En el relato presentado ante el fiscal Martín Wasinger, el secretario Legal del municipio Pablo Testa, aseguró que fueron asambleístas quienes ejercieron agresiones contra obreros de la empresa. Por eso pidió a la Policía y la Defensoría del Pueblo que envíen oficios “individualizando” a las personas, y que se los responsabilice de impedir a funcionarios públicos ejercer tareas inherentes a las funciones, entre otros delitos previstos en el Código Penal.

“Que atento todo lo expuesto entendemos aplicable el artículo 241 Inc. 2 del Código Penal, 237, 211, 212, 149 bis y ter”, puntualizaron en la denuncia a la que accedió ANÁLISIS.

Además, desde la Municipalidad de Paraná indicaron que la empresa contratista de la obra - Paulina Castro de Demartin e Hijos SRL, adjudicataria mediante Decreto Nº2023/20 de fecha 1/12/20 por la suma de $72.982.239,47 y un plazo de ejecución de 6 meses-, reclamó una indemnización de $12.335.694,04. La firma solicita esa reparación al municipio porque la traza no se encontraba liberada.

“Como se denunciara en el presente Legajo de referencia, el inicio de la obra fue impedido por la presencia de personas en el lugar y distintos grupos que se auto identificaban como Tribu del Salto, Foro Ecologista y otros, de los cuales dan cuentas las crónicas periodísticas de esos días, atento que los hechos fueron de público y notorio. De ello da cuenta el Acta de Constatación en Escritura Nº90 con la intervención de Escribano Público -por parte de la empresa antes mencionada- la que acompaño y a la cual me remito en honor a la brevedad. No obstante ello destaco de la misma la constatación en relación a que la arteria se encontraba cortada con barricadas puestas por los manifestantes y que incluso algunos de ellos se interponían por ejemplo ante una garita de colectivo (que debía ser removida) a fin de impedir la obra, explicitando con actitudes y tono amenazante que no permitirían el desarrollo de las tareas de la obra pública. Se certificaron fotos que se acompañan con el acta”, escribieron desde la Secretaría Legal del municipio.

Relataron después que “en Certificación Policial de fecha 22/3/21 Legajo Nº417/21 (que se acompaña a la presente) la apoderada de la contratista denuncia que un grupo de personas no sólo impide los trabajos, sino que además una de las personas se subió a la caja volcadora de un camión de la empresa, y que luego otra persona que identifica como “la arquitecta” esgrimiendo un hierro con punta comenzó a amenazar a los obreros y a golpear el camión, intentando con el mismo elemento pinchar los neumáticos. En el mismo Legajo se amplía la denuncia, reiterando que debido a los manifestantes no podían trabajar. Que las personas allí apostadas se subían a los camiones de la empresa haciendo caso omiso a los pedidos del sereno y la policía. (Se aportaron videos conforme la denuncia)”.

“Comienzan así a presentarse ante este Municipio Notas de Pedidos (las cuales se acompañan) por parte de la empresa donde manifestaban que no podían dar inicio a las obras de la Licitación Nº85/2020 ante la negativa de los manifestantes de liberar la traza, aún cuando la policía se los pedía, desobedeciendo ello. También ante la Municipalidad de Paraná la empresa denuncia formalmente “hechos de fuerza mayor” que le impiden la ejecución de los trabajos. (Acompaño con la presente). Denuncian violencia física y moral, que agredieron a sus operarios, sus equipos, obradores, etc.; y hacen la reserva de reclamar mayores erogaciones debido a gastos improductivos por la paralización de la obra”, sostuvieron.

En el escrito presentado al fiscal de la Unidad de Litigaciones, el municipio aseguró que “el 30 de marzo de 2021 en expediente Nº7145/21 (cuya copia acompaño) la empresa presenta ante la Municipalidad una liquidación indemnizatoria, todo fundado en los hechos que antes describiera y que fueren resultados de las personas que impidieron la ejecución de trabajos de la obra pública licitada.         Dicho cálculo indemnizatorio lo estima la empresa en la suma de $12.335.694,04. Ello en resumen atento que la traza no se encontraba liberada”.

“Ahora bien, este Municipio se presentó en este Legajo denunciando inicialmente los hechos que luego siguieron aconteciendo en el lugar y que impidieron la ejecución de la obra, que no es más ni menos que la presencia de personas en el lugar esgrimiendo representaciones de vecinos y asociaciones. Que atento todo lo expuesto entendemos aplicable el artículo 241 Inc. 2 del Código Penal, 237, 211, 212, 149 bis y ter”, pidieron. “Además de ello, y como surge de la documental que se acompaña (y que fuera presentada por la empresa ante el Municipio) en la cual la empresa realiza un cálculo indemnizatorio, es que dejo hecha la reserva de reclamar el mismo a las asociaciones y/o personas que con sus acciones han impedido la ejecución de la obra en tiempo y forma”.

Solicitaron también que “se libre Oficio a la Policía de Entre Ríos a fin de que se remita a este legajo copias de actas o cualquier otro asiento documental con el que cuenten del cual surjan los hechos que se produjeron en el lugar y que pueda individualizar los datos filiatorios de las personas que hayan realizado acciones como las descriptas en el presente. Asimismo libre Oficio a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná a fin de que acompañen las actas que hubiesen labrado en los encuentros realizados por el organismo, brindando información de los concurrentes y a las asociaciones que representaron”.

“Ante el reinicio de la ejecución de la obra solicito a la Unidad Fiscal garantice la ejecución de los trabajos y la seguridad del lugar y los vecinos, disponiendo las medidas que estime pertinente”, reclamaron por último.