y deshacer los movimientos del día, pero también para que los negocios familiares con el Estado entrerriano marchen siempre por la buena senda y nunca sea necesario el control que tantas veces molesta.

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Días de furia  

El ministro Hernán Orduna no podía creer lo que estaba sucediendo esa mañana de noviembre de 1991 cuando le dieron la noticia. “Se fugó Balla de la Jefatura, esta madrugada”, le dijo uno de los oficiales de confianza, con quien venía trabajando la detención del policía por el secuestro y crimen del escribano Rubén Calero, pero también por su participación en el asalto al Hospital Roballos, donde habían asesinado a un suboficial de la fuerza.

"Yo los hago responsables a ustedes. Mi marido nunca se hubiera podido ir solo, a raíz de su condición física". El mismo día de la fuga, la concubina del oficial Balla, Silvia Rey, se ocupó de recorrer cada uno de los medios periodísticos y cuestionar severamente a la cúpula policial. A su entender, la diabetes que padecía su compañero impedía una fuga. "Además estaba medicado", indicó. En verdad, al revisarse la habitación de Balla se encontró una caja vacía de Plidex grageas y otra de Euglocon comprimidos. El primero es un ansiolítico relajante; el segundo se receta habitualmente a diabéticos.

El experimentado jefe policial Luján González era, tal vez, uno de los más preocupados. El hecho significaba un triste final para su carrera al frente de la institución, a la que había retornado -como viejo oficial peronista retirado- por un pedido de Jorge Busti, al asumir la primera Gobernación, en diciembre de 1987.

La noche anterior a la fuga se ocupó personalmente de la detención de Balla en la sede de la fuerza de seguridad. Incluso llegó a enfrentarse cara a cara con el polémico oficial en el edificio de Tribunales, al concretarse el juicio oral por el procedimiento del recurso de habeas corpus presentado por el policía, contra el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso el arresto. Balla -ante la Cámara Criminal, integrada por Pablo de la Vega, Silvia Nazar y Arturo Landó- cuestionó la medida (lo propio hizo su abogado Daniel Batut), pero sus argumentos fueron refutados tanto por el letrado de la Policía, Valentín Butazzoni, como por el fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy. El tribunal avaló la decisión de Orduna y Balla terminó en el Casino de Oficiales. 

El comisario general Francisco Raúl Rapallo -quien se desempeñaba como director de Investigaciones- se ocupó de llevar adelante el sumario administrativo por la fuga. El propio Orduna se lo pidió. A los pocos días, el ministro tuvo una primera respuesta: Balla terminó de coordinar su escape con una empleada de la Comisaría del Menor y la Mujer, íntima amiga de una de sus hijas. Con ella arregló la hora y la forma. A las 2.30 se fue en un automóvil Renault 12 de la Dirección de Toxicología que ingresó al patio del edificio policial por calle Tucumán.

Balla consiguió -según Rapallo- un total de cinco mil dólares para el traslado hasta Santa Fe. El autor de la tarea fue Luis Héctor Almada, recibido de oficial subayudante en enero de 1976. Estuvo un tiempo destinado a la Jefatura; luego pasó a la Dirección de Seguridad e integró el equipo de espías de Investigaciones entre 1977 y 1978. Balla era su líder natural. Por historia y método.

Cuando Orduna supo su nombre lo primero que hizo fue desplazarlo de la fuerza. Algo similar ocurrió con los catorce hombres que estaban de turno en la madrugada del 7 de noviembre, pero con Almada fue más allá: cruzó a Tribunales y lo denunció por "facilitación de evasión" ante el juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy, que al poco tiempo lo procesó y le impidió su salida de la provincia. Al parecer, fue determinante el dato aportado por un suboficial de Toxicología, quien dijo que esa madrugada, Almada le ordenó que fraguara el horario de salida y de retorno a la dependencia, en el libro de guardias.

Almada hizo caso omiso a las directivas judiciales y se fue de Entre Ríos. Recién se supo de él en abril de 1992, cuando lo encontraron con armas de guerra en Posadas, a la espera de un cargamento que llegaba de Paraguay.

Almada fue retornado a Paraná y finalmente fue condenado por su participación directa en la fuga de Carlos Balla, pese a que siempre negó tal rol. La decisión la adoptó el tribunal integrado por Silvia Nazar, Reynaldo Gagliano y Arturo Landó, quien fundamentó el voto de la Cámara. "Los elementos me llevan a descartar que Balla haya obrado sólo en su evasión, ya que pudiendo irse caminando por cualquiera de los puestos de la Jefatura, no hubiera sido detenido en la emergencia, sino que ello le habría acarreado una posterior detención, derivada de esta nueva falta", indicó el magistrado, quien hizo también hincapié en la “amistad” de Almada con el evadido, demostrada por una permanente actitud de preocupación por su situación institucional y de salud, y que se tradujo en reiteradas visitas a Balla en la Jefatura. "He de decir por último que queda en mi ánimo la sospecha de que la fuga y la ayuda prestada por Almada no fue sólo un hecho concreto", sino que "debió pertenecer a un plan más amplio y que se sigue cumpliendo con la permanencia en estado de evasión de Balla, plan en el que posiblemente intervinieron otros sujetos". Almada fue sentenciado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por nueve años. Los datos constan en el archivo de esta revista. En el Poder Judicial, el expediente no existe; ya fue incinerado “por el paso del tiempo”.

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Buenos amigos  

La noticia cayó como una bomba a mediados de agosto, cuando ANÁLISIS denunció que uno de los choferes oficiales de Sergio Urribarri había sido detenido con 20 kilos de cocaína y enviado a la cárcel de Ezeiza, donde actualmente se encuentra Marcelo Alejandro Acosta. El otro dato saliente fue que el automóvil en el que se trasladaba era de Gonzalo Caudana, uno de los jefes del narcotráfico en Paraná y por estos tiempos con prisión domiciliaria.

Fuentes de la causa judicial -radicada en El Dorado (Misiones), pero con seguimiento personalizado de investigadores de Capital Federal- indicaron a este medio que les sorprendió que en el mes de febrero de este año, un automóvil conducido por Acosta tiene registro de paso al Uruguay, acompañado por una mujer no identificada y por uno de los asistentes principales del gobernador, como Sergio Cornejo, considerado amigo personal del actualmente detenido. El dato podría entenderse como una actividad oficial en el vecino país, máxime en días de vacaciones, pero no dejó de sorprender y se ocultó bajo siete llaves. Mientras tanto, se sigue investigando.

A su vez se siguen muy de cerca los movimientos y relaciones de Gonzalo Caudana, al ser considerado un eslabón clave en el desarrollo del narcotráfico en Paraná, a partir de aceitadas relaciones con grupos de Rosario.

También se tiene en la mira las vinculaciones familiares y amistosas del jefe narco. Se sabe que su madre es hermana del ex policía Carlos Balla y que algunos de sus “contactos” del hampa local le sirvieron para cierto desarrollo en determinados ámbitos barriales de la capital entrerriana.