La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, afirmó que durante 15 años en el Correo Argentino S.A., la empresa de la familia Macri realizó “actos de gravedad ligados al vaciamiento”.

En un dictamen, la fiscal del caso comercial por la deuda del Correo respondió a la decisión por la que se dispuso la apertura del procedimiento de “cramdown” o salvataje de la concursada.

Para Boquin hubo un “uso abusivo del procedimiento concursal”, por lo que solicitó que se designe a un interventor judicial por sorteo, y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa.

Según la fiscal, la empresa “se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.

Boquin fue la que pidió rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70.000 millones de pesos al 2033.

Ahora emitió un nuevo dictamen y remitió copias del mismo a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7, donde se instruye la causa penal a cargo del juez Ariel Lijo.

Boquin explicó que “luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad –que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la Ley de Concursos.

Además advirtió que se ha incrementado el pasivo concursal y que podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.

Boquín reclamó la designación de un interventor judicial con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores.

Además del “vaciamiento”, la fiscal citó “la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo, pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”.

El concurso fue iniciado hace casi dos décadas y la fiscal sostuvo que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación".

Según se recuerda, la apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las juezas de la Cámara María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego que el Estado nacional no prestara conformidad a una propuesta de pago.

Fuente: Ambito.com