Piden reabrir la investigación por la sospechosa muerte de un obispo en la dictadura

Carlos Ponce de León

Hoy por la mañana, el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello y su par Adolfo Villatte, cabeza de la unidad de delitos de lesa humanidad de la Procuración, presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de San Nicolás para que la muerte de Ponce de León sea investigada como un atentado.

El 19 de julio de 1978, luego de un año de causa, el juez de instrucción Oberdán Andrín decidió cerrar el libro, el expediente N°1.858 del Juzgado Penal Nº3 de San Nicolás, iniciado el año anterior con la calificación de homicidio culposo tras la muerte de Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, cura tercermundista, en plena dictadura militar, que tenía la costumbre de ir a preguntar a los cuarteles por los presos políticos, de ir a golpear las puertas de los coroneles con las inquietudes de los padres de sus víctimas.

Había muerto en un choque, supuestamente, en el kilómetro 212 de la ruta 9, zona de Ramallo, cuando el Renault 4 blanco que conducía impactó el 11 de julio de 1977 contra una Ford F-100. El hombre al año siguiente sería condenado precisamente por el delito de homicidio culposo, una muerte en un accidente de tránsito, no más.

Muchos no lo creyeron. Tuvieron que esperar al fin de la dictadura para decirlo formalmente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recibió la denuncia en 1984. Ponce de León no había muerto en un accidente: había muerto en un atentado.

Hoy por la mañana, el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello y su par Adolfo Villatte, cabeza de la unidad de delitos de lesa humanidad de la Procuración, presentaron un escrito de más de 40 páginas ante el Juzgado Federal de San Nicolás. Su pedido: que el fallo de 1978 del juez Andrín sea considerado “cosa juzgada írrita” y que la muerte de Ponce de León sea investigada, efectivamente, como un atentado.

No solo apuntaron a “vicios formales” dentro de esa investigación, omisiones, mentiras, tareas defectuosas. El contexto, aseguran, es obvio: “Ello por cuanto de la investigación desarrollada en la presente causa a lo largo de estos años, se han reunido elementos probatorios que permiten elaborar una nueva hipótesis delictiva vinculada a los sucesos sobre los cuales aquella sentencia se ha pronunciado, y que lo vinculan a los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante los años 1976/1983″, apuntaron en el escrito al que accedió Infobae.

Ambos fiscales apuntaron directamente al Área Militar 132. Villatte y Di Lello lo definieron en su escrito como “un segmento del aparato terrorista estatal planificado que funcionó bajo la órbita del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, y que tuvo a su cargo la ‘lucha antisubversiva’ en la jurisdicción territorial asignada”.

“De las nuevas constancias recopiladas a lo largo de la presente investigación ha podido determinarse que el Obispo Carlos Horacio Ponce de León, estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos, amenazas y extorsiones coactivas por parte de los órganos represivos de la dictadura cívico militar, las que estaban directamente vinculadas a las defensas por él realizadas respecto de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales o religiosas”, continuaron.

Los huecos en el expediente de 1978 fueron groseros: no hubo examen médico al cadáver, no hubo un certificado que estableciera las causas de muerte, no se practicó una pericia accidentológica para determinar marcas de freno en el pavimento, no se buscaron testigos y los vehículos fueron entregados sin custodia judicial. El obispo también fue amenazado de muerte al menos desde 1975: lo reflejan las declaraciones testimoniales de más de 30 sacerdotes, religiosas y laicos recolectadas. Uno de ellos hasta recordó cómo Ponce de León le comentó en una ocasión que había sido marcado en la Nunciatura vaticana local como “un obispo comunista”.

Una colaboradora cercana aseguró: “Era una cosa que no se ocultaba, se mandaban anónimos, lo llamaban por teléfono”. “Hoy he recibido dos amenazas de muerte y una de volar el edificio... Un abrazo y hasta el 22, o hasta el cielo", se despidió de un cura en una carta firmada el 12 de julio de 1975.

Un hombre fue condenado por el caso, Luis Martínez. No consta en ningún lugar de la causa original que a Martínez lo habían condenado dos años antes por otro homicidio culposo.

A Ponce de León lo espiaron, escribieron carpetas con su nombre. La Secretaría de Culto aportó documentación a la causa, encontrada en los archivos de Cancillería y recopilada por los fiscales. “Documento CE MY6 Nro. 0988/48 (CONFIDENCIAL)”, dice la portada de uno de esos dossiers, con fecha de diciembre de 1976.

El punto 5 de ese documento de inteligencia afirma: “Es evidente que la iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas de enemigo.

Sus colaboradores tenían fichas a su nombre, habían sido espiados también.

Ponce de León no fue el único, bajo ningún punto de vista. En 2019, la Iglesia anunció que proclamaría mártir y beato a monseñor Enrique Angelelli, asesinado en La Rioja en circunstancias muy similares a las del obispo de San Nicolás, así como a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, también asesinados.

El papa Francisco aseguró que sus muertes fueron crímenes de “odio a la fe”. Una sentencia de la Justicia había marcado en 2014 que Angelelli perdió la vida por “una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado”.

Fuente y foto: Infobae

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