El secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, rechazó la ley de emergencia que propone el gobernador Gustavo Bordet y se solidarizó con los trabajadores entrerrianos. También criticó las “condiciones de precariedad” del sector que se agravan en el marco de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Piumato lamentó el anuncio del gobierno nacional de pagar en cuotas el aguinaldo y consideró que “es un contrasentido porque estaban los fondos para hacer frente a eso, e inexplicablemente ya se habían repartido los recibos, la gente sabía lo que iba a cobrar e intempestivamente el gobierno tomó esta determinación que generó un rechazo generalizado en todo el Poder Judicial”.

Recordó que “por eso el viernes se hizo el primer paro de teletrabajo ya que si bien en buena parte del país la Justicia Federal ya se regresó a las tareas, por el distanciamiento social se están haciendo turnos y teletrabajo, y la zona del AMBA, Chaco, Formosa, Neuquén y General Roca siguen con teletrabajo porque es donde están los focos ms importantes de la pandemia”.

Por otra parte, también rechazó el proyecto de ley de emergencia que presentó el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura: “Nos expedimos en función de la situación dada por este proyecto de reforma, incluso la CGT nacional sacó un comunicado pidiéndole al gobernador que revea esta situación porque la pandemia no da lugar a un ajuste. Y en particular tenemos una seccional en Entre Ríos que está convocando para maña a las 10.30 a Casa de Gobierno, reclamando que no se toque a los trabajadores”.

En tal sentido, opinó que “la crisis que vive la provincia, al igual que pasa en el país, no ha sido responsabilidad de los trabajadores en general, ni de los judiciales en particular. No puede usarse la pandemia y las medidas extremas que hay que tomar por la pandemia para que recaigan sobre los sectores que han sufrido como cualquiera los efectos de la crisis. En todo caso deberían descargarse sobre aquellos que se han beneficiado en todos estos años del drama y las desgracias de la mayoría de los ciudadanos de la provincia”.

En ese marco se solidarizó “con los judiciales de la provincia que tienen que defender su ley de enganche y la independencia de la Justicia provincial, y en general a todos los trabajadores de la provincia que no merecen ser el foco de esta ley de emergencia. Y al gobernador el pedido de toda la CGT para que recapacite y redireccione esta ley de emergencia hacia quienes se han beneficiado todos estos años con el drama de la mayoría”.

En cuanto a la pandemia propiamente dicha, afirmó que el sector judicial tiene “problemas en todos lados” y rememoró que “una de las primeras víctimas de la pandemia fue un judicial, un ordenanza de la Corte Suprema de Justicia”.

Aseveró que “se dan casos repetidamente, la mayoría de los casos de judiciales se han dado en la zona de AMBA, ahora tenemos un caso en el fuero del trabajo, y prácticamente todos los días se da un caso positivo, aunque por suerte no hemos tenido que lamentar más muertes”.

También planteó que “en las justicias provinciales se han dado casos y debieron cerrar, como pasó en el Chaco, y hubo casos sospechosos en otras provincias pero fundamentalmente los casos son la zona de Buenos Aires”.

Ante ello, remarcó que “cuando hay casos sospechosos se activan los protocolos, se cierra, se sanitiza y se aíslan a los contactos estrechos; medicina preventiva está actuando muy bien en este sentido y afortunadamente se han ido recuperando quienes estuvieron enfermos de Covid, pero cada vez se está peor en algunas zonas”. “Formosa estaba bien y ahora hay casi 80 casos, lo mismo en General Roca, y hubo un rebrote grande en la capital de Neuquén, lamentablemente el virus se expande rápidamente y en Capital y Gran Buenos Aires la situación es particularmente grave”, describió el dirigente judicial.

En este contexto, refirió que “la Corte hizo amagues de levantar la actividad en las Cámaras justamente cuando el gobierno nacional le pidió a la Justicia y al Congreso que sean estrictos en el cumplimiento de la cuarentena, hasta que finalmente primó la cordura y la Corte continúa la feria extraordinaria en estas zonas, aunque en gran parte del país ya se levantó.

“Como todos los argentinos estamos siguiendo con preocupación este tema, en medio de una realidad de la Justicia en que estamos en emergencia por las condiciones precarias que tenemos”, admitió Piumato, y como ejemplo mencionó que “el año pasado en Paraná se cayó el techo de la Presidencia de la Cámara Federal y no murió nadie por un milagro; y además la situación de la Justicia Federal en Concepción del Uruguay es patética, porque el Tribunal Oral Federal está trabajando casi de prestado”. “Es el lugar más vergonzoso de un Tribunal Federal de todo el país”, definió.

“La situación generó la declaración de la emergencia judicial que propugnamos todo el año pasado y que el Consejo de la Magistratura dictó en octubre, pero poco se ha hecho porque luego en marzo vino la pandemia y no podemos pretender que ahora se haga algo. Le venimos reclamando a la Corte Suprema la necesidad de convocar a una comisión con todos los estamentos de la Justicia para elaborar un plan estratégico para que la Justicia esté en condiciones de funcionar como marca la Constitución nacional”, sentenció.

También planteó que “el edificio que era del Ejército y fue dispuesto para la Justicia Federal en calle 25 de Mayo de Paraná está en construcción hace como mínimo cinco años y para peor la empresa hizo un desastre y dejó la obra tras pedir más presupuesto”. “Ahí tienen un lugar fundamental para hacer una suerte de ciudad judicial, he planteado que ahí puede ir toda la Justicia Federal, incluso la Secretaría Electoral y al Poder Judicial le quedaría para vender el edificio de la Secretaría Electoral en calle Urquiza, que es un edificio de un valor inmobiliario tremendo, pero para esto hay que hacer una planificación y la Justicia no la tiene”, explicitó.

“Esto es lo que estamos reclamando en cada lugar. Hablamos con las Cámaras que están muy interesadas en ir preparando en cada jurisdicción una propuesta para cuando la Corte se decida a convocar esto, porque nadie sabe tanto como los trabajadores y las autoridades de cada lugar lo que se necesita para funcionar”, agregó.