La interventora del Correo Argentino, Flor Inés Farber, denunció que la empresa de los Macri multiplicó maniobras de vaciamiento y/o desvío de fondos a lo largo de 2020 a través de la supuesta contratación de productos y servicios insólitos, como los de una compañía que vende aviones y otra que se dedica a la actividad inmobiliaria.

El Correo está en concurso de acreedores desde hace 19 años, tiene una deuda millonaria con el Estado que elude pagar y es una firma declarada inactiva, por lo que no hay razón para que nadie le facture nada, y menos en esos rubros.

A partir de que llegó al expediente concursal, la información de Farber fue cuestionada por los abogados de los Macri mientras el juzgado, actualmente subrogado, en sintonía con ellos impide corroborar si esos pagos de varios miles de pesos y dólares existieron. En paralelo, la estrategia de la familia del ex presidente fue congelar la participación de la fiscal Gabriela Boquín con una recusación que la Cámara Comercial mantiene sin resolver desde hace más de un mes y en igual situación está la jueza de primera instancia, Marta Cirulli. Ambas avanzaban en un proceso que podría derivar en la quiebra de la empresa.

El arte de dilatar

Boquín es la fiscal de Cámara que en 2017 denunció el acuerdo firmado entre el Correo y el Estado -por entonces representado por el gobierno de Mauricio Macri, ubicado a ambos lados del mostrador- que licuaba el 98,87 por ciento de la deuda de la empresa con un plan de pagos que ella consideró “ruinoso” y “abusivo”.

A partir de aquel entonces el Correo recurrió a toda clase de estrategias dilatorias para seguir sin pagar su deuda, que según el cálculo de la fiscalía supera ampliamente los 4.000 millones de pesos que totalizaba poco después de aquel pacto, publicó el diario Página/12.

Los Macri siguen especulando, mientras tanto, con ganar juicios contra el Estado por montos de similar magnitud, por supuestos perjuicios ocasionados por la expropiación de la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El cramdown o “salvataje”, que debió abrirse en 2004, comenzó recién en agosto de este año. Las grandes facilitadoras de toda esa tardanza fueron la propia jueza Cirulli y las juezas de la Cámara, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. El salvataje, que recién este año respaldó Cirulli, prevé que haya ofertas empresarias para hacerse cargo del Correo y sus deudas. Si fracasa este proceso, el destino es la quiebra, que es el mayor fantasma del grupo empresario, ya que SOCMA, la principal controlante, debería hacerse cargo.

Boquín también había denunciado movimientos de vaciamiento que se habrían perpetuado con el correr de los años. Detectó retiros de fondos de la cuenta del expediente concursal justo en la época en que se estaba por concretar el pacto para evaporar la deuda. Más adelante descubrió desvíos por 35 millones de pesos, que iban a para estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad amigas.

Entre los beneficiaros aparecían incluso algunos integrantes de la administración macrista, como el diputado Pablo Tonelli (que además integra el Consejo de la Magistratura) y el ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Por esto se abrió una investigación, que no para de coleccionar obstáculos, pero que también dio pie a que el Correo finalmente quedara intervenido en marzo de este año.

Los desvíos

Una de las funciones de la intervención es establecer cuál es la deuda real de la empresa y detectar cualquier clase de movimiento que a futuro impida asumir sus compromisos. Por eso Farber analizó la documentación de la AFIP vinculada con el Correo. Y fue allí que se encontró con una gran cantidad de facturas emitidas este año a nombre del Correo Argentino, que le llamaron la atención porque dan cuenta de servicios cuya existencia no fue informada a la intervención, ni a la sindicatura controladora, que están hoy a cargo de la empresa después del desplazamiento de sus directivos y administradores, consignó el diario Página/12.

