El proyecto oficial para modificar la ley de salud mental reabre una discusión estructural en un escenario atravesado por crisis económica, aumento de la demanda y debilitamiento de políticas públicas. En diálogo con Y de repente la noche (FM Universidad), Alicia Stolkiner, destacada psicóloga y referente en el tema, analiza los cambios propuestos, sus implicancias y las tensiones con el modelo vigente.
“Una de las cosas llamativas de este nuevo proyecto es que reconoce al anterior como válido. Sin embargo, advierte que ese reconocimiento es más formal que sustantivo. No aparece como una ruptura explícita, pero los cambios que introduce no son menores: modifican la lógica de intervención en salud mental”, consideró.
“A mí me extraña mucho que este proyecto aparezca en este momento, en simultáneo con el desmantelamiento de dispositivos públicos”
Stolkiner dio como ejemplo lo que sucedió en el Hospital Bonaparte (Buenos Aires). Dijo que era un hospital nacional de altísima calidad en salud mental, con una especialización muy importante en consumos problemáticos que hoy sufre ese desmantelamiento. Cuestionó además los argumentos utilizados para justificar recortes. “Se lo evaluó con criterios erróneos, como comparar cantidad de personal con número de internaciones, cuando cualquier hospital general tiene más personal por paciente que un dispositivo manicomial”. Y marca una diferencia estructural en la concepción en donde “los manicomios han tenido siempre internaciones prolongadas, con promedios que llegaron a ocho años, donde muchas altas se producen por fallecimiento y no por recuperación”.
Retrocesos en el proyecto
La profesional subrayó “uno de los puntos más importantes es el cambio conceptual”. “La ley vigente introdujo una noción amplia. Trabaja con la idea de sufrimiento psíquico, que no se limita al diagnóstico psiquiátrico. En cambio, el nuevo texto restringe ese enfoque para volver la categoría de enfermedad o trastorno mental, que es más estrecha. Esto tiene consecuencias concretas. El diagnóstico psiquiátrico es necesario, pero no alcanza para definir una estrategia de tratamiento. El sufrimiento psíquico permite pensar intervenciones que incluyen la red social, las condiciones de vida y los dispositivos comunitarios”, diferenció.
“La ley vigente introdujo una noción amplia. Trabaja con la idea de sufrimiento psíquico, que no se limita al diagnóstico psiquiátrico”.
Stolkiner advirtió un corrimiento hacia la medicalización. “Se refuerza el lugar del psiquiatra en la toma de decisiones, lo que implica una mayor psiquiatrización del campo”. Y subrayó una tensión: “El abordaje interdisciplinario queda en el discurso, pero en la práctica se debilita”.
“Es una mentira flagrante que la ley actual prohíba la internación involuntaria”.
Internaciones
“Es una mentira flagrante que la ley actual prohíba la internación involuntaria. La normativa vigente la contempla bajo condiciones precisas. Es una medida excepcional, porque es la única en el campo de la salud donde se puede privar de libertad a una persona en nombre de su cuidado. El cambio propuesto altera ese criterio. Hoy la causal es ‘riesgo cierto e inminente’. El proyecto lo reemplaza por ‘peligro para sí o para terceros’ y esto marca una diferencia es sustantiva. Es una categoría mucho más difusa, que puede proyectarse hacia el futuro sin precisión. Cuando se amplían estos criterios, se habilitan prácticas que la ley vigente intentó limitar”, advirtió.
El rol de la justicia y de las familias
“Hay una tendencia a reforzar la judicialización del tratamiento. Pero el punto más crítico está en la corresponsabilidad familiar. Se establece que familiares, convivientes o representantes legales deben asumir un rol activo en la continuidad del tratamiento, y el problema es la distancia con las condiciones reales. No se considera en qué situación están esas familias. Podemos estar hablando de padres mayores de 75 años, de hijos menores, de personas en condiciones económicas muy precarias”, planteó.
Para ilustrarlo, Stolkiner recuperó experiencias concretas. “Pretender que una persona con trabajo informal, con hijos a cargo y en condiciones de vida difíciles pueda hacerse responsable de un tratamiento complejo es desconocer la realidad social”, dijo y sintetizó esa idea en una definición contundente: “Muchas veces no son familias que abandonan, sino familias abandonadas”.
Marcó que “la legislación anterior partía de una presunción de peligrosidad que fue muy cuestionada. Ese paradigma había sido revisado por su impacto en derechos y ahora este proyecto vuelve a acercarse a esa lógica”. En términos más amplios, la profesional interpretó un cambio de enfoque: “Se pasa de un modelo basado en derechos a uno más vinculado al control”.
Y agregó: “Hay una orientación hacia un mayor control social, eso es evidente, en donde el discurso dominante responsabiliza a las personas por su propio sufrimiento”.
“Estamos viendo un aumento muy fuerte de la demanda en salud mental”, indicó. Entre los indicadores más graves mencionó uno en particular: “El incremento del suicidio es uno de los datos más dolorosos que están apareciendo en distintas provincias”.
“Lo económico nunca es solo económico. Está profundamente ligado a las condiciones de vida, a la vida cotidiana y a las instituciones”.
También identificó nuevas problemáticas. “Se incrementan los consumos, no solo de sustancias ilegales, sino también de pantallas y apuestas, especialmente en población joven”, y añadió que estos fenómenos se relacionan con el contexto económico. “Lo económico nunca es solo económico. Está profundamente ligado a las condiciones de vida, a la vida cotidiana y a las instituciones”.
En este sentido, aportó un antecedente histórico: “En la crisis del 30 en Estados Unidos se registró un aumento significativo del suicidio asociado al desempleo y a la pérdida de horizontes”.
Reforma y las políticas actuales
“Es muy difícil pensar en avances en salud mental cuando hay un retroceso general en el sistema de salud, en donde hay problemas en la provisión de medicamentos, deterioro de ingresos, cambios en políticas de vacunación. Se están desarmando políticas públicas mientras se propone una reforma legal”, contextualizó.
“Muchas de las críticas que se le hacen a la ley no tienen que ver con su contenido, sino con su falta de aplicación, y eso se da porque el proceso de transformación del modelo es complejo. Estamos intentando modificar una estructura manicomial que tiene más de 400 años”, señaló. “A eso se suma un problema estructural de recursos. La ley establecía que debía destinarse el 10 por ciento del presupuesto de salud a salud mental, y eso nunca se cumplió. Incluso en los últimos años la inversión ha sido mínima”, remarcó.
“Es muy difícil pensar en avances en salud mental cuando hay un retroceso general en el sistema de salud, en donde hay problemas en la provisión de medicamentos, deterioro de ingresos, cambios en políticas de vacunación. Se están desarmando políticas públicas mientras se propone una reforma legal”.
Sobre el final, contó que se ha visto “una avalancha de pronunciamientos en contra del proyecto”. “La reacción fue amplia. Se expresaron asociaciones profesionales, colegios, organizaciones de usuarios y familiares. Incluso responsables de salud mental de distintas provincias se pronunciaron en contra de la reforma”, apuntó.
Y volvió sobre una idea estructural. “Si no hay financiamiento, cualquier ley es letra muerta”. “No se puede pensar una reforma sin recursos, sin dispositivos y sin políticas públicas que la sostengan”, concluyó.
* Alicia Stolkiner es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, graduada en Salud Pública por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicología Clínica por la UNAM. Desde 2003 es profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, y también docente en la Maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y en otros posgrados. Fue distinguida como doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba.
