Megajuicio: el defensor de Báez pidió que se investigue al procurador Jorge García

Pedro Báez y uno de sus defensores, el abogado José Velázquez. (Foto: ANÁLISIS)

De ANÁLISIS

Los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz pidieron la absolución del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en los cuatro legajos que está imputado: “Solicitada”; “Spots publicitarios”; “Causa imprenta”; y "Global Means". Además, Velázquez pidió la absolución o suspensión de juicio a prueba para el empresario Germán Buffa, imputado en la causa Global Menas -tal como se llamaba la empresa que intermediaba entre la exDirección General de Información Pública y las empresas de comunicación para la contratación de publicidad-. Sorprendieron, de alguna manera, las dos menciones que hizo el abogado Velázquez, dando a entender que algunas situaciones que se le imputan a Báez quizás se produjeron sin su conocimiento, porque el exgobernador Sergio Urribarri no le confiaba todas las situaciones. Habrá que ver si ello no tiene derivaciones políticas en el propio seno del urribarrismo.

Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón corrieron vista de inmediato a los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano para que contesten al pedido. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal decidieron responder el próximo lunes, cuando se reanude la audiencia. Será en ese momento en que el Tribunal tome una decisión sobre ese requerimiento, según se adelantó este jueves.

El petitorio de Báez

Específicamente sobre la situación del exministro Báez, el defensor Díaz pidió la absolución “lisa y llana” en los cuatro expedientes que se debatieron en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde el 27 de septiembre pasado.

Además, reclamó la exclusión probatoria de los informes producidos por los bioingenieros Guillermo Fritz y Fernando Ferrari, dependientes del Ministerio Fiscal, quienes trabajaron sobre elementos informáticos secuestrados en el marco de las causas como computadoras y teléfonos celulares. Asimismo, Díaz pidió la exclusión probatoria del informe del perito de parte Maximiliano Macedo, interesado por el defensor Miguel Cullen, por los mismos motivos por los cuales fundamentó la solicitud de exclusión de los informes de Ferrari y Fritz.

El abogado señaló en ese sentido que ninguno de los profesionales anteriormente mencionados se encuentra matriculado en el Consejo Provincial de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier), y porque los primeros dos son dependientes del MPF.

Del mismo modo, reclamó que sea excluido el informe pericial de Martín Herrlein, basado en los informes de Fritz y Ferrari; los informes de las empresas de telefonía celular porque fueron autorizados “sin fundamentación”; los informes de la contadora Victoria González Brunet, dependiente del MPF, sobre entrecruzamientos de llamadas; y el informe del contador Héctor Enrique. Cabe señalar que se trata de prueba documental clave para sostener las imputaciones. 

Díaz sostuvo la reserva casatoria de caso federal que se hizo en audiencia preliminar por la exclusión del empresario Fernando Montañana en el juicio, y la incorporación de documentación del imputado; y por la impugnación de los informes telefónicos.

“Noticia criminal y posible existencia de delito”

Además, el defensor de Báez pidió que se corra vista al fiscal en turno por “noticia criminal y existencia de posible delito” por la “falta de incumbencia profesional de Ferrari y Fritz” en la realización de los informes sobre elementos informáticos.

Pidió también que se investigue el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto del procurador General de la provincia, Jorge García. “Encomendó a los antes indicados para desarrollar tareas fuera de sus incumbencias profesionales en el MPF”, apuntó.

Levantamiento de embargo

En el punto quinto del petitorio, el defensor del exministro reclamó que se levante el embargo de un inmueble de calle Jozami de Paraná, propiedad de Báez y su esposa Sofía Riquelme y el embargo sobre un vehículo. “Hay una desproporción entre los bienes embargados y el monto a cubrir de la multa, que es de 90 mil pesos”, contrastó el defensor.

Por último, el abogado pidió que se decrete la nulidad del informe producido sobre datos entregados por empresas telefónicas en el marco de las investigaciones. Así lo reclamó el miércoles pasado el defensor Emilio Fouces -representante de Gerardo Caruso y el exministro Hugo Marsó-. “Los pedidos fueron realizados sin fundamentación y la autorización también”, señaló.  

“Reparación del daño”

Además de la solicitud expresa sobre el pedido de 3 años de prisión condicional de Fiscalía sobre Buffa, Velázquez ofreció una “reparación del daño”. “Si a Jorge Corcho Rodríguez le impusieron una probation y una multa simbólica de 150 mil pesos, entiendo que en Buffa la reparación del 0,5 por ciento de la defraudación calculada serían 590 pesos”, comparó. La contratación investigada por el Ministerio Fiscal fue de 118 mil pesos por cuatro avisos publicitarios en dos ediciones del diario Agroempresario, en 2011. “Entiendo que el ofrecimiento de 590 pesos es irracional. Así que ofrecemos la suma de 25 mil pesos a los efectos de reparar simbólicamente este daño, conforme las exigencias del Código”, alegó.

El abogado también dijo que Buffa se ajustaría a “reglas de conducta por dos años” y tareas coordinadas por la Oficina de Medios Alternativos que “sumarían 60 horas anuales”. Reclamó “considerar la pena natural, todo lo que tuvo que pasar, por eso voy a solicitar la absolución de Buffa por hechos enrostrados y calificaciones. Subsidiariamente la suspensión del juicio a prueba”, acotó y adhirió al “planteo de Díaz respecto al pedido de nulidad de los informes telefónicos”.

