El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Augusto Carlín, analizó la realidad de la justicia argentina en el marco de la reforma judicial que propone el gobierno nacional y las últimas instancias en relación con el traslado de jueces federales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Carlín analizó que en la justicia entrerriana “hay una dinámica muy distinta a la que había en la época en que integraba el Tribunal”.

Recordó que “hace más de 12 años” que se jubiló y celebró que “la gente joven le ha impreso otro ritmo al funcionamiento de la justicia, que es interesante” aunque aclaró que desconoce “los detalles domésticos internos de funcionamiento del Tribunal y menos en lo logístico”. “Me parece bien que haya gente capaz que esté moviendo los distintos procesos”, resumió.

En otro orden de temas, se refirió a la situación de la Justicia Federal y el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y explicó que “el per saltum no es una cosa nueva sino que la gestó Dromi en la década del ‘90 con la privatización de Aerolíneas Argentinas y después terminó siendo tomada por una reforma del Código Procesal de Capital y hoy el salto de instancia ya es una cosa regular, incluso procesalmente”.

“Son casos muy excepcionales que toma la Corte, pero normalmente cuando la Corte estima –con su discrecionalidad- que hay un interés o una gravedad institucional toma el caso”, indicó.

De todos modos, apuntó que “el traslado de jueces no es una cuestión nueva” y recordó: “El Consejo de la Magistratura local, estando yo en su integración hace unos cuatro años, resolvió varios casos de agentes fiscales, defensores e incluso de jueces, que ya tenían acuerdo senatorial y habían pedido el traslado para ejercer el mismo cargo en otro lugar, lo cual se denegó porque considerar que eso desnaturalizaba el sistema y el acuerdo era para un caso concreto”.

Agregó que “la Acordada cuatro de 2018 citando a German Bidart Campos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el voto mayoritario de Lorenzetti, Rosatti y Maqueda dijeron que el acuerdo es para un cargo concreto de tal suerte que haría falta un nuevo acuerdo para el traslado de ese cargo”.

“Esto no es una cuestión menor. El sistema instrumentado por el artículo 99 inciso cuarto impone que para el nombramiento de un juez haga falta la decisión del Consejo de la Magistratura, previo concurso, la elección por el Poder Ejecutivo de un candidato de una terna vinculante y el acuerdo senatorial. No se puede desnaturalizar eso con otro sistema”, consideró.

También rememoró que “el primer caso que se dio en el último tiempo, que provocó la Acordada cuatro, ratificada por la Acordada siete de 2018, es cuando le inventaron una Sala nueve de un tribunal oral para que juzgara a Cristina Kirchner”. “Esos desmanejos deben ser solucionados y una de las formas de solucionarlo es evitar que, por vía del traslado, se desnaturalice el sistema constitucional de nombramiento de jueces”, explicitó.

Reforma judicial

Por otra parte, opinó que “está bien que haya una reforma” aunque aclaró: “No entro a hilar fino en todos los detalles y apreciaciones, y sobre todo si la creación de un montón de organismos es bueno o no”.

“Lo cierto es que la situación de la Justicia Federal de Capital, con ese antro que es Comodoro Py, necesita tener una modificación”, sentenció.

Al respecto, analizó que “la reforma de 1994 de la Constitución Nacional provoca un diseño del Consejo de la Magistratura destinado a evitar la partidización o la politización en el nombramiento de jueces, y el diseño que toma el Consejo de la magistratura en el artículo 114 de la Constitución Nacional es el más saludable porque se mantiene a nivel nacional la partidización en el funcionamiento y el manejo de los cargos nacionales”.

“Eso no es bueno y parte de un error conceptual y esencial que ha sido el diseño que ha instrumentado por el 114 de la Constitución Nacional, y por esa situación errónea ninguna de las provincias ha tomado ese diseño de la carta fundamental”, advirtió.

Marcó que “esto no es igual a lo que sucede en las provincias, y lo de Comodoro Py es una situación anómala y la intención de modificarlo no es una cuestión menor, sino que hace a la salud moral, institucional y jurídica del país”.

“El tema de la designación de los jueces no deja de ser un tema de lucha por el poder, y cuando Argentina toma el artículo 99 de la Constitución española para crear el Consejo de la Magistratura local no toma el ejemplo más feliz sino probablemente el más discutible si lo que se quiere evitar es la partidización en el nombramiento de los funcionarios judiciales”, refirió.

Finalmente, consideró que “para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución reformada en el ´94 le quita potestades y facultades a la Corte y se las entrega a un órgano con un diseño muy peculiar como es el Consejo de la Magistratura”.