El juez de Garantías Juan Hipólito Carlín resolvió prorrogar la prisión preventiva de David Ezequiel Morato, único acusado y detenido hasta el momento por el crimen de Gonzalo Calleja.

El magistrado prorrogó el arresto preventivo durante 45 días más, a diferencia del pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella particular que habían solicitado que se extienda su estadía en la cárcel al menos por 180 días.

Carlín dio por entendido que toda la prueba producida en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) “claramente vinculan subjetivamente a Morato con el hecho que se está investigando”.

En lo que sí coincidió el magistrado con el fiscal Santiago Alfieri y el abogado querellante Damián Petenatti es en la imposibilidad de que Morato aguarde el juicio en libertad o bajo arresto domiciliario ya que esto implicaría un riesgo para el avance de la causa.

Para Alfieri existen ambos riesgos procesales, el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. Cabe recordar que Morato realizó una serie de maniobras tendientes a poner piedras en la rueda de la investigación, algo que para el magistrado son “claros hechos que prueban un riesgo procesal”.

“Estos hechos que fueron ocurridos cuando Morato estaba libre, como la desaparición de su propio celular y los hechos vinculados a su auto, fueron claros actos de entorpecimientos que la propia defensa reconoció en su momento, cuando consintió la prórroga de la prisión preventiva hace 60 días”, expresó el magistrado.

Carlín aseveró que también está dado el riesgo de fuga por dos elementos: la pena en expectativa y el acceso que tiene Morato a vínculos que le permitan hacerse de dinero para fugarse.

“Asiste razón a querella y fiscalía en cuanto a las vinculaciones con determinadas personas que son personas que manejan dinero, a las que se le ha encontrado estupefacientes. No se está investigando un delito de narcotráfico, se está demostrando el acceso que tiene Morato a contactos que le pueden proveer de bastante dinero”, explicó el juez de Garantías respecto a la defensa de Eduardo Gerard.

En cuanto a la posible pena, el magistrado fue contundente: “De base estamos ante un hecho de homicidio simple que luego se puede agravar. Este delito tiene como base una pena entre 8 a 25 años, es decir de cumplimiento efectivo”.

“Morato ha entorpecido y mucho la investigación. La misma no se encuentra cerrada. En todo momento se habló de una o dos personas más que hayan intervenido en el hecho”, explicó Carlín. Morato, en libertad o bajo arresto domiciliario, podría contactarse con las personas con las que habría actuado y entorpecer la investigación.