Prisionera de las decisiones judiciales

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La trágica historia de una niña institucionalizada y el derrotero burocrático que recorre una pareja para lograr ser aceptados en el RUAER

Natalia Buiatti

Celeste tenía 3 años. Uno de los últimos días de octubre de 2012, jugaba junto a otra niña en el patio de su casa. Una pelota de plástico era la felicidad para esos rostros sucios. Las nenas de pies descalzos, cabello revuelto y ropa gastada corrían detrás de esa esfera vieja que tal vez hayan recibido como caridad de algún vecino. Ambas jugaban como muchas veces, en el terreno donado por la Municipalidad de General Galarza, que unía dos casas pequeñas.

En la vivienda del fondo vivía Celeste, sus dos hermanas más grandes -una de 4 y otra de 6-, su madre y Juan, su progenitor. La casa era demasiado chica para los cinco. Tenía un solo dormitorio con dos camas. Ella dormía en el colchón de una plaza junto a sus dos hermanitas, al lado del camastro matrimonial, donde sus padres tenían relaciones sexuales.

En la morada que estaba al frente del terreno, sobre la calle de tierra, vivía la ex pareja de Juan con otras hijas de él y sus nietas. Las casas habían sido levantadas por él mismo, primero la que daba a la calle, donde habitó muchos años con su primera pareja y después, cuando se separó, construyó la del fondo.

La vivienda en la que crecía Celeste es parte de una barriada pobre en la pequeña localidad de Galarza, en el departamento Gualeguay. Está ubicada en el último cordón urbanizado del pueblo que, según el último censo poblacional de 2010, no llega a los 5.000 habitantes.

Ese día de octubre, hace casi cinco años, mientras la pequeña Celeste jugaba a la pelota con otra nena, Juan salió del interior de una de las viviendas. El hombre estaba ebrio e iracundo. Se dirigió rápido al patio y dio una patada furiosa que impactó en uno de los brazos de Celeste.

Sus huesitos cedieron ante el golpe originando una quebradura. La niña corrió lo más rápido que pudo. Tenía el rostro empapado en lágrimas y su brazo colgando. Fue socorrida por su madre que la llevó al hospital Perú, ubicado a pocas cuadras de donde sucedió la agresión. Allí la revisaron, le hicieron placas y la vendaron hasta el lunes siguiente, el día en que finalmente la enyesaron.

El clima violento en el que crecía Celeste era moneda corriente, cosa de todos los días. Además de las dos hermanitas más grandes, la niña tiene otros seis hermanos por parte de su mamá. Ninguno de ellos vivía allí. Algunos habían sido retirados por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y estaban en residencias socioeducativas, porque la mujer no podía garantizar el cuidado de sus hijos.

Esa mujer, la mamá de Celeste, también era parte de ese círculo de agresiones. No sabe leer ni sabe escribir. Siempre tuvo que rebuscarse el pan para alimentarse. Se vio obligada a prostituirse, porque no supo otra manera de garantizarse la subsistencia. Permitió que su pareja le pegara brutalmente a ella y a sus hijos.

Unos diez días antes de la brutal agresión que recibió su hija más pequeña, esa señora fue golpeada por Juan. Cuando llegaba en bicicleta a su casa, el hombre la recibió con violencia. Ella se cayó y, paradójicamente, también se quebró un brazo. Las dos enyesadas: la más pequeña con una fractura en la extremidad superior izquierda, la más grande con una fractura en su brazo derecho. Fue una más de las tantas ocasiones que terminaron en el hospital por los golpes feroces. Incluso, unos años antes, la mujer estuvo varios días internada en el hospital con asistencia respiratoria, porque Juan le rompió la tráquea ahorcándola.

Eso era lo cotidiano. Juan, que trabajaba como sereno y también era peón de albañil, se emborrachaba habitualmente y se ponía demasiado violento. Las agresiones se repitieron innumerable cantidad de veces, en contra de sus hijos, en contra de sus parejas, en contra de sus ex parejas y en contra de los hijos de ellas.

A la denuncia por las graves lesiones que recibió Celeste, calificadas por el vínculo, la interpuso la madrina de la pequeña, porque su propia madre no se animaba a acusar a Juan. Le tenía miedo. A esa causa se le acumuló otra por lesiones leves calificadas por el vínculo, interpuesta por la ex pareja de Juan y una hija de ambos, y una tercera por lesiones graves. Pero también existió una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hermanitas de Celeste.

