El kirchnerismo duro considera imperioso contraatacar a los jueces de la Corte Suprema. El fallo que le confirmó la condena a Amado Boudou fue un espejo para las causas de corrupción de Cristina Kirchner. Tras la embestida contra la Procuración General y contra los magistrados trasladados, hoy la mira del Instituto Patria está en los supremos. “Cualquier reforma es insuficiente si no se empieza por la cabeza de la Justicia”, es el mensaje que emana desde ese sector.

Alberto Fernández ya comenzó a poner el tema sobre la mesa. Pero, quisiera avanzar con otra velocidad, otra intensidad y otros métodos que los de sus socios políticos.

La salida más radical, el juicio político para los miembros de la Corte, es un camino válido para el kirchnerismo. Tras la dura carta de Cristina contra el máximo tribunal, no hay, sin embargo, seguridad sobre la oportunidad política. Con las sesiones extraordinarias, el tema no avanzaría hasta marzo. Y tampoco están los votos en Diputados como para que una empresa así prospere, publicó el diario La Nación.

“Si no se pudo con (el Procurador, Eduardo) Casal, que está colgado de la ventana, menos vamos a poder con la Corte”, reflexionó en las últimas horas un referente de La Cámpora que sigue de cerca a la agenda judicial.

Quien verbalizó públicamente la intención de avanzar con un juicio político fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. “Hay que apelar al mecanismo de ampliación de la Corte y, en paralelo, también al juicio político”, dijo. Cerca de la vicepresidenta aclararon que Moreau “interpretó la carta de Cristina, pero no habló por ella”.

“Yo por convicción no me voy a cortar solo con un pedido de juicio político. Pero, estoy convencido de que la situación de esta Corte está agotada, que participó en el lawfare y que, si no hacemos algo, vamos a tener un conflicto entre poderes permanente. Hay muchas herramientas”, dijo Moreau, consultado por el diario La Nación sobre los pasos a seguir.

De todas formas, cualquier diputado podría dar el paso. Vanesa Siley, por caso, ya tiene presentado uno contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

Opciones

Cristina iluminó con su carta que la Corte es el asunto que más la desvela. La vicepresidenta leyó entre líneas en la resolución del máximo tribunal que confirmó la condena a Boudou sin más explicaciones, basándose en el Artículo 280° del Código Procesal Civil y Comercial, que los supremos podrían hacer lo mismo con sus causas, sin importar su investidura.

Ayer, sintonizado con el clamor del kirchnerismo, Santiago Cafiero dijo en Radio Provincia: “Se necesita una revisión del acceso a la Justicia. Cristina y el Presidente proponen que se haga desde la cabeza que es la Corte”. El viernes, el jefe de Gabinete -que mantiene una discusión con el máximo tribunal por la cuestión presupuestaria- estuvo con Oscar Parrilli.

Cerca de Fernández, sin embargo, exhiben un tono distinto al del Instituto Patria. “Alberto cree que la Corte no funciona como debería, pero no cree que haya que patear el tablero. Él y Cristina piensan parecido, pero las formas son distintas”, dijo al diario La Nación un colaborador que acompaña en la diaria al Presidente.

Fernández avaló la carta de Cristina. “Comparto mucho de lo que ha planteado. La Justicia no está funcionando bien porque tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a los cambios, pero eso hay que cambiarlo”, dijo. Pero pidió: “No hablemos del caso de alguien en particular”.

El Presidente no se pronunció sobre el caso de Boudou. Fernández tiene una antipatía histórica contra el ex vicepresidente. Por eso no avaló que Cafiero saliera a defender al exfuncionario en Twitter y le hizo saber su disgusto.

Lo que tiene sobre el escritorio Fernández es el menú de propuestas que le entregó el Consejo Consultivo de juristas. El Presidente les comentó a esos expertos que le interesa especialmente la idea de formar un “tribunal intermedio” que analice los planteos por presuntas sentencias arbitrarias, de modo que el nivel de trabajo (y el poder) de la Corte disminuya notablemente. También los juristas propusieron limitar el uso de la llamada “plancha 280”, que se aplicó ante el pedido de Boudou.

Respecto a la posibilidad de ampliar la Corte, solo uno de los once juristas se pronunció por llevarla a nueve miembros. Lo hizo Gustavo Ferreyra, constitucionalista cercano a Eugenio Zaffaroni.

Un albertista reflexionó: “Alberto no quiere a esta Justicia, pero no va a atacar a los nombres propios. Él es un reformista”. A excepción de Carlos Maqueda, Cristina embistió uno a uno contra los miembros del máximo tribunal, en especial -sin nombrarlo- contra Ricardo Lorenzetti.

Las diferencias entre el kirchnerismo y la Casa Rosada por la velocidad de la agenda judicial vienen atravesando a toda la gestión. Cristina no quiere a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, porque considera que es funcional al status quo de la familia judicial.

Un albertista replicó: “Cristina tiene a (el viceministro de Justicia, Juan Martín) Mena y a (el consejero, Gerónimo) Ustarroz si quiere entrar con la motosierra contra la Justicia. Marcela no va a decir 'vamos por todo' y tampoco va a operar”. El campamento kirchnerista tiene interlocución con los supremos. Pero desde el episodio los jueces trasladados, muchos teléfonos se cerraron.