Mediante un DNU y enviar al Congreso una ley de expropiación, el gobierno de Alberto Fernández decidió intervenir el holding Vicentín. En ese sentido se expresó la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

“La intervención de la cerealera y aceitera Vicentin y el consecuente proyecto de ley para expropiarla genera preocupación y obliga a un enérgico rechazo de la medida, ya que el involucramiento del Estado en empresas privadas ha demostrado históricamente el más rotundo fracaso generando, además, ámbitos de corrupción”, afirman desde FARER.

“Lo lógico y natural –continúa el comunicado– hubiese sido que la empresa siga con el concurso judicial que estaba en marcha. Estas ideas atrasan décadas y nos remontan a la Junta de Granos cuando el Estado intervenía en el comercio exterior de la agroindustria. O en Entre Ríos, cuando se provincializó el frigorífico de Santa Elena con los tristes resultados conocidos. Claramente, este intento de estatización es una señal negativa y peligrosa para el momento de la economía, para la industria, los productores y los mercados”.

“Tenemos la absoluta convicción que debemos defender los mercados transparentes en el marco de reglas claras de oferta y demanda sin la intervención perniciosa del Estado en el proceso, que absolutamente siempre generó profundas distorsiones que terminaron provocando graves problemas”, aseguraron las Asociaciones Rurales.

“En el marco de un fuerte proceso de desinformación por parte del Gobierno, resulta necesario desmitificar que la expropiación de Vicentin ayuda a la soberanía alimentaria, ya que esta empresa exporta porotos de soja, harinas y aceite que no compiten puertas adentro. Es la misma soberanía de la que hablaron cuando se apoderaron de Aerolíneas Argentinas o YPF y hoy seguimos pagando la fiesta del Estado. En síntesis, esta operación tiene mucho más que ver con una solapada intervención del mercado de granos y nada con la soberanía alimentaria que nos quieren “vender” a través del relato”, continúa el comunicado.

En ese sentido, “tampoco podemos aceptar la excusa de la deuda como factor decisivo para el apoderamiento de la empresa por parte del Estado, ya que es el mismo proyecto político que ha condonado deudas y realizando salvatajes a gremios y empresarios que operaban con una matriz de corrupción gigantesca”.

“Lamentablemente estas ideas intervencionistas nos acercan cada día más a modelos como el de Venezuela, donde un Estado ineficiente intenta apropiarse de la producción y la economía con los resultados por todos conocidos: caos, corrupción, deuda y enfrentamientos sociales interminables y desangrantes”, afirmaron.

“En resumen –concluye el comunicado– desde FARER reiteramos el repudio a la medida y hacemos un llamado público a reconsiderar la decisión ya que conllevará consecuencias económicas y productivas desastrosas que pagaremos como siempre todos los argentinos, como cada vez que el Estado se puso a jugar a ser empresario”.