Amnistía Internacional volvió a pedir que Argentina legalice el aborto

Movilización

La ONG recalcó la "necesidad" que Argentina legalice el aborto y advirtió sobre las prisiones preventivas en el país.

A una semana de la primera movilización del año para pedir por la legalización y la despenalización del aborto, Amnistía Internacional recalcó la "necesidad" de que Argentina legalice la interrupción voluntaria del embarazo y garantice su acceso. "La tipificación del aborto como un delito penal favorece el silenciamiento de un problema serio de salud pública y promueve la estigmatización de las mujeres aún en los supuestos en que el aborto es legal", detallan en su informe anual titulado Derechos Humanos: Agenda para Argentina.

"Esto se evidencia en el modelo vigente en Argentina, que ha llevado a que en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres perdieran la vida y otras 49.000 pusieran año a año en riesgo su salud y sus vidas. Las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna durante años", recalca el texto dado a conocer esta semana.

Tras un breve repaso sobre los principales hitos en los últimos años sobre el tema, desde la ONG aseguran que "es auspiciosa la relevancia que le ha dado el actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández y la cartera de Salud" a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. "Amnistía Internacional espera que las manifestaciones públicas de apoyo y acompañamiento a la despenalización y legalización del aborto se traduzcan a la realidad", expresa el análisis.

En este marco, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló: “La transición mundial hacia modelos de eliminación total de la amenaza penal dejan a nuestro país inmerso en un retraso que lo coloca a la retaguardia de los principales países desarrollados en el mundo. Esperamos que finalmente en 2020 la despenalización y legalización del aborto se traduzcan a la realidad”, según publicó Perfil.

Otro de los ejes que recorre el informe es el uso "abusivo" de la prisión preventiva en el país. "Las cifras oficiales indican que para el final de 2017 había más de 94 mil detenidos en cárceles de todo el país, federales y provinciales, de los cuales sólo el 53,3% de ese total tenían condena, mientras que el resto se encontraban sin condena. El caso de Jorge González Nieva --quien lleva casi 13 años detenido sin condena firme-- da cuenta del abuso en la aplicación abusiva de la prisión preventiva por parte del sistema judicial", detalla el estudio.

El informe analiza, además, la situación de la falta de información que hay respecto a la ley de Educación Sexual integral (ESI). Según lo informado, la organización envió pedidos de acceso a la información pública en julio de 2019 a las 24 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre implementación de la ESI. "A la fecha solo se recibieron 6 respuestas, lo que impide obtener información precisa. Pese a los 12 años de existencia del Programa de Educación Sexual Integral, 8 de cada 10 estudiantes no reciben educación sexual en sus escuelas", detalla el estudio, y recalca: "En este contexto de falta de información, las cifras sobre embarazo no intencional en la niñez y adolescencia son alarmantes" ya que "cada 4 horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina".

Por último, el análisis hace hincapié en la situación económica del país. "Argentina atraviesa una profunda crisis con retracción de la actividad económica; el aumento de los índices de pobreza; el deterioro en las jubilaciones y otras prestaciones sociales; la pérdida de empleos; la caída del salario real y del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación que produjo un deterioro en la agenda social y económica del país", afirma el texto.

Y subraya: "En este contexto de austeridad, las obligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa no deben obstaculizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales". En este marco, recalcan el estado de los pueblos indígenas. "Son discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir. El Estado ha comenzado un proceso de relevamientos territoriales que debe terminar prontamente como paso necesario para que luego las comunidades puedan avanzar en procesos de reivindicación y titulación comunitaria", concluyen.

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