Ante un nuevo caso de vulneración del sistema de tobilleras electrónicas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, analizó la implementación del mismo y admitió que “indudablemente hay que ajustar dos cosas: la parte técnica y a quién se le concede”. También consideró que "todo hace pensar que tal vez este sea el momento de poder sancionar la norma para implementar el juicio por jurados".

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Castrillón señaló que “estos dispositivos electrónicos no son invento exclusivo de la Justicia entrerriana, pero por otra parte queda perfectamente detectado cuándo se produce la ruptura de este tipo de implementos”. “No obstante eso, es una preocupación que lleva a tener que valorar con mayor estrictez en qué casos se puede aplicar esto y en cuales casos no. Hubo casos recientes en que se dio prisión domiciliaria a quienes no residen en Entre Ríos, lo que hace más dificultoso el afincamiento en su domicilio. Es un tema importante, que nos permite asegurar determinados riesgos pero que presenta fallas importantes que de no subsanarse hace perder totalmente la credibilidad del sistema”, explicitó.

En cuanto al hecho ocurrido el fin de semana, donde se detuvo en Paraná a un ladrón que tenía la tobillera electrónica colocada, sostuvo que “todo está bajo averiguación y en base al monitoreo permanente que debe tener eso, sino pasaría a ser una mera pulsera decorativa y lo cierto es que hubo fallas, eso es indudable sino esto no puede ocurrir”.

Por otra parte, analizó el sistema de prisión domiciliaria y sostuvo que “cuando realmente procede la prisión domiciliaria, por cuestiones de enfermedad o de que hay baja peligrosidad, no es la regla que ocurran estas cosas. Indudablemente hay que ajustar dos cosas: la parte técnica y a quién se le concede, y también que ante la violación de la domiciliaria, el castigo sea importante”.

Acotó que “la prisión domiciliaria está dada bajo determinadas condiciones, para determinados sujetos y ellos asumen determinadas responsabilidades, y al violarlas deben tener un mayor agravamiento de su condición”.

Consultado por los casos del fin de semana donde el joven ladrón tenía tobillera por un homicidio ocurrido en el Barrio San Jorge y el del triple crimen de Bajada Grande cuyo autor fue Oscar Siboldi, detenido con domiciliaria por un homicidio anterior, Castrillón dijo que “el tipo de delito se debería tener en cuenta”, aunque aclaró: “No puedo precisar cuál fue el fundamento del juez”. “Lo cierto es que esto es un medio para ser utilizado en determinadas circunstancias, con determinado tipo de sujeto con determinados antecedentes”, reiteró.

Dijo que “no hemos tenido conocimiento” de este tipo de situación en otras partes de Entre Ríos, pero indicó que “en otras provincias también se ha dado la ruptura de este tipo de dispositivos”. “No es la regla pero no es que no haya ocurrido y no es que no nos preocupe.  Nos preocupa y nos ocupa, porque otorgar determinado tipo de medida debe ser para cumplir con las restricciones que impone esa medida, si se viola la medida indudablemente se está violando el sistema, se está burlando de quien lo concedió y especialmente de la Justicia”, analizó.

Admitió que “este sistema se estableció para dar algún tipo de solución a determinada circunstancia, y las tobilleras fueron promovidas a lo largo y a lo ancho del país, se usan en todas las provincias e incluso intervino el Ministerio de Justicia de la Nación para procurarlas; pero más allá de la saturación o las malas condiciones que puedan tener nuestras cárceles no implica que se esté esperando que salgan algunos detenidos y mientras tanto se pone la tobillera electrónica. El uso de la tobillera corresponde con determinados sujetos, ante determinadas características ante determinados delitos y antecedes y ante determinadas circunstancias, que hacen posible este medio de restricción de la libertad en un lugar ajeno a la Unidad Penal. Pero en definitiva es una restricción de la libertad igual”.

Juicio por jurados

En otro orden de temas, Castrillón se manifestó “muy conforme” por las jornadas efectuadas en Paraná respecto de la implementación del juicio por jurados y analizó que “la capacidad de los expositores, los representantes de la provincia que lo vienen explicando, la participación y el conocimiento que tienen los legisladores que participaron, la posición pro activa y conductora de lo que será este proceso legislativo de la ministra de Gobierno (Rosario Romero) y la decisión del gobernador nos hace pensar que tal vez este sea el momento de poder sancionar la norma para implementar el juicio por jurados para los delitos de mayor importancia”.

En cuanto a la continuidad de la temática, mencionó que “ahora el gobernador tiene que mandar el proyecto; creo que la letra fina ya se concretó con la intervención del Ministerio de Gobierno y de todas las partes que querían aportar a través de estas jornadas, y luego queda en manos de los legisladores”.

Especificó que el costo de implementar el sistema “es muy inferior de lo que uno pensaba” y a modo de ejemplo dijo que “un juicio por jurados de tres días en Paraná estará entre 70.000 y 80.000 pesos”.

Asimismo, planteó que “no se puede generalizar a todos los tipos de delitos, pero la provincia estará en condiciones de ir ampliándose los delitos y las penas en abstracto que puede comprender el juicio por jurados” y recordó que “los delitos para los cuales se utilizará el juicio por jurados son aquellos que prevean una pena mayor a 20 años en abstracto y como comienzo, porque el sistema que se pretende aplicar tiene perdurabilidad en el tiempo”.

“En Entre Ríos podría haber hoy, en un cálculo previo, entre 12 a 16 juicios por jurados en la provincia. En el caso de sancionarse se verá esto, y a partir de ahí se analizará si el artículo que fija la pena donde pueda intervenir un juicio por jurado será de menor entidad o menor cantidad de años de pena”, concluyó.