Después de las nuevas declaraciones de empleados del Hospital Posadas que ratificaron los llamados de parte del entonces ministro de Salud Ginés González García para que vacunaran a distintas personas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano evalúan los próximos pasos a seguir. Por lo pronto, los funcionarios analizan toda la documentación secuestrada en el Ministerio de Salud y la aportada por los directivos del Posadas para cruzar los datos obtenidos.

En las próximas horas, sin embargo, pueden crecer las imputaciones. Es que durante esta jornada, distintos jueces le fueron girando las denuncias que habían ingresado a Comodoro Py sobre el episodio de la vacunación VIP. Y por eso la jueza le corrió vista a Taiano para que evalúe ampliar el requerimiento fiscal, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Hoy, para Taiano, los imputados son González García y su mano derecha Lisandro Bonelli. Ayer, el director del Hospital Posadas Alberto Maceira confirmó que dos funcionarios del Ministerio de Salud lo llamaban para avisarle quién iría a vacunarse “de parte del ministro”. Y también precisó cómo participó del operativo en donde se le aplicaron vacunas a diez personas en el segundo piso de la cartera de Salud, entre las cuales estaba el periodista Horacio Verbitsky.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, fue el propio Maceira el que le dijo a los funcionarios del Ministerio de Salud cuando lo llamaron que el periodista no podía ir al Posadas. Es que había mucho malestar entre los médicos y el personal de salud de ese hospital que veían cómo desfilaban distintas personas que no eran de ese centro asistencial para recibir la aplicación de la Sputnik V cuando aún los trabajadores de ese hospital no habían recibido la dosis en busca de su inmunidad.

Así fue como se montó ese vacunatorio VIP en las oficinas del Posadas. Y por eso, creen los investigadores, el día en que fue Verbitsky y las otras nueve personas -entre las cuales estaban Jorge Taiana o Eduardo Valdés- habría sido la primera y única vez en donde se aplicaron vacunas en el Ministerio.

Hoy, la jueza y el fiscal escucharon a Lucrecia Raffo, directora general de Asistencia médica del Posadas; y a Graciela Torales, jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese centro asistencial. Las mujeres, empleadas de carrera del hospital, confirmaron que llamaban desde el Ministerio para avisar quiénes iban a ir a recibir la vacuna. “A Daniel Scioli yo no lo vi, porque ese día no estaba, pero mis compañeros lo vieron. A otros sí los vi”, afirmó una de las testigos.

Aunque eran dichos de oídas, no directos, estas dos testigos confirmaron la versión que plasmó el director del Posadas. Y también dieron cuenta de la otra parte de la investigación: el malestar que había en el Hospital porque venían de otros lados a recibir la vacuna cuando el personal de allí todavía no la había recibido. “Había mucho fastidio en el hospital”, se señaló.

Sin nuevas declaraciones a la vista, la jueza y el fiscal comienzan ahora a estudiar la documentación secuestrada. “En el Posadas se aplicaron 6 mil vacunas, los nombres conocidos saltan enseguida, pero hay mucho material para analizar”, afirmaron.

Por estas horas, una pregunta comienza a sembrarse entre los investigadores, más allá de las declaraciones públicas de los funcionarios, ¿quedó escrito en algún lugar el orden de prioridades para que primero se vacunara el personal de salud y luego los más ancianos? ¿Cuándo debían comenzar los segundos? ¿Cómo se compatibiliza eso con el considerado “personal estratégico” que sí se dio la vacuna”? Todo eso pesará a la hora de pensar en cómo se avanzará en la responsabilidad de los imputados.