El juez debe comunicar si define o no el desalojo de Casa Nueva en Santa Elena. (Foto ANÁLISIS).
De ANÁLISIS
La provincia de Entre Ríos es escenario en las últimas semanas de un conflicto que excede lo estrictamente familiar y se ubica en el terreno de la política. Hace aproximadamente una semana, Dolores Etchevehere, anunció el “proyecto Artigas”, que en asociación con la corriente que conduce el dirigente Juan Grabois, prevé la ocupación de una porción del campo en Santa Elena que por herencia le corresponde.
Bajo ese proyecto cuyo anuncio fue acompañado con una fuerte campaña mediática, militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ingresaron a la propiedad rural en el Norte entrerriano y se instalaron allí.
La situación provocó un rápido contraataque del resto de la familia Etchevehere, compuesto por los hermanos Luis Miguel -ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria-, Sebastián, Juan Diego y la madre Leonor Marcial Barbero. La respuesta del grupo familiar tuvo un correlato judicial con una denuncia que está dirimiendo el juez Flores, un correlato desde la Federación Agraria Argentina (FAA) que se movilizó al campo para pedir el desalojo de los militantes de Grabois, y un correlato mediático también.
En este marco se realizó una audiencia judicial el miércoles pasado. El juez Flores no tomó una determinación inmediata sobre la puja -debe decidir si corresponde o no un desalojo del campo-. Esa decisión se comunicará este mediodía, según está previsto.
El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, reconoció que gran parte de su equipo lo trajo desde Buenos Aires y reconoció que no hay “Plan B” si la propuesta de crear una nueva obra social no es aprobada por la Legislatura.
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