El PJ de Gualeguaychú enrolado en el liderazgo de Juan José Bahillo y Pedro Guillermo Guastavino, está de fiesta. No es por el nombramiento del actual diputado nacional como ministro del gabinete de Gustavo Bordet, sino porque la demora en la Justicia le juega a favor.

El Juzgado de Garantías y Transición N° 1 de Gualeguaychú, a cargo del juez Tobías Podestá, suspendió la audiencia de remisión a juicio de la causa por el supuesto sobreprecio en una obra de asfaltado que tiene entre los principales imputados al ex intendente de Larroque y actual diputado provincial, Raúl Riganti (PJ).

Este expediente tiene también entre los imputados al socio político del diputado, Leonardo Hassel, ex secretario de Gobierno municipal y que en junio fue elegido intendente de dicha localidad.

Tanto Riganti como Hassel responden políticamente a Bahillo y Guastavino.

En el caso de Hassel el 10 de diciembre asumirá al frente de la Municipalidad de Larroque, hoy en manos de Darío Benedetti (Cambiemos). El delito que se le endilga tanto a Riganti como al futuro intendente es el de fraude a la administración pública, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La audiencia en la que la Fiscalía iba a pedir que el expediente sea remitido a juicio oral y público estaba fijada realizarse el último martes 26, pero el abogado Daniel Garbino, que defiende a Riganti y a Hassel, pidió la suspensión alegando problemas para asistir a la audiencia. Por esa razón, el juez decidió reprogramarla.

Fuentes judiciales consultadas por Entre Ríos Ahora, confirmaron que la nueva fecha que se dispuso para discutir el asunto es el 11 de diciembre.

Lo curioso del caso es que la audiencia se realizará un día después de que Hassel asuma como intendente de Larroque. Y luego de que Riganti pierda los fueros al dejar su banca en la Cámara de Diputados de la provincia.

La causa

La causa por supuesto sobreprecio en la obra de 14 cuadras de Larroque, fue la primera y única que llegó a los Tribunales de Gualeguaychú por motivos de corrupción. Fue en 2016. Luego aparecerían otros casos en la provincia como el de la Municipalidad de Seguí, en la que está imputado el intendente Cristian Treppo; y el de Santa Elena, en la que está acusado el intendente electo Domingo Daniel Rossi.

En 2016, tras asumir la intendencia, Benedetti realizó una auditoría que determinó una supuesta sobrefacturación en la obra de 14 cuadras realizada con fondos nacionales del plan “Más Cerca”, por un monto de 21,6 millones de pesos.

Aquella tarea de Benedetti mereció una felicitación pública del presidente Mauricio Macri.

La auditoría consideró que la obra debió haber costado poco más de cinco millones de pesos y por ello el Estado municipal devolvió 13 millones de pesos al gobierno nacional.

Luego de tres años de investigación penal preparatoria, el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Béhéran, presentó por escrito la solicitud de la elevación de la causa a juicio.

El trámite que se debe realizar ante el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, ya tuvo un primer round en marzo, cuando el magistrado mandó a reformular la acusación que había elaborado la Fiscalía por entender que la remisión contenía “defectos formales en la imputación”. Es decir, la acusación contra cada involucrado no estaba del todo bien definida. Mientras tanto, los acusados ganaron un valioso tiempo.

En una primera instancia, la investigación estuvo a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La misma imputación recayó también sobre el ex secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; el ex secretario de Gobierno y actual intendente electo, Leonardo Martín Hassel, y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015. En el caso de los funcionarios públicos, todos responden al liderazgo de Bahillo y Guastavino.

El abogado Garbino, además de defender a Riganti y Hassell, representa a Juan Carlos Rochelle, ex secretario de Gobierno y de Obras Públicas, respectivamente; Fabián Otarán defiende al ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; y Miguel Cullen representa al directivo de la empresa OIC SA, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

En el expediente judicial se resume un poco la historia: en mayo de 2015 Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Después, su sucesor de Cambiemos aseguró que la obra costó cinco millones de pesos, con lo cual el sobreprecio, dicen los denunciantes y la Fiscalía, ascendería a un porcentaje cercano al 100 por ciento.