El próximo 26 de marzo el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos deberá renovar autoridades, que incluye las elecciones de Consejo Directivo y Junta de Delegados por Sección. Sin embargo, el proceso electoral fue judicializado por la presentación de un amparo por parte de la lista Azul y Blanca, alegando que “la lista oficialista intenta impedir el proceso democrático en el Colegio de Abogados”, según sostuvo en un comunicado. Tras ello, llegó la respuesta de la lista Celeste y Blanca, en la que sostuvieron que observaron “serias irregularidades en la lista opositora”, y lamentaron la judicialización del proceso electoral.

“Alegando un formalismo inaudito, las actuales autoridades del CAER, que buscan su reelección, junto al Tribunal Electoral designado por ellos mismos, quieren impedir que participemos de las elecciones el 26 de marzo. Hemos presentado un amparo para garantizar el proceso democrático en el Colegio de la Abogacía”, anunció este jueves en un comunicado la lista Azul y Blanca.

Y siguió: “El martes, el Tribunal Electoral, dictó una resolución en la que, esgrimiendo artilugios jurídicos injustificables, dejó afuera más de la mitad de las personas que integran nuestra lista Azul y Blanca, mostrando una obstinación en empañar un proceso democrático y presentar una única lista para no competir con una verdadera alternativa gremial construida desde el consenso en las propuestas de transformación del Colegio”.

“Queremos ser parte del proceso electoral, por lo que, en tiempo récord, colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia nos hemos comprometido y estamos dispuestos a trabajar en un Colegio de la Abogacía que defienda verdaderamente los intereses de los matriculados”, sostuvieron.

Y agregaron: “Las artimañas legales son ridículas, antidemocráticas y alegan un formalismo inaudito que demuestra claramente falta de pluralismo y una actitud vergonzosa para quienes debieran garantizar la Democracia, siendo órgano de delegación del Estado”.

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En ese orden, señalaron: “Más allá de estas embestidas, que muestran a las claras como se ha manejado las autoridades de la institución estos dos años, nuestras convicciones sobre la defensa del real ejercicio profesional de los colegas nos lleva a redoblar los esfuerzos para que la Abogacía de Entre Ríos tenga una opción superadora a la hora de elegir, por lo que tuvimos que interponer un amparo solicitando se dejen sin efecto los cuestionamientos inconstitucionales que nos realizó el Tribunal Electoral, y que se suspendan las elecciones hasta tanto se nos permita ser parte del proceso electoral, ejerciendo nuestro derecho como matriculados”.

Respuesta

Poco después, la lista Celeste y Blanca afirmó en un comunicado que “anhela la realización de elecciones en el Colegio de la Abogacía”.

“Los integrantes de la Lista Celeste y Blanca bregan por un proceso democrático transparente en el que se respetan las reglas preestablecidas y se garantice la participación de género”, enfatizaron. Y en ese sentido expresaron: “En la lucha por un Colegio de la Abogacía abierto, más participativo y más federal se logró aprobar la ley que no solo integra a las minorías sino también que brinda representatividad a los géneros. Por eso solicitamos a todos los espacios que cumplan en tiempo y forma con las presentaciones oficiales de listas”.

“Desde esta lista anhelamos que los matriculados de toda la provincia elijan a sus representantes para el Consejo Directivo y Juntas de Delegados de todos los departamentos. Pero observamos serias irregularidades en la lista opositora que motivaron una presentación formal de 8 páginas ante el Tribunal Electoral”, sostuvieron luego.

Y remarcaron: “En la Lista Celeste y Blanca “Colegiación Entrerriana” somos un amplio grupo de profesionales comprometidos por un mejor funcionamiento de la abogacía y creemos firmemente que todo proceso electoral de cualquier índole tiene su proceso impugnativo legítimo y que es un trámite esperable en cualquier elección”.

Sobre la lista opositora, indicaron: “La lista Azul y Blanca, que postula a la Dra. Analía Coria para presidenta del Consejo Directivo, en su comunicado da una información incompleta, defectuosa y sesgada, víctimizandose de sus propios errores”.

Seguidamente, explayó: “La lista Azul y Blanca acató todas las resoluciones de convocatoria de elecciones, nada objetó al respeto.  En viernes 26 presentaron la lista de candidatos pero solo para el Consejo Directivo. La lista de candidatos al Consejo Directivo  que lleva a la doctora Coria fue oficializada por el Tribunal Electoral (T.E.), está en condiciones para competir el 26 de marzo,  pero en forma parcial porque los candidatos excluidos por el T.E. no cumplieron con los mínimos requisitos exigidos por la ley.  Hay dos personas que no están en el padrón,  hay tres personas que no tienen los cinco años de matriculación exigidos por ley;  hay seis personas que aceptaron el cargo de Delegado a la Junta de Delegados por su Sección y no al Consejo Directivo, son dos órganos distintos;  y hay dos personas que aceptaron cargos distintos a los que fueron propuestos en la lista presentada”.

“Es verdad que la lista Azul y Blanca no puede competir por los cargos a la Junta de Delegados.  Dicha lista en forma parcial y con muchas deficiencias fue presentada luego de vencido el plazo.  Además impugnamos la falta de integración de la lista (incompleta), la falta de paridad de género,  la falta de aceptación de los cargos,  la falta de identificar la Sección a la que aspiran a representar”, ahondaron además.

Y apuntaron: “La lista Azul y Blanca ha recurrido al auxilio del Poder Judicial a través de un Amparo.  No es bueno que las decisiones sobre selección de las autoridades de nuestro colegio de la abogacía sea tomada en el escritorio de los jueces.  No admitimos interferencias de intereses  extraños a los de la abogacía entrerriana para “poner o sacar” nuestras autoridades.  Esto no es independencia ni libertad”.

“Consideramos que se debe respetar en su honorabilidad a los integrantes del Tribunal Electoral, son colegas con prestigio, con suficientes saberes profesionales y con reconocida honorabilidad e imparcialidad”, recalcaron.

Y consideraron: “Como abogados debemos aceptar que nuestros conocimientos sobre términos o plazos perentorios deben ser cumplidos;   que nuestros propios actos nos obligan a tener una conducta congruente o coherente en nuestra práctica profesional.  Y que cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible”.

Y cerraron: “Anhelamos democracia y deseamos la  participación en la elección de nuestras autoridades. La Sección Paraná que conduce Analía Coria tiene el mandato vencido desde hace cuatro meses. Sería muy bueno para la democracia del Colegio de Paraná que se convoque a la renovación de los cargos”.