Una nueva audiencia sirvió para definir el futuro inmediato de los seis imputados por el “Homicidio en ocasión de robo” del ingeniero químico y productor ganadero; Pascual Viollaz (80), ocurrido en Villa Elisa el 25 de mayo.

Se trata de Juan Carlos “Maneco” Castro (56), de Colón; Rosendo Larroza (44), de Concepción del Uruguay; Luis Sebastián “Sordo” Herrlein (39), oriundo de “la histórica” y domiciliado en Colón; Raúl José Grantón (72), domiciliado en colonia El Pantanoso, cerca de Villa Elisa; Andrea Elizabeth Amaro (25), de Colón; y Mario González (49), de Concepción.

Si bien la Fiscalía -representada por Alejandro Perroud- requirió una prórroga de la prisión preventiva por el lapso de 90 días, la magistrada interviniente accedió a un período de 60 días, en que los imputados conservarán las mismas condiciones que en la actualidad.

Fundamentos

“Sostengo especialmente que hay peligro de fuga, por el hecho de que hay una pena en expectativa -que es de 10 a 25 años de prisión- y el dinero que estimo se robaron, que debería ser una cantidad importante, no apareció”, confió a El Entre Ríos el fiscal.

Es decir, “en algún lugar tiene que estar ese dinero y eso podría estar disponible en el caso de que los imputados recuperen la libertad, para intentar fugarse”, en relación a los valores presuntamente sustraídos de la casa de Pascual Viollaz, no precisados hasta el momento.

A las idas y vueltas entre la Justicia y las respectivas defensas, a la audiencia se sumó un racconto de Perroud, quien repasó “estos dos meses de investigación, con todas las pruebas que se fueron produciendo y sumando a la causa, con las medidas que quedan pendientes producir”.

Pedidos especiales

El abogado de Granton, único detenido en Villa Elisa, solicitó una “libertad restringida, o sea que pueda salir con determinadas medidas y yo me opuse”, dio a conocer el fiscal Perroud.

Por su parte, la defensa de los otros cinco imputados -Castro, Larroza, Herrlein, Amaro y González- “pidió domiciliaria para los que están en el penal (de Concepción del Uruguay), a lo que me opuse y la jueza hizo lugar”, añadió.

“La ley sostiene que Granton puede tener domiciliaria por el hecho de que tiene más de 70 años y además cuenta con un certificado de discapacidad, al igual que Amaro que tiene hijos menores de 5 años”.

En el caso de Granton, “insistí en que se agilice el tema de la tobillera electrónica”, dado que su prisión preventiva continúa bajo la modalidad domiciliaria.