Este miércoles a las 10 habrá una marcha a Tribunales al cumplirse un año de la muerte de Gabriel Gusmán, quien fue ultimado por los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina, en barrio Capibá de Paraná. La causa está paralizada aunque el abogado querellante que representa a la familia de la víctima, José Iparraguirre, asegura que “hay varios testimonios que dan cuenta que estamos ante un caso de gatillo fácil”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Iparraguirre consideró que es “absolutamente incomprensible la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF) de imputar a los policías Íbalo y Molina de la muerte de Gabriel Gusmán pero no llamarlos a declarar como imputados”.

“Es incomprensible porque está claro que si hay que discutir la posibilidad de que estos funcionarios actuaran en legítima defensa o en el ejercicio de su cargo, debería ser motivo de análisis al momento de llevarse adelante un juicio oral. Lo central es poder destrabar la declaración de estos funcionarios y llegar a esta instancia”, ahondó.

En ese marco, recordó que “hace ya mucho tiempo solicitamos a la Fiscalía, en un escrito donde analizamos todos los elementos existentes en la causa, que había elementos de cargo suficientes para el llamado a prestar declaración, y así poder analizar las causas de justificación en el marco del juicio oral”. “No lo ha resuelto el Ministerio Público Fiscal, que en caso de resolver un archivo de la causa porque entiende que no hay un hecho delictivo, ni siquiera nos ha dado la posibilidad de apelar ante la jueza de Garantías e ir en distintas instancias”, se quejó.

Asimismo, informó que “también se presentó un nuevo testigo, basados en la teoría de que esto fue una ejecución y no un enfrentamiento, que Gusmán no efectuó disparos hacia la policía sino que levantó las manos y por la espalda fue ejecutado, y también hubo otros dos testigos más que luego por temor no se quisieron presentar a declarar. Pero hay varios testimonios que dan cuenta que estamos ante un caso de gatillo fácil”.

Sobre la falta de avances de la causa, el abogado dijo que “parte de los elementos probatorios ya están producidos y el único argumento es que los están analizando” y consideró que la procuradora adjunta “Cecilia Goyeneche y los fiscales no saben cómo resolverlo, no saben si avanzar y archivar la causa”.

“En algún momento habíamos pensando la posibilidad de ir al juez de Garantías para solicitarle la declaración de imputados, luego de haberlo solicitado ante el MPF que ni siquiera se tomó el trabajo de contestarlo, pero luego decidimos, por una cuestión de táctica procesal, esperar a la acusación pública para ver si se llegaba a avanzar en un proceso de juicio oral para definir cuáles fueron las circunstancias exactas de los hechos. Para una Investigación penal preparatoria y para avanzar en la declaración de imputado hay elementos más que cargosos y a un año es incomprensible la postura que ha tomado el MPF”, planteó.

En ese marco, sostuvo que “no se animan a disponer un archivo de las actuaciones, y esto afecta el mismo derecho de defensa porque hay dos personas que están imputadas del delito, al punto que hay abogados defensores interviniendo, pero no se avanzó en la toma de la declaración” y adelantó: “Estamos esperando que el MPF resuelva y si la situación sigue en este sentido, nos obligará a ir a solicitarle a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que termine de resolver esta situación”.

Consultado por la situación de los policías imputados, mencionó que “los familiares de Gabriel Gusmán han visto, al menos a uno de los imputados, prestando funciones, de recorrida y de patrulla en la calle, pero no sabría decir más porque no somos parte del sumario administrativo que se inició dentro de la fuerza policial”.

Aunque dijo desconocer si hubo resultados del sumario, dijo que “en general los sumarios administrativos esperan la resolución de la causa penal para darle conclusión” pero de todos modos consideró que “sería un enorme desacierto de la Jefatura de Policía de la provincia sigan estando en funciones dos personas que están imputadas de la muerte de un joven”.

Por otra parte, señaló que “esta situación escapa a un hecho delictivo común” y recordó que después de ocurrido “se efectuó una reunión con el procurador General de la provincia, Jorge García, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, para pedirles que no se aplicara la doctrina Chocobar en la provincia de Entre Ríos, en un momento en donde se alentaba fuertemente este criterio desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, y les manifestamos nuestra preocupación en una provincia donde ya hubo policías condenados por sedición”.

“Toda esta situación no se puede analizar si no se enmarca en este criterio, donde más allá de lo jurídico hay una situación política de disputas de poderes que no está resuelta y por eso no se termina de avanzar”, reflexionó.

Ante ello, adelantó que “una vez más, este miércoles a las 10, la familia y los organismos de derechos humanos nos vamos a movilizar en la exigencia de justicia en este caso, que no haya más casos de gatillo fácil en la provincia, que no se habilite la Doctrina Chocobar desde el punto de vista jurídico para lograr la impunidad de los funcionarios policiales que cometen abusos de autoridad, y mucho menos tormentos, vejámenes o desapariciones. La lucha siempre tiene un camino político y un camino jurídico”.