El 27 de octubre de 2016 Juan Diego Escobar Gaviria dejó de ser párroco en San Evangelista, de Lucas González -a 133 kilómetros de Paraná, en el Departamento Nogoyá-, dejó la ciudad por orden del arzobispo Juan Alberto Puiggari y empezó un raid que concluyó con una orden de captura librada por el juez de Garantías Gustavo Acosta, que entonces tramitaba una investigación penal que derivaría, un año después, en la condena a 25 años de cárcel para el sacerdote por abuso y corrupción de menores.

Al cura lo denunció ante el defensor oficial Oscar Rossi la monja Marta Carrizo, de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que regentea el Colegio Castro Barros San José, de Lucas González, luego de enterarse por medio de la mamá de un nene de 11 años del primero de los cuatro abusos por los que fue llevado a juicio Escobar Gaviria, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En forma pública y a través de una carta, dijo entonces la religiosa que asumieron “la inmediata responsabilidad de notificar dicha circunstancia a las autoridades civiles, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del cuidado de los menores de edad a cargo”. Y que “en modo alguno, esas acciones tenían la intención de juzgar o anticipar el resultado de las razonables y necesarias investigaciones”. Cuando se enteró de la denuncia en la Justicia, Puiggari apartó a Escobar Gaviria de su función de párroco en Lucas González y le ordenó que buscara refugio en una casa religiosa.

Esto dijo la Iglesia el lunes 31 de octubre de 2016:

“Ante las versiones que involucran a un sacerdote que cumple tareas pastorales en nuestra Arquidiócesis, en relación al trato con menores, este arzobispado manifiesta:

1.- Apenas se conocieron dichas versiones, el pasado 27 de octubre, el arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis.

2.- Como medida cautelar, el sacerdote involucrado, fue separado en esa fecha de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que el proceso investigatorio culmine.

3.- Expresamos nuestra cercanía y disposición para acompañar a todos aquellos que podrían sentirse afectados por esta dolorosa situación, quienes cuentan con nuestra disponibilidad de escucha, oración, comprensión y afecto.

4.-Manifestamos nuestra determinación de actuar con firmeza ante situaciones similares que puedan afectar la integridad física y moral de los fieles en general, pero especialmente de los menores.

5.- Con esperanza, pedimos al Dios misericordioso el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas y dolores ocasionados”.

Después de salir de Lucas González, a finales de octubre de 2016, Escobar Gaviria buscó alojamiento en la Casa Pare Lamy, de Oro Verde, que pertenece a la congregación Siervos de Jesús y de María, pero allí se planteó una situación enojosa, que los propios religiosos hicieron pública: llegó sin decir nada de la denuncia penal que pesaba en su contra.

El 1° de noviembre de ese año los religiosos de la Casa Padre Lamy se enteraron “por Facebook” de la orden de captura librada contra el cura Escobar Gaviria.

Lo que siguió fue una comedia de enredos, con el cura jugando a las escondidas, hasta que por fin el 21 de abril de 2017 fue enviado al penal de Victoria con prisión preventiva, de donde no salió más, hasta ahora.

En medio, una casa religiosa, la Casa Padre Lamy, dijo públicamente que no aceptarían a Escobar Gaviria para que permaneciera en ese lugar mientras se definía su situación en la Justicia. “Rechazamos la posibilidad que el Padre Juan Diego sea recibido en nuestra Casa”, aseveraron.

Luego de esa serie de vicisitudes, Escobar Gaviria resultó condenado. El 6 de septiembre de 2016, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay lo condenó a 25 años, la prisión preventiva se mantuvo y como argumento estuvo el potencial riesgo de fuga del cura estando en libertad, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La Cámara de Casación Penal, primero, y la Sala Penal del STJ, después, han rechazado la excarcelación del cura. En octubre, el alto cuerpo anuló de forma parcial la condena impuesta en 2017, y ordenó aplicar una nueva condena al cura.

Entre el miércoles 18 y el jueves 19 del actual, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay se llevó adelante el segundo juicio contra Escobar Gaviria por corrupción de menores. El fiscal Rodrigo Molina y el querellante Mariano Navarro unificaron el pedido de condena en 12 años de cárcel para el cura. Los defensores Milton Urrutia y María Alejandra Pérez reclamaron su absolución.

El tribunal dará a conocer mañana a las 8:30, el veredicto.