Por Diego García-Sayan
(Publicado este viernes en El País)

Erika Aifán es una jueza muy activa en Guatemala. Desde la semana pasada su nombre ha estado nuevamente en las noticias por sanciones anunciadas contra ella y por pronunciamientos varios en su respaldo. Titular del denominado Juzgado D de Mayor Riesgo, función creada en 2016 para actuar sobre varios de delitos de corrupción, ha pisado la cola de personajes poderosos metidos en actos de corrupción. No sin reacciones. Incluso una funcionaria y un funcionario de su propio juzgado fueron utilizados para espiarla y obtener información sobre su trabajo.

Lo que ocurre con Erika Aifán y el afán de demoler su trabajo y quitarle los casos que tiene entre manos es representativo del tipo de tensiones y reacciones que se genera en algunos sistemas institucionales. Ocurre no sólo en Guatemala sino también en otros países como reacciones siniestras ante la línea recta de ciertos magistrados o fiscales que enfrenta la penetración la corrupción organizada que penetra el Estado.

Entre los casos en manos de Aifán está el proceso “Construcción y Corrupción” que toca a empresarios sindicados de haber pagado sobornos a un ex ministro de Comunicaciones para agilizar pagos de ese ministerio. También ha visto el caso contra cinco grandes empresarios que admitieron haber financiado la campaña presidencial de Jimmy Morales sin informar al Tribunal Supremo Electoral. También conoce el caso Caja de Pandora, estructura criminal que desde la cárcel influía en el nombramiento de funcionarios del sistema penitenciario y en los cobros para el traslado de reclusos entre diferentes centros de detención.

Invocando un supuesto “abuso de autoridad” de la jueza Aifán, ella ha sido objeto de un extravagante número de denuncias penales y disciplinarias generadas por personas que se han visto afectadas por sus resoluciones. Ante cada hecho materia de investigación contra ella se le abren no uno sino cuatro procesos: penal, disciplinario, colegio de abogados y Procuraduría de Derechos Humanos. Como la cereza que corona la torta, la semana pasada la Fiscalía, ante la supuesta responsabilidad de Aifán en la comisión de los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes” está bajo la amenaza de ser cesada por la vía de un antejuicio.

Varios analistas estiman que estos pasos insólitos de la Fiscalía guatemalteca obedecen al propósito de corta con sus investigaciones y anular investigaciones importantes sobre graves hechos de corrupción. Que tienen que ver muchos de ellos nada menos que con el proceso de selección de integrantes de las altas cortes. Eventualmente, también curarse en salud contrarrestando la perspectiva de que la jueza Aifán anuncie su postulación como jefa de la Fiscalía ahora que ya está en marcha el proceso de renovación de quien ocupara el cargo desde el 17 de mayo.

Lo que viene ocurriendo con la jueza Aifán en Guatemala pone de manifiesto dos asuntos cruciales en la relación justicia entre la justicia y la corrupción. Dentro de un contexto regional en el que no es el caso de Aifán el único con esas características en Latinoamérica u otras regiones del mundo; hay muchos parecidos. Pero ilustra bien de este asunto.

De un lado, la penetración de la corrupción dentro de los sistemas judiciales -en sus distintos niveles- para conseguir, así, impunidad. Ello gracias a fiscales y jueces que deciden ponerse “de perfil” o llegar a favorecer directamente a componentes del crimen organizado de la corrupción. Con eso se neutraliza las posibilidades de acción de la justicia.

Por el otro, que sí existen jueces y fiscales independientes y ajustados a los estándares del Estado de Derecho y que quieren actuar en serio. Y que de hecho están actuando contra el crimen organizado de la corrupción. En esto la justicia no se movería un milímetro sin el papel medular de jueces y fiscales que impulsen investigaciones serias y busquen llegar a determinar sanciones penales efectivas cuando corresponda.

Las leyes penales nacionales y un extraordinario tratado internacional contra la corrupción -la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción- proporcionan, a los jueces y fiscales que quieran hacerlo, herramientas más que suficientes para actuar. La Convención identifica claramente al sistema judicial y al ministerio público como las instituciones cruciales en este combate. Y, por eso, no es casualidad que sea tan poderosa y amenazante el afán persecutorio desde altas esferas contra una jueza que pisa fuerte.

No es por eso irrelevante que parte de las investigaciones “sensibles” llevadas a cabo por la jueza Aifán sean precisamente sobre tráfico de influencias para la designación de magistrados. Trabar desde dentro el engranaje de la maquinaria judicial contra la corrupción proporciona impunidad a los corruptos. Desarmar y corromper a la justicia es, pues, algo que puede darse también desde dentro del propio sistema judicial como parece ser el caso.

Hay obligaciones internacionales al respecto que son bastante claras. En particular, el artículo 11 de la Convención contra la Corrupción que obliga a los Estados parte a adoptar medidas para reforzar la integridad del sistema judicial -incluido el ministerio público- y evitar toda oportunidad de corrupción entre sus integrantes, sin menoscabo de la independencia judicial.

La corrupción sistemática seguirá gozando de impunidad, pues, cuando las instituciones judiciales no pueden desempeñar sus funciones. Jueces o juezas -o fiscales- que actúan decididamente en casos de corrupción y que son acosados, perseguidos, infiltrados y amenazados -como la jueza Aifán- son temas que conciernen, por ello, a toda la sociedad y no sólo a quienes operan en Guatemala en el sistema legal.