El aparato de inteligencia fue el cerebro del terrorismo de Estado, pero sus agentes logran evadir a la Justicia gracias a una estructura legal aún vigente. Funcionarios y referentes de los derechos humanos reflexionan sobre cómo avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia.

Todo en el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) era secreto. Los espías que transitaban esos pasillos –como Isabelita, la infiltrada en Madres de Plaza de Mayo– no debían nunca decir que integraban ese organismo de inteligencia. El recelo era tan grande que la ley orgánica –que nunca fue modificada– habilitaba al jefe de la PFA a mentir si un juez preguntaba por un agente. Con esas dificultades se topan los tribunales a la hora de investigar la estructura de inteligencia de la dictadura, que fue el cerebro de la represión y que –como quedó claro con la revelación en Página/12 de la espía que permaneció en las sombras por más de 40 años– sigue funcionando como una caja negra.

Cuando entró al Cuerpo de Informaciones, Isabelita dejó de ser llamada como la llamaban en su casa. Solo conservó las iniciales de su nombre y su apellido. Desde entonces ésa sería la identidad con la que la PFA se iba a referir a ella, especialmente para evitar que se filtrara información sobre esta mujer que debía salir a las calles a conseguir datos para la inteligencia policial, publicó Página12.

Las leyes que regulan el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones son secretas y están ancladas en el secreto. Nada se puede contar. Allí radica parte de su éxito y parte de las dificultades que encuentran magistrados y magistradas así como integrantes de organismos de derechos humanos para entender el funcionamiento de éste y otros organismos de inteligencia. “Es difícil poder investigar porque históricamente ha funcionado bajo el secreto, lo que dificulta reconstruir las orgánicas, la estructura, la cantidad de empleados y el presupuesto”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Reconstruir una estructura como la del Cuerpo de Informaciones –que históricamente funcionó bajo el más absoluto secreto y con la posibilidad de infiltrar organizaciones sociales y partidos políticos– viene siendo complicado. Por eso, reclamamos políticas de desclasificación de la información y que el Estado transparente este tipo de estructuras”, dice la referente del CELS.

“El camino para poder interpretar la estructura de inteligencia está en analizar todos los reglamentos y la actividad burocrática que tuvieron. De esta forma se puede ver cómo esa inteligencia se volvía operativa, pero nos falta información aún”, dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Parte de estas discusiones se volverán a dar en los próximos días cuando el juez federal Ariel Lijo tenga que decidir si reabre la denuncia que había presentado el Ministerio de Seguridad en 2013 por la presunta responsabilidad de Isabelita en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977.

El cerebro del exterminio

El Cuerpo de Informaciones –que integró Isabelita– funcionó bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Era la estructura de la PFA que formaba parte de la comunidad informativa junto con otros organismos de inteligencia como la Jefatura II o el Batallón 601 del Ejército, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea o de la Marina.

Desde antes del golpe de Estado, la responsabilidad de la represión quedó en cabeza del Ejército. La inteligencia –dijo el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que juzgó los secuestros de la Contraofensiva– fue el cerebro de la represión. “Hay que investigar el aparato de inteligencia para hablar de quiénes fueron los responsables del exterminio”, dice la auxiliar fiscal Gabriela Sosti, que representó al Ministerio Público Fiscal en ese juicio que terminó con condenas a prisión perpetua. No en vano, remarca Sosti, los jerarcas de la dictadura decían que la “guerra” la ganaron con la inteligencia. “No hablaban de los torturadores sino de los integrantes del aparato de inteligencia que hicieron su aporte a la empresa criminal”, agrega.

Para Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, la estructura de inteligencia fue central en el armado represivo. “Siempre se consideró que fue el sistema medular, el sistema nervioso, del aparato represivo de la dictadura”, remarca y dice que, por eso, el Programa Verdad y Justicia –que depende de la Secretaría de Derechos Humanos– estuvo abocado en los últimos años a desentrañar cómo funciona esta estructura e incluso cómo se financió. Una de las tareas de los expertos fue analizar alrededor de 200 legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones --entre ellos, el de Isabelita-- y la normativa que rige a este organismo.

“Está demostrado que las estructuras de inteligencia fueron las que guiaron el accionar represivo, mediante un plan de operaciones”, resalta Pochak. “Sin embargo, justamente por la división de tareas, muchos de sus responsables permanecen impunes ya que los sobrevivientes, principales testigos del proceso de verdad y justicia, rara vez tuvieron contacto con ellos para poder identificarlos y reconocerlos”, explica la subsecretaria.

La sobrevivencia de la estructura de inteligencia

¿Para qué se usaba la información que recolectaban los espías? ¿Se los puede responsabilizar si no hay un testigo que los haya visto en un operativo o en un centro clandestino? “Hay una falencia en la lógica imputativa que está pensada en la inmediatez con el hecho o en una lógica causal que conduzca a la persona sentada detrás del escritorio”, marca Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “La inteligencia está detrás de la estructuración represiva”, dice Lovelli. En La Plata, el representante de Abuelas cuenta cómo el Destacamento 101 no sólo articulaba con distintos esquemas represivos –de la Policía, el Ejército y la Marina– sino que también estuvo detrás de al menos tres casos de apropiaciones de niños y niñas en esa jurisdicción.

“Hace muchísimos años que venimos marcando la necesidad de visibilizar estas estructuras, pero por alguna razón el Poder Judicial no direccionó de esa forma las investigaciones”, apunta la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “En el juicio de Circuito Camps (2012), pedimos que se investigara a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) o en el juicio de la Unidad 9 sostuvimos que había que investigar a la inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por las muertes de los familiares de los presos políticos”, agrega.

Para Sosti, hay que investigar el aparato de inteligencia “desde atrás para adelante”. Hay que ver cuándo los agentes de inteligencia operaron al descubierto y, para ella, esa oportunidad la da ver quiénes fueron a Centroamérica a exportar los conocimientos adquiridos en los centros clandestinos argentinos.

“Es difícil investigar la estructura de inteligencia de la dictadura porque se recicló o continuó en gobiernos constitucionales”, dice el abogado Matías Aufieri, quien lleva, junto con Myriam Bregman, causas contra espías de la PFA. “Ya no son las cloacas sino los cimientos del Estado por su continuidad durante tantas décadas. Si no logramos derrotar la impunidad de los que actuaron en la dictadura, no vamos a poder hacerlo con los que usan el espionaje contra los que luchan”.