Tampoco hay comprobantes ni figuran en las declaraciones juradas de IVA, ni se entregaron bienes. La pregunta es, a esta altura, si funciona/ba una suerte de “caja negra” en el Correo para hacer pasar dinero de otras empresas de los Macri. Los desvíos de fondos ya habían sido detectados antes y la sospecha es que habrían continuado aún durante la intervención. Entre algunos detalles que aportó Farber en su presentación judicial, señala:

* Que encontró comprobantes de junio a octubre de 2020, uno por mes. Son facturas A, emitidas por “Condominio Teresa Miyashiro Orlando Batista y otro”, dedicada a los negocios inmobiliarios. Todas por 136.488 pesos, lo que da un total de 682.440 pesos.

* De Hewlett Packard, que vende productos informáticos y tecnología, detectó facturas por 14.184,36 dólares de junio a octubre. Son 70.921 dólares en total.

* La empresa Flightventure S.R.L (oFlightventure Aero Puna), de Salta, vende aeronaves, repuestos, servicios gestoría y asesoramiento en importación y exportación de aviones, emitió facturas a favor de Correo: el 18 de junio por 221.961,75 pesos, el 28 de julio 222.237, 5 pesos, en agosto hay una por 211.961,75 y otra por 237.901,13.

* Soluciones Multimedia S.A también emitió facturas por “sumas significativas”.

Faber subraya que en varios de los casos los productos y servicios en juego no sólo son ajenos a la actividad que alguna vez tuvo la empresa Correo, sino que ninguna empresa le reclamó los pagos a la intervención. Lo que sucede es que, según la información de los registros de AFIP, sería parte de los pasivos de la firma, que le habrían sido ocultados a la interventora. A su entender “la información brindada a la sindicatura controlante, al evaluador, al síndico, al juzgado y a la suscripta no es veraz ni íntegra”, según dice el documento al que accedió el diario Página/12.

Para generar un chequeo elemental, Farber le pidió al juez que interviene como subrogante, Fernando D’Alessandro (mientras Cirulli sigue recusada), que mande oficios a las empresas que figuran como proveedoras para preguntarles directamente si brindaron realmente los servicios facturados y qué vinculo los une con el Correo.

Pero, el magistrado dijo que no, que tenían que fijarse en los libros contables. Es impensable que, si se trata de dinero sucio, aparezca ese equivalente en libros comprados. Todo esto sucede, además, mientras los abogados del Correo logran mantener a la fiscal y a la jueza a un lado, sin intervención alguna, por los trámites de las recusaciones (que ya rompieron todos los plazos). Boquin está recusada desde el 3 de noviembre. La Cámara debió resolver en un plazo de diez días y no lo hizo.

Curiosa explicación

En el ínterin, el Correo presentó una explicación llamativa: dijo que en realidad los proveedores se habían equivocado al poner el número de CUIT, y que debían poner el del actual Correo Oficial (Corasa), que supone que es quien los contrata. Serían, así, varias empresas sin aparente vinculación entre ellas más que un cliente común (Correo Argentino) que cometieron el mismo error. Según los Macri es la interventora quien debió haberlo advertido y subsanado.

Así las cosas, el Correo del grupo Macri sigue sin poner un peso para devolverle al Estado lo que le debe y, por ahora, esquiva la declaración de quiebra, que es lo que les preocupa.

Los ataques a Boquin incluyeron la apertura de un sumario por supuesto maltrato laboral a empleadas, plagado de anomalías. Fue respaldado por el procurador interino Eduardo Casal, en momentos en que lo cuestionaba el oficialismo en el Congreso. También hubo una denuncia penal de SOCMA, como controlante de Correo, contra la fiscal y el procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, la interventora Faber y el inspector General de Justicia, Ricardo Nissen.

El juez Sebastián Casanello la cerró por inexistencia de delito, y los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ordenaron reabrirla y hacer medidas de pruebas, como cruces de llamadas. Es ostensible el operativo para salvar a Macri y sus empresas con artilugios judiciales, incluidos los ataques a quienes les ha tocado investigarlo. Luego hay una causa penal, donde fueron indagados el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su titular de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, y directivos de Correo por el acuerdo para favorecer a los Macri, en marzo del año pasado y el juez Ariel Lijo nunca definió su situación procesal.