El vocal del Superior Tribunal de Justicia -y ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento-, Bernardo Salduna, fue consultado sobre la situación planteada por el jury a la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo, y el pedido de juicio político al procurador General Jorge García, rechazado por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados.

En diálogo con el programa radial El colectivo (Mitre Concordia 101,1) este sábado, Salduna fue consultado sobre su mirada general del tema, y señaló: “Hay un esquema legal a través del cual el ciudadano común puede controlar el desempeño de magistrados o funcionarios judiciales. Esto puede ser el juicio político, para funcionarios que estén en el más alto nivel, o el jurado de enjuiciamiento para los inferiores. Pero el sistema parece fallar aún desde la propia Constitución. La Constitución de Entre Ríos crea un funcionario (el procurador general, jefe de los Fiscales), al nivel de los miembros del Superior Tribunal, con las mismas condiciones y forma de elección, le otorga autonomía. Sin embargo, no le establece las mismas formas de destitución. Al Procurador General lo denuncian entonces ante el Jurado de Enjuiciamiento. Pero el Jurado se declara incompetente y manda la causa a juicio político, a la Cámara de Diputados. Una vez anterior el Jurado, con otra integración, decidió que era competente. Y en el futuro otro jurado, puede volver a lo mismo”.

Precisamente por todo este devenir, Salduna marcó que hay “sutilezas que a veces la gente común no entiende”. Y en ese sentido, ejemplificó: “Los colegas vocales del STJ que forman parte del Jurado de Enjuiciamiento han salido con una declaración diciendo, en lo esencial, bueno el hecho que se suspenda a la Procuradora adjunta no significa que la causa no pueda seguir avanzando. Los fiscales que están a cargo pueden seguir sin ningún problema, no deben sentirse presionados ni condicionados. Pero uno se pregunta, ¿por qué es necesario aclarar eso, que sería algo lógico, una obviedad? Es porque, precisamente, el ciudadano común, el hombre de la calle, siente la sospecha que puede no llegar a ser así”.

En ese orden, subrayó: “Lo que puedo decir es que el sistema por el que se tramita todo esto, en sí, es malo. El sistema que tenemos en la ley de enjuiciamiento es malo. Debiera ser un medio ágil, rápido, eficiente y que se resolviera en un plazo que no pudiera superar los sesenta días como máximo. Acá tenemos, por ejemplo, que mandan suspender a la fiscal por un término de seis meses. Y a lo mejor se prolonga por más tiempo antes de resolver si es culpable o no. A eso, hay que sumar el tiempo anterior que ya lleva. El sistema es malo, debiera resolverse en no mas de sesenta días. No se puede tener en la parrilla a un funcionario o magistrado tanto tiempo, eso causa un enorme daño, personal, y, más importante, institucional”.

Y recalcó: “Es una situación anómala, y yo la he señalado cuando a mi me tocó presidir, por dos años, el Jurado de Enjuiciamiento. Yo revisaba las denuncias que entraban y, en algunos casos, las rechazaba in limine, es decir, por un decreto de Presidencia, sin dar intervención al resto de los jurados. Esto lo hacía cuando veía que las supuestas denuncias no tenían mayor asidero, no podíamos tener a un juez, que un abogado porque le fallaban en contra, metía una denuncia ante el jurado, y con el sistema que tenemos pasaban varios meses, a veces un año o más con un jury abierto. En ocasiones ocurría que esto le quitaba puntaje, por ejemplo, para presentarse a un concurso. Algunos me criticaron , pero yo estoy convencido que hice bien”.

En ese punto, consultado respecto a que hay un vacío legal, el vocal del STJ enfatizó: “Eso lo dice la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento, que hay un vacío legal, constitucional inclusive”.

No obstante, respecto a la postura de que la Constitución Provincial dice que el Ministerio Público Fiscal es parte acusadora en el jury y que deben ser los subrogantes legales es decir, otros fiscales, quienes tomen parte, Salduna señaló: “Sí, es verdad. Pero ya vimos la dificultad que hay para que los fiscales sean los que actúen. Entonces, si no podés contar con la lista de fiscales ¿qué hacés? Es un vacío que hay en la ley, yo creo que es un defecto de la ley. Que lo deberán corregir los legisladores. Que están en falta con tantas cosas, por ejemplo, todavía no se ha creado por ley la Fiscalía Anticorrupción, que ordena la Constitución de Entre Ríos. Debería ser un organismo dotado de suficiente poder e ingentes medios como para actuar en las causas de corrupción política y administrativa, con presupuesto suficiente y un equipo de contadores y de peritos en distintas áreas que permitiera que se pueda avanzar rápido en esas causas; inclusive hasta por los propios acusados, no tenerlos años y años en una investigación interminable, que se terminan inclusive cayendo por caducidad o prescripción, como ha ocurrido”.

Sobre cómo estima que seguirá el proceso, observó: “Es una incógnita; pero una incógnita, como yo creo, motivada en que el sistema legal y procedimental falla desde su base. Habrá que ver cómo se va corrigiendo sobre la marcha. Se van a crear serios problemas que seguramente no se van a resolver en lo inmediato. Uno de los principales va a ser que la Cámara de Diputados, según sabemos, rechazó de entrada el juicio político al procurador porque dice que no se cumplieron los pasos formales”. “Todo hace prever que esto va a ir para largo”, avizoró.