El juez de Garantías N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, rechazó este miércoles por la tarde el sobreseimiento del intendente de Seguí, Cristian Treppo, en la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 16 cuadras que se ejecutó con fondos provenientes del plan nacional “Más Cerca”.

La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones. La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.

“Asiste a la sociedad el esclarecimiento de hechos donde se cuestiona el desempeño de funcionarios públicos”, sostuvo el magistrado en la reanudación de la audiencia que comenzó el pasado 9 de agosto, publicó Entre Ríos Ahora.

En la audiencia estuvieron el fiscal de la causa, Franco Bongiovani; el abogado Germán Coronel, que defiende a Treppo; a Carina Zapata, la ingeniera en construcciones que fue contratada por el Municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón. Y los abogados Miguel Ángel Cullen y Néstor Pedroti que defienden a Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; al ingeniero de la firma, Hernán Barrera; y a Néstor Iván Szczech, vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción.

Además, desde el sector del público de la sala siguió con atención la resolución del juez la secretaria de Gobierno de Seguí, Nora Beaud, quien, cabe aclarar, no se encuentra imputada en el caso.

El juez de Garantías N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, rechazó este miércoles por la tarde el sobreseimiento del intendente de Seguí, Cristian Treppo, en la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 16 cuadras que se ejecutó con fondos provenientes del plan nacional “Más Cerca”.

La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones. La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.

“Asiste a la sociedad el esclarecimiento de hechos donde se cuestiona el desempeño de funcionarios públicos”, sostuvo el magistrado en la reanudación de la audiencia que comenzó el pasado 9 de agosto.

En la audiencia estuvieron el fiscal de la causa, Franco Bongiovani; el abogado Germán Coronel, que defiende a Treppo; a Carina Zapata, la ingeniera en construcciones que fue contratada por el Municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón. Y los abogados Miguel Ángel Cullen y Néstor Pedroti que defienden a Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; al ingeniero de la firma, Hernán Barrera; y a Néstor Iván Szczech, vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción.

Además, desde el sector del público de la sala siguió con atención la resolución del juez la secretaria de Gobierno de Seguí, Nora Beaud, quien, cabe aclarar, no se encuentra imputada en el caso.

Por qué el rechazo

En primer lugar, el juez de Garantías sostuvo que en el caso no encontró que proceda el sobreseimiento ya que no se dan las causales A, B y C que prevé el artículo 397 del Código Procesal Penal. En ese sentido, explicó que no existe “certeza negativa” respecto de que el hecho investigado no existió, que el hecho no encuadra en una figura penal, y que el delito no fue cometido por el o los imputado/s.

“Habiendo analizado los argumentos vertidos, y las evidencias obrantes en el legajo de Fiscalía, en particular la pericia contable, tales evidencias no me permiten alcanzar una resolución desincriminante con el convencimiento certero e indudable sobre su procedencia”, dijo y agregó que la acción penal pública la ejerce exclusivamente el Ministerio Público Fiscal, y que este reafirmó su voluntad de continuar investigando el caso.

En esa línea, refirió que la Fiscalía no sólo reafirmó que seguirá investigando sino que “en breve nuevamente pedirá la remisión de la causa a juicio. Al respecto, señaló que “lo que evidencia es que faltan elementos de convicción sobre el acaecimiento del hecho y la participación punible que le cupo a los acusados”

El fiscal de la causa, Franco Bongiovani, había solicitado la elevación de la causa a juicio en diciembre de 2018, pero luego pidió dejar sin efecto la audiencia para tal fin argumentando que se necesitaban recolectar otras evidencias para el expediente. Esa decisión sirvió de argumento a los abogados defensores para solicitar el sobreseimiento, ya que consideraron que la Fiscalía no tenía elementos para mantener las imputaciones.

En cuanto a ese punto, el juez Bonazzola consideró que la retractación del pedido de elevación de la causa a juicio no supuso un “reconocimiento de inocencia o insuficiencia de prueba”.

Por último, el magistrado también rechazó el cuestionamiento de los defensores a la calificación legal, esto es, el supuesto delito de peculado. “En esta instancia, la misma resulta una imposición formal”, dijo el magistrado, que explicó que en la instancia de la investigación penal preparatoria no se exige que la imputación esté correctamente delimitada, sino que ello se analiza en la audiencia de elevación de la causa a juicio.

A su vez, el juez también desestimó que se haya violado el principio del plazo razonable en la investigación, que fue planteada por el abogado de Treppo, Germán Coronel, con la adhesión de sus colegas. La causa lleva en los Tribunales dos años y medio.

Finalmente, el magistrado reiteró el rechazo del pedido de sobreseimiento y remarcó que “asiste a la sociedad el esclarecimiento de hechos donde se cuestiona el desempeño de funcionarios públicos”.