La situación encontró una primera resolución judicial en abril de 2014, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Juan a prisión efectiva y autorizó al Copnaf para que continúe con la guarda de las niñas.

Juan se quitó la vida en una plaza de Galarza. Encontraron su cuerpo durante el amanecer de un domingo, a mediados de octubre de 2014, unos seis meses después de la condena en el juicio oral por lesiones, y antes de que se dicte sentencia en la causa por abuso sexual.

La vida institucionalizada

En enero de 2013, Celeste y sus dos hermanas fueron a parar a la Residencia Socioeducativa de Niñas San José, de Gualeguay. Tenían 3, 4 y 5 años. Allí vivieron durante dos años con otras niñas vulneradas como ellas. Su madre las iba a visitar al hogar, cada vez que su abogado le avisaba que debía concurrir. Por otro lado, esa señora había apelado la decisión judicial que declaraba el estado de preadoptabilidad para las niñas. Ella no quería que se vayan con otras familias, aunque tampoco podía garantizarle los cuidados mínimos.

El comienzo de 2014 fue distinto para Celeste. La niña ya tenía 5 años y había quedado lejos la vida junto a su progenitor. Ese fue el momento en que conoció a María del Rosario Taraburelli y Marcelo Colinas, una pareja con intenciones de adoptar. Ambos venían de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en busca de una vida más tranquila en Gualeguay.

Colinas y Taraburelli son matrimonio desde finales de la década del ‘90 y fueron novios desde que iban a la secundaria, en el mismo pueblo provinciano donde crecieron, Pringles. Cuando finalizaron sus estudios universitarios -ella se recibió de abogada y él de médico-, decidieron casarse y comenzaron a proyectar una familia juntos.

En 2014 se inscribieron en el Registro Único de Pretensos Adoptantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y poco tiempo después fueron admitidos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). Para eso atravesaron entrevistas y evaluaciones psicosociales, y lograron incorporarse a la lista de matrimonios en condiciones de adoptar. Mientras tanto ya estaban en proceso de acercamiento a la Residencia de Niñas San José, pensando en una vida menos agitada y con el firme propósito de formar la familia deseada en el sur entrerriano.

Al hogar que conduce la Congregación de Hermanas Josefinas y una comisión de caballeros, el matrimonio llegó un domingo. En diálogo con ANÁLISIS, Taraburelli recordó que Celeste se acercó espontáneamente, que fue la última de todas las niñas en bajar las escaleras de la antigua casona para conocer a los visitantes. Llegó llorisqueando, con un muñeco de bananas en pijamas que tenía el cuello roto. Comenzó desde ahí una relación entre los tres, que fue alentada por quien era la directora de la residencia, Ana Crespi. Creció tanto ese vínculo, que la niña salió de vacaciones con la pareja y solía quedarse los fines de semana con ellos.

El tiempo transcurrió. Pasó 2014 y también 2015. Celeste almorzó, merendó y cenó muchas veces con Colinas y Taraburelli. El matrimonio la llevó a ella y otras niñas a tomar helados, al circo, a la plaza; hicieron deberes escolares, estudiaron, vieron fotos y hablaron por teléfono... Fue el Estado provincial y sus organismos de control los que permitieron el surgimiento y afianzamiento de ese vínculo.

Contó Taraburelli que un cúmulo de situaciones extrañas sucedió en ese lapso de tiempo. Al principio la pareja no le dio importancia, pero la repetición de algunos hechos prendieron luces de alarma. “Las nenas decían que Ana (Crespi) les daba besos en la boca, que les enseñaba a hacerse marcas en los brazos”, dijo. Esos relatos no se dieron de un momento a otro, fueron apareciendo en distintas oportunidades, de parte de distintas niñas. “Recuerdo una oportunidad en que Celeste estaba bañándose. Ella adoraba ese momento porque se relajaba. Yo le alcanzaba el jabón y a veces le ayudaba a lavarse la cabeza. De repente me dijo que cuando se bañaba en la casa de Ana -porque Crespi solía llevarse algunas niñas a su casa-, se intercambiaban las bombachas. Yo le pregunté ¡¿qué?! Y ella no me respondió y cambió de tema. Fueron situaciones así. En otra oportunidad, Marcelo estaba charlando con una de las niñas y ella le contó que Ana daba besos en la boca. Él sacó su teléfono y la filmó mientras lo contaba”, describió la mujer.

En diciembre de 2015, Tarabureli presentó un escrito en la Defensoría a cargo de María Belén Lardit. La funcionaria judicial remitió la papeleta a la Fiscalía de Ignacio Telenta, en forma de denuncia. Se abrió una investigación que fue rápidamente concluida y archivada.

Unos meses antes de esa denuncia, el matrimonio intentó el traspaso de inscripción como adoptantes al registro entrerriano. El legajo desde Buenos Aires llegó al RUAER recién en agosto de 2015.

La gran familia

Según la legislación, Crespi no podía permitir el acercamiento de una pareja a ninguna de las niñas que no estuviera en condiciones de per-adoptabilidad, es decir, con una decisión judicial firme. Si bien el caso de Celeste y sus hermanas estaba resolviéndose en 2014, la sentencia que habilitaba el acercamiento de la niña con un matrimonio no estaba firme porque la madre biológica había apelado esa decisión. Menos aún la ex directora del hogar podía permitir y alentar ese acercamiento, porque el traspaso del expediente entre los registros de adoptantes de Buenos Aires y Entre Ríos del matrimonio Colinas Taraburelli, no se había concretado.

Crespi fue designada como directora por la administración de la Residencia Socioeducativa San José de Gualeguay en 2013. Durante su adolescencia hizo la secundaria en el Colegio San José, administrado por la misma Congregación de Monjas Josefinas. Cuando terminó la educación obligatoria, se mudó a Paraná donde estudió Licenciatura en Trabajo Social. Y después de recibirse volvió a vivir a Gualeguay. En esa circunstancia fue elegida por la administración al frente del hogar.

Al mismo tiempo, Cespi era novia del entonces juez de Familia de Gualeguay, Gustavo Piquet, quien decidía sobre los juicios de adopción de varias niñas que estaban en la Residencia Socioeducativa San José. En ese ámbito, Piquet decidió que el pedido de guarda que hizo la pareja Colinas Taraburelli para Celeste, sea rechazado y el matrimonio presente una reevaluación psicosocial realizada por el equipo interdisciplinario del RUAER.

El cargo original de Piquet era la Fiscalía de Ignacio Telenta, donde estuvo abierta la causa por supuesto abuso que rápidamente fue archivada. El matrimonio Colinas Taraburelli cuestionó duramente esa investigación. Ellos cuentan que en el escrito original, ofrecieron testimoniales que no se realizaron. En ese proceso que estuvo abierto alrededor de un mes, se realizaron cámaras gesell a las niñas que hablaban de los besos con Ana Crespi. Esas medidas de prueba no resultaron concluyentes en el sentido de la denuncia. Pero se hicieron mientras Ana Crespi seguía siendo directora del hogar y continuaba manteniendo contacto con las niñas y los testigos ofrecidos para la investigación.

La Asociación Red Alerta que conduce Silvina Calveyra, quiso presentarse como querellante en la causa que llevó a cabo el fiscal Telenta por supuesto abuso pero no pudo, porque la pesquisa estaba concluida y archivada. Era una decisión tomada.

Por otro lado, el trámite de traspaso entre los registros de adoptantes de Buenos Aires y Entre Ríos, continuaba estancado, más aún cuando Piquet mandó a reevaluar al matrimonio. “Nosotros creemos que nunca nos aceptaron como adoptantes en el RUAER porque impulsamos esa denuncia contra Ana Crespi. La causa se cerró rápidamente y se archivó. El trámite de traspaso a Entre Ríos no se concretaba y mediados de 2016, el RUAER emitió un dictamen desfavorable para la pareja. Nos mandaron a repetir todas las evaluaciones que ya habíamos hecho en Buenos Aires, acá en Entre Ríos. Nos recomendaron hacer terapia psicológica por separado a cada uno, durante un año para ser reevaluados posteriormente”, sostiene el matrimonio.

Crespi, por su parte, tomó licencia por maternidad en la Dirección de la Residencia Socioeducativa San José y ya no volvió a ese cargo. Ningún organismo del Estado tomó cartas en el asunto por su administración irregular, aun entendiendo que estaba al frente de niñas vulneradas y que era la responsable directa de garantizar el derecho de esas pequeñas a encontrar una familia que las quiera, las respete y las acompañe en la vida.

El sillón de juez de Familia de Gualeguay, en tanto, salió a concurso y Gustavo Piquet volvió a su cargo de origen en la Fiscalía que conduce Telenta. La causa que declara el estado de preadoptabilidad de Celeste y sus hermanas, ahora, es conducida por el juez Gustavo Guercovich, quien rechazó la queja del matrimonio Colinas Taraburelli porque consideró no viable su proyecto de guarda. En igual sentido se expidió la Cámara de Apelaciones de Gualegauychú. Ambas instancias le dieron la razón al RUAER.

Testimonio refrendado

Ante el escribano público Miguel Alfonso Larrivey de Gualeguay, titular del Registro Notarial número 20 de esa jurisdicción, se labró la Escritura 68, a las 8.30 del 12 de octubre de 2016. En el documento, Roland Ricardo Sauerbrey declaró con carácter de testimonio público: “A fines de noviembre de 2015, unos días antes que mi esposa fuera a declarar como testigo por la denuncia penal contra Ana Crespi por los supuestos abusos contra las nenas del Hogar San José, recibí un llamado telefónico de Clara Matsen (mamá de Ana Crespi) para decirme que quería hablar conmigo por algo importante y fuera de mi casa, a solas, le dije que sí y alrededor de las 20 o 20.30 crucé enfrente de mi casa, al lavadero de camiones “El Santiagueño”, que está sobre Boulevard San Juan. Llegó Clara con el novio de su hija, el juez de familia Gustavo Piquet, los dos juntos en el auto del juez, un Peugeot color claro. Piquet se acercó a mí, estaba muy alterado por la denuncia penal que tenía su pareja Ana Crespi, se notaba cuando hablaba que estaba muy nervioso, me insistió que se fije bien lo que iba a declarar Myriam en la causa penal, que la aconseje, porque podía tener una denuncia penal por falso testimonio. Piquet dijo que había visto el videíto que habían presentado estos hijos de puta, cuando decía hijos de puta siempre se refería a Marcelo Colinas y su esposa Rosario, yo le decía que era solo un video porque no lo había visto y él volvió a decir que ese videíto servía, señalaba levantando una mano como si tuviera en su celular el video. Piquet dijo que podrían haber elegido una nena negrita y eligieron una rubia para que les cierre la familia perfecta, él médico, ella abogada y la nena rubia, se refería a Marcelo Colinas y la nena rubia era Celeste. Dijo también que esa manga de hijos de re mil puta nunca la van a tener, que nunca la iba a adoptar esa gente. Los puteaba mucho. Como Piquet se dio cuenta que yo no iba a decir nada más ni decirle a mi esposa lo que tenía que declarar en la justicia, se fue enojado. Después de eso crucé a mi casa, estaba mi cuñado Eduardo Gandini y me preguntó qué pasaba porque nos había visto hablando y le conté todo. Yo estaba mal, le conté todo a mi mujer y mi hija tenía miedo que nos pase algo, que nos hagan algo por venganza. En ese momento no sabía qué hacer, Ana además es mi prima, por eso no hice nada más.

La negativa del RUAER y consideraciones del Ministerio de la Defensa

La titular del Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos, María Spais; y el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, expusieron su postura sobre el caso. En diálogo con ANÁLISIS respaldaron los informes del equipo interdisciplinario del Registro que declaró no viable el proyecto de adopción de la pareja. Descartaron que haya animosidad en contra de los Colinas Taraburelli y sostuvieron que el matrimonio permaneció en una “situación de ilicitud” al relacionarse con Celeste. Reconocieron que no tomaron ninguna medida por las irregularidades cometidas durante la gestión de Ana Crespi en el hogar y reafirmaron que su único interés es el resguardo del derecho superior del niño.

“Esta gente se encariñó y se podría decir que hasta se obsesionó. Ellos presentaron un cambio de radicación de Buenos Aires a Gualeguay y nosotros les respetamos la fecha de inscripción. Pero sí les exigimos volver a evaluarse, como lo hacemos con todos los matrimonios que vienen de otros registros”, respondió Benítez.

Spais dijo que la reevaluación del proyecto de adoptabilidad de la pareja “tiene que ver con una intervención interdisciplinaria del equipo técnico. Las razones para el rechazo son reservadas del legajo. Tiene que ver con cuestiones sobre la disponibilidad o no del proyecto familiar para los fines adoptivos. Las cuestiones que se detectaron es porque al momento de ser evaluados no presentaban una aptitud mínima para ser aspirantes a guarda. Esta familia tuvo la posibilidad de cuestionar esta decisión y se presentaron con patrocinio letrado en el Juzgado, ellos tienen resguardado el derecho a juicio y tiene acceso a todos los informes para saber qué cosa se les objetó. Pero esa decisión fue firmada por el juez de primera instancian Pablo Guercovich y después también recurrieron a la Cámara de Apelaciones de Gualegauychú, que también lo confirmó a ese fallo”.

“No tenemos ningún interés en causarle un perjuicio al matrimonio pero el centro es el niño, no el matrimonio. Nosotros nos habíamos expedido antes de la denuncia penal que hicieron ellos por supuesto abuso. Cuando llegó la denuncia de ellos es porque nosotros habíamos hecho nuestro descargo”, manifestó Benítez.

Luego Spais admitió que Piquet, siendo juez de Familia, “tomó en la causa de adoptabilidad de las nenas la decisión de no dar la legitimidad que pidió el matrimonio para la guarda de la nena”. Inmediatamente Benítez subrayó que quien terminó de resolver la cuestión fue Guercovich y la Cámara de Gualeguaychú.

“La búsqueda de familia para las nenas estuvo demorada porque se consideró a esta familia como adoptante, por la situación anterior que se dio, porque si no se hubiese sacado el listado con postulantes ya inscriptos y evaluados para eso. Eso no pudimos hacerlo porque el Juzgado pidió que para esa niña se evalúe la aptitud de esa pareja. De la evaluación puntual se determinó que esta familia no tenía un proyecto viable para adoptar esta niña ni ninguna otra. Ellos apelaron y volvieron a recurrir en queja ante Cámara, y en todas las instancias se le negó”, reafirmó Spais.

En términos generales, Benítez destacó que hace años atrás “las adopciones eran un desorden en todo el país. En Entre Ríos tuvimos la mala suerte que nos condenaron por una entrega directa, pero de a poco nos fuimos ordenando. Una de las primeras cosas que hicimos fue impedir la entrega directa, que ahora está avalado por el Código Civil. Lo que se daba en estos casos era que las personas que querían adoptar pretendían borrar el pasado de los niños, que los chicos pierdan la identidad. El segundo error era la sobreprotección hacia ellos, al punto de no darles lugar a su personalidad para que se desarrollen. Eso cambió internacionalmente y en la provincia fuimos más lento”.

Niños que esperan

Según los datos oficiales brindados por los funcionarios, actualmente hay 77 niños menores de 12 años en condiciones de ser adoptados en la provincia. De ese total, 41 están en proceso de vinculación y 36 a quienes se les busca una familia. Hay otros 35 adolescentes que van de 12 a 17 años y también están en condiciones de ser adoptados por una familia. Desde que está el registro de adoptantes en abril de 2011 hasta hoy, se concretaron 359 adopciones. “Hoy tenemos más de 100 familias en condiciones de guarda. Cuando los niños van de 0 a 3 años, el 76 por ciento de los matrimonios los quieren. Pero hay situaciones complejas, cuando son varios hermanos hay que tratar de buscar familias que los adopten a todos juntos. Aunque los plazos de institucionalización se han acotado en los últimos años, actualmente tenemos 28 grupos de hermanos para ser adoptados”, indicaron.

“La situación que lleva a una adopción tiene varios pasos. El Código Civil actual indica que los niños pueden ser separados de sus núcleos familiares por protección durante un plazo máximo de 180 días. Vencido ese término debe declarase la situación de adoptabilidad o volver con su familia. Esto ha acelerado los tiempos, pero eso no implica que al declarar la situación de adoptabilidad, para todos los casos tengamos una respuesta inmediata. Para los más pequeños sí, pero cuando los niños son más grandes o tienen alguna situación de salud o son muchos hermanos se complejiza”, señalaron.

Celeste

Actualmente, Celeste* tiene 8 años y hace algunas semanas fue separada de sus hermanas y alojada en una residencia socioeducativa de adolescentes, a pocas cuadras del hogar San José. Desde el Estado sostienen que todas las medidas que se tomaron tienen como objetivo proteger y garantizar los derechos de la niña. Así lo dicen, aunque haya sido el mismo Estado el que la dejó viviendo sus primeros tres años en un ambiente de extrema violencia, y sea el mismo Estado el que continúa institucionalizándola desde que la sacaron de su seno familiar, hace más de cinco años y medio atrás. Ese Estado que al momento de las evaluaciones, tampoco consideró una serie de informes psicológicos elaborados por terapeutas de Celeste, donde ella expresaba su interés y sentimientos respecto del matrimonio Colinas Taraburelli. Las psicólogas definieron la pareja como “referentes afectivos” de la niña.

(*Ese no es el nombre real de la niña. Por decisión editorial no se brindan datos que permitan identificarla).

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