Antonio Tardelli
Se infiere que la ex Presidenta alude a un clima de época: es el contexto político, según denuncia, el que promueve la impunidad. Hay que evitar toda malicia para poder interpretar así, en efecto, las significativas afirmaciones de la exitosa abogada. De lo contrario podría pensarse que la ex jefa de Estado consideraba antes, y considera ahora, que el aparato judicial debe funcionar apenas como un apéndice de la voluntad del poder administrador. O que el Poder Ejecutivo puede disciplinar a los miembros de la Justicia por una serie de vías que incluyen desde la cooptación hasta la extorsión. Desde el juicio político hasta la recomendación del suicidio. Es impensable en una admiradora de Pericles.
Déjense de lado por un momento los ingeniosos memes que circularon en las redes sociales luego de los dichos de la poderosa empresaria hotelera. Con sorna, se ponía en boca de una supuesta Cristina la siguiente afirmación: “Durante mi gobierno los genocidas no hubieran recibido el beneficio del dos por uno. A lo sumo hubieran recibido la jefatura del ejército, pero no el dos por uno”. Incontestable. Pero el rol asignado durante el kirchnerismo al general César Milani, que imputado en delitos de lesa humanidad fue a parar con sus huesos a la cárcel luego de prodigarse abrazos con Hebe de Bonafini, es la evidencia extrema, mas no la única, de la obscena malversación cometida con las históricas banderas de los derechos humanos.
Es rigurosamente cierto que durante la era kirchnerista no alcanzó el rango de criterio predominante la jurisprudencia según la cual el denominado dos por uno debe aplicarse también a los partícipes del Terrorismo de Estado. El máximo tribunal del país jamás se había avocado directamente a un tema que lo obligara a pronunciarse de manera específica. Ello es tan cierto como que fue durante el kirchnerismo, concretamente en 2013, cuando debido a la aplicación del dos por uno quedó en libertad por vez primera un represor de la dictadura condenado por la Justicia. No se recuerda que en ese momento los ahora intransigentes custodios de los derechos humanos organizaran una sola marcha de protesta para denunciar la impunidad.
Imputado por delitos de lesa humanidad, Antonio Simón, un jefe de inteligencia de la dictadura militar, fue condenado a 19 años de prisión. Data de 2012 el fallo firmado por el juez Ariel Lijo. Antes de la condena, Simón había permanecido detenido por espacio de 10 años. Por eso, pese a que ascendía a 19 años la pena que se le impuso, apenas si permaneció en prisión un año más luego de la sentencia. Ello fue así en virtud de la década en que ya había permanecido entre rejas. En limpio: hubiera debido abandonar la cárcel en 2021. Se fue caminando en 2013.
(Más información en la edición número 1058 de la revista ANALISIS del jueves 11 de mayo de 2017)
