El relator de las Naciones Unidas por la independencia judicial, Diego García Sayán, precisó que el 26 de junio próximo vence el plazo para que el Estado argentino responda a la comunicación sobre la destitución de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

Lo dijo en una entrevista que dio este martes a Juan Gasparini para el medio Contrapunto desde Ginebra. García Sayán describió una especie de “ola” de afectación mundial a la independencia de abogados y, puntualmente, se refirió a la comunicación que recibió sobre la destitución de Cecilia Goyeneche.   

“En el contexto actual mundial, donde hay afectación a la independencia judicial, una de las piezas afectadas es la independencia de los abogados a través de amenazas de particulares, de intervenciones telefónicas. Al margen, existe el deber de garantía de los Estados para que los abogados y abogadas ejerzan libremente”, señaló el relator de la ONU y alertó: “Se comprueba una especie de ola que afecta a la profesión legal, en todas las regiones del mundo, y debe ser materia de atención de la comunidad internacional”.

En ese sentido, consideró que “tiene que ver con la legislación y la política”. “Muchas veces se permite a la política manejar a las instituciones que deben ser independientes. Tiene que ver también con la vigilancia de la sociedad que es adjudicataria del derecho a recibir servicios legales fundamentales”, acotó. “Esto es parte de los principios adoptados por Naciones Unidas hace más de 30 años, en 1990. En el escenario global hay esfuerzos en Europa, donde se trabaja en lo que podrá ser un tratado internacional, donde países que no son parte del Consejo Europeo puedan adherirse si se convierte en un tratado. Sería muy importante para avanzar en esa dirección”, sostuvo.

En Entre Ríos

Más adelante fue consultado sobre la destitución de la fiscal Goyeneche. “Cuando un relator como es mi caso encuentra elementos de información serios en una comunicación, que además cuenta con la anuencia de la posible víctima, el relator puede enviar una comunicación al Estado en cuestión, que tiene 60 días para responder”, aseveró.

“Recién cuando se reciben recibe una respuesta de ese Estado, o una vez vencido el plazo sin recibir la respuesta, se puede  publicar la comunicación que se recibió”, dijo, atendiendo al resguardo de detalles. “Las comunicaciones son muy importantes porque no son vinculantes con las sentencias pero abren un diálogo. Es algo que pone sobre el tapete un tema, no puedo comentar la sustancia de este caso porque el plazo recién vence el 26 de junio, pero lo que es claro es que cuando hay un Estado federal, el gobierno que representa al país en su conjunto es el que responde sobre los hechos que se puedan estar produciendo”, señaló.

“Lo único que puedo decir es que la corrupción es un tema de principal preocupación en lo que ha sido mi papel como relator. La corrupción como amenaza permanente a la independencia de Justicia, pero también como un reto dentro del espacio clave que es la estructura del Estado para enfrentar la corrupción, el espacio que está precisamente en manos de la Justicia, de fiscales y jueces independientes, que son la primera y última línea de combate”, ubicó.  

“Cualquier hecho vinculado a corrupción que afecte la independencia de cualquier juez o fiscal, es relevante y merece la atención de la comunidad internacional”, advirtió. “Si llega una comunicación, como estoy seguro llegará del Gobierno argentino, también se publicará su contenido para ver si se puede establecer un diálogo que sería lo más propicio, porque en este caso no estamos hablando de una sentencia, sino de una comunicación que se recibe para prevenir un daño o corregirlo, o si es que se produjo, como parece este caso”, cerró.