El procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, derivó una nota del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, a la Unidad Fiscal de La Paz para que sean los fiscales de esa jurisdicción quienes este viernes, a las 9, escuchen la declaración indagatoria del magistrado.

Según supo Entre Ríos Ahora, Castrillón, involucrado en una denuncia por agresiones por parte de dos comerciantes de La Paz a raíz de un incidente ocurrido en la madrugada del 28 de marzo último, había hecho una presentación ante el procurador García, y pidió que su declaración en la investigación penal no sea recibida por dos fiscales interinos –Facundo Barbosa y Candela Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz- sino que sea ante el propio jefe de los fiscales.

En la presentación que efectuó este miércoles ante García, Castrillón reprocha que el Ministerio Público Fiscal no le haya dado curso a la denuncia presentada por él tras los incidentes de finales de marzo en La Paz, “motivada en las constatadas importantes lesiones sufridas en mi persona”. Al respecto, dice que ese hecho: “Me causa una inquietante sorpresa puesto que de las testimoniales ofrecidas en la causa”, abierta a raíz de la denuncia de Mariano Lukacs y Natalia Lukacs: “Surge con evidente claridad quiénes fueron las personas que participaron de la salvaje golpiza proferida sobre mi persona”.

La denuncia de los comerciantes, que el vocal del STJ minimiza como “la rotura de una caramelera”, incluyó la declaración testimonial de Emiliano Barboza y Carlos Miguel Barbosa, hermano y padre del fiscal Facundo Barboza, a cargo de la investigación penal preparatoria. Castrillón dice que en el momento del incidente, observó en el lugar el auto del propio fiscal, situación por la que decidió impugnar su pliego que ahora trata el Senado.

“Hago notar que ni el Dr. Barboza ni la Dra. Bessa gozan de inamovilidad ni permanencia en el cargo, no solo por su jerarquía dentro del Poder Judicial, sino esencialmente por la manda constitucional que ordena que `el Ministerio Público Fiscal ejerce la acción penal pública y conduce la investigación con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, especialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica´”.

Esas “irregularidades” y la “reconocida trayectoria y conocimiento del Derecho que Ud ostenta”, le dice Castrillón al Procurador, “conllevan mi interés en efectuar mis declaraciones ante Ud, en su carácter de cabeza de la Procuración General de la Provincia”.

La denuncia

Dos comerciantes y un empleados de un kiosco de La Paz, ciudad ubicada a 165 kilómetros de Paraná, denunciaron por daños y amenazas al ex presidente y actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quien la madrugada del domingo 28 protagonizó un escándalo en un local de calle Sáenz Peña y Belgrano, lindero a su casa.

El magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.

En el acta de denuncia se dejó asentado que este último presentaba hematoma de un centímetro en antebrazo derecho y una excoriación de 0,5 centímetro en el dorso de la mano izquierda.

Mariano Lukacs refirió en sede policial que alrededor de las 1.44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “El Kioscaso”, del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.

Además, aseguró que al vocal “lo sacaron a la fuerza” y que “en el exterior comenzó a amenazarme con quedarse con toda la esquina la cual es propiedad de la familia y amenazando en prender fuego la esquina”. “Lo llevé a los empujones hasta la casa, la cual está a 20 metros, hasta que llegó la policía. También me amenazó diciendo ‘hagan la denuncia, total yo soy el dueño de la ciudad’”, agregó.

Por su parte, Chamarro, empleado del kiosco, sostuvo que Castrillón lo insultó y “arrojó las góndolas al piso, las botellas y pateó las heladeras”. “Cuando intentó tirar las demás góndolas lo retiré del interior a la fuerza para evitar más destrucción y evitar lesiones de dos menores que se encontraban en el interior del establecimiento”, afirmó.

A su tiempo, Natalia Lukacs contó que se encontraba junto a una amiga cuando vio cómo Chamarrro retiró a Castrillón del interior del local “porque había roto todo”. “Sale y me pega una piña en el costado derecho, sin haberle hecho nada”, dijo.

Asimismo, señaló que “la situación de agresión continúa para todos los que se encontraban en el lugar” y que “también se sumó la mujer de él, Natalia Céparo, quien tiraba piedras e insultaba a todos los presentes”.

Sobre la intervención de la esposa del vocal, sostuvo que “tiene presente que hace 1 año aproximadamente los amenazó que iba a prender fuego al kiosco por motivo de la música alta”. Por último, sugirió que la esposa del vocal sufriría violencia de género por parte del magistrado.