 

“¿Por qué Báez debía saber?”

Cuando inició la jornada de este jueves, el abogado Velázquez dijo que se ocuparía de “refutar los argumentos del MPF a los efectos de demostrar que no hubo ilícito”. Usó el complejo de Edipo como “metáfora” de la “idea de política criminal de la cúpula del Ministerio Fiscal que padece complejo de Edipo, pero no en términos psicoanalíticos. Si no, Edipo el que siempre supo y buscó evitar la verdad, en disputa constante con el poder”.  

Aseguró que la investigación fiscal, en lo que se conoce como “causa de las imprentas”, apuntó al rol de Florencia Della Ghelfa como empleada del exMinisterio de Cultura y Comunicación, con un nexo puntual con las empresas que le adjudican a Juan Pablo Aguilera. “No se entiende la idea de ir a través de Della Ghelfa. Lo que no se entiende cuál es el salto metafísico entre conocerlo a Aguilera de vista -como la testigo refirió- a que sabía que Aguilera era dueño de las empresas. No hay conversaciones entre ellos, tampoco entre Della Ghelfa y el exministro”, apuntó.

“El MPF no acreditó por qué Báez debía saber, cuáles fueron sus acciones y direccionamientos, porqué Báez debía saber o sospechar un ilícito”, deslizó y reforzó la “idea de convertirlo a Báez, por vinculación política con exgobernador”. “No se deduce que debía saber todo, eso será propio de la literatura. Esto denota falta de evidencia”, alegó.

Recordó la investigación y allanamientos en la causa Contratos y comparó: “En causa Beckman se hizo un allanamiento en un estudio contable, donde uno de los socios también era socio de la fiscal Anticorrupción –Cecilia Goyeneche- y amigo de su esposo. En el ámbito penal no puedo suponer por el solo vínculo familiar entre una fiscal y su esposo que, cuando se allanó ese estudio, le contó al marido y le avisó al socio y amigo que lo iban a allanar”.

“Y acá vienen a usar los vínculos políticos para hacer deducciones. Es irracional, eso demuestra que no hay evidencia, que hacen del chisme, de convertir el chisme en una sentencia”, alego.  

 

Remarcó que en la actividad publicitaria, en la contratación de espacios publicitarios en la vía pública, “no hay competencia”.  “En especificidad de publicidad en vía pública, hay que hablar con quien tiene el espacio, hablar con titular de la licitación, eso es dinámico, ni que hablar de los carteles privados, tengo espacio que es mío, no tengo que competir con nadie. Viene alguien como Bustamante, Tep o Montañana y me dice que me contrata el espacio y él se encarga de vender mi espacio, de la impresión y mantención. La actividad comercial entre las tres empresas muestra eso. No hay competencia”.

Puso como ejemplo la causa contra el exvicegobernador Héctor Alanís. “A Alanis lo condenan no porque no tenían los papeles, sino porque no rindió cuentas respecto de estos fondos que dijo que salieron de una cuenta corriente y nunca salieron. En esta causa no sólo están los documentos y papeles, sino que además las cuentas están cerradas”.

“Hablamos de actos de gobierno”

Por último , Velázquez alegó sobre la causa de los spots publicitarios -emitidos en prime time de los principales canales de aire y abonado con presupuesto de la Cumbre del Mercosur, realizada en diciembre de 2014 en Paraná-; y la causa Global Means. El abogado habló de “actos de gobierno”.  “La solicitada y los spots son manifestaciones relacionadas con medidas de gobierno de interés público, claramente que sí, son manifestaciones de interés público. Lo que nos quiere plantear la acusación es que los actos de gobierno son actividades formales, institucionales, acción dentro de un rol específico. En la postura nuestra que hablamos de manifestación. Nosotros vamos a la normativa, y la otra postura es la manifestación de los criterios de la cúpula MPF”, comparó.

Apuntó “falta de empatía para entender la dinámica política”. Aseguró que los funcionarios de gobierno no se comunicaron al teléfono personal de Jorge Rodríguez, que contrató con el Gobierno para difundir los spots. “Entre Ríos fue un ejemplo de crecimiento a partir de las políticas públicas nacionales, por eso nos eligieron sede de la Cumbre, esas son razones políticas, no fue una casualidad, tenía un fundamento político. Era la primera vez que Entre Ríos formaba parte de la vidriera nacional porque si no seguíamos como siempre, entre el carnaval y la playa”, se quejó.  

En referencia a los avisos “Entre Ríos Exporta” y “Entre Ríos Invita” publicados en dos ediciones del diario Agroempresario -en agosto y septiembre de 2011-, se cuestionó el monto de la contratación -118 mil pesos-. “La imputación de Global Means es falsa, no contrataron sin que no se cumplan los requisitos legales, cuando firmaron el decreto estaban todos los requisitos cumplidos para validar contratación, era el plazo en que debían hacerse este tipo de contrataciones”.

Habló después del “permiso de conducir de Buffa a la esposa Báez y su hijo, se hizo dos años después de esto”. Cuestionó la autorización para hacer cruces telefónicos y dijo que no tuvo fundamento: “Creo que con esto es suficiente para declarar nulidad, no solo se trata de intervenir teléfonos sino como se ha dicho, se trata la protección de Artículo 18 y 19 de la Constitucional Nacional”.

